Por José Manuel Bellalta. Gerente general de GB CINCO Ambiental
La aprobación del proyecto de “Reconstrucción Nacional” en la Comisión de Hacienda abrió una nueva etapa en la agenda económica del país. El foco del debate ha estado puesto en acelerar inversiones, destrabar proyectos y entregar mayor certeza regulatoria y tributaria para dinamizar la actividad.
Sin embargo, en paralelo comienza a surgir una discusión menos visible, pero cada vez más relevante para el mundo inmobiliario e industrial: cómo asegurar que la velocidad de la reconstrucción no termine generando nuevos riesgos ambientales, financieros y judiciales.
En ese contexto, las Evaluaciones Ambientales de Sitio —conocidas como Fase I y II, orientadas a procesos de Due Diligence Ambiental— podrían transformarse en una herramienta clave para reducir incertidumbre en terrenos destinados a proyectos urbanos, industriales y logísticos. El objetivo es identificar tempranamente eventuales pasivos ambientales históricos, contaminación de suelos o presencia de residuos peligrosos antes de iniciar inversiones o procesos de compra.
La preocupación no es menor. La experiencia internacional muestra que los procesos acelerados de reconstrucción o reconversión urbana suelen aumentar el riesgo de desarrollar terrenos sin información suficiente sobre sus condiciones ambientales previas. Cuando esos antecedentes aparecen tardíamente, las consecuencias pueden traducirse en paralización de obras, litigios, pérdida de valor de activos y altos costos de remediación.
El tema también comienza a ganar relevancia en el sistema financiero. Bancos, aseguradoras y fondos de inversión están incorporando crecientemente criterios de evaluación ambiental en sus decisiones, especialmente en proyectos asociados a estándares ESG. En ese escenario, contar con diagnósticos ambientales previos ya no es visto únicamente como un requisito técnico, sino como un mecanismo de protección patrimonial y continuidad operacional.
Otro de los puntos críticos está en la reutilización de antiguos terrenos industriales o zonas afectadas por catástrofes, donde la reconstrucción podría acelerar procesos de cambio de uso de suelo. Detectar oportunamente hidrocarburos, metales pesados u otras fuentes de contaminación se vuelve determinante antes de habilitar proyectos habitacionales, infraestructura crítica o parques logísticos.
La discusión también se conecta con el debate sobre “permisología”. Mientras parte de la agenda pública busca reducir tiempos de tramitación estatal, distintos actores técnicos sostienen que las evaluaciones ambientales de sitio no representan una barrera burocrática adicional, sino una herramienta preventiva que permite evitar conflictos futuros mucho más costosos para inversionistas, comunidades y autoridades.
Así, en medio de la presión por reactivar la economía y acelerar la reconstrucción, comienza a instalarse una nueva pregunta en el mercado: si la verdadera certeza para invertir no dependerá únicamente de permisos más rápidos, sino también de la capacidad de anticipar riesgos ocultos antes de que se transformen en un problema mayor.
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