La aprobación en el Senado del proyecto que permitiría conmutar penas de cárcel por arresto domiciliario vuelve a abrir una discusión que Chile creía cerrada. El país enfrenta nuevamente una pregunta incómoda: ¿hasta dónde está dispuesto a defender la justicia cuando se trata de crímenes contra los derechos humanos?
No fue una votación más del Congreso. Con apenas un voto de diferencia, el Senado aprobó en general un proyecto que podría terminar beneficiando a condenados por violaciones a los derechos humanos. En una democracia que tardó décadas en avanzar hacia condenas judiciales por los crímenes de la dictadura, abrir hoy ese debate vuelve a tensionar la memoria y el compromiso del Estado con la justicia.
La aprobación se produjo por 23 votos contra 22, un margen mínimo que revela la fragilidad política de una decisión con profundas implicancias institucionales. Una norma que puede alterar el cumplimiento efectivo de condenas por crímenes gravísimos avanzó pese a advertencias jurídicas sobre su impacto en los compromisos internacionales asumidos por Chile.
No se trata de una discusión administrativa sobre el sistema penitenciario: es una señal política que relativiza uno de los consensos más sensibles construidos tras el retorno a la democracia.
El argumento que se esgrime para justificar la iniciativa se basa en una idea aparentemente incuestionable: humanidad. Nadie discute que el sistema penitenciario debe garantizar condiciones dignas y atención médica adecuada para quienes están privados de libertad.
Pero la discusión deja de ser humanitaria cuando la ley se diseña sin barreras claras para delitos gravísimos, incluyendo homicidios, delitos sexuales y crímenes de lesa humanidad. La compasión estatal no puede convertirse en un mecanismo que termine diluyendo la gravedad de crímenes que afectan a la humanidad en su conjunto.
El derecho internacional de los derechos humanos es categórico en esta materia. Tratados suscritos por Chile y la jurisprudencia del sistema interamericano establecen que los Estados tienen la obligación de investigar, sancionar y ejecutar de manera efectiva las penas por violaciones graves a los derechos humanos. Ese estándar existe precisamente para evitar que el paso del tiempo o los cambios políticos terminen diluyendo la responsabilidad penal de quienes cometieron crímenes atroces.
Cuando la memoria vuelve a incomodar
El impacto simbólico de esta discusión se vuelve aún más inquietante cuando se observa quiénes podrían beneficiarse de una legislación de este tipo. Entre los internos de avanzada edad en el penal de Punta Peuco figuran ex agentes condenados por secuestros, torturas, homicidios y desapariciones forzadas cometidos durante la dictadura, responsables de algunos de los crímenes más brutales de la historia reciente del país. Muchos de ellos jamás han colaborado con la justicia ni han entregado información sobre el destino de los detenidos desaparecidos.
La señal política se vuelve todavía más delicada si se observa el momento en que ocurre esta votación. El proyecto avanza a solo días del inicio del mandato presidencial de José Antonio Kast, una figura que durante años ha defendido públicamente la figura de Augusto Pinochet y ha relativizado parte de los consensos construidos en torno a la memoria histórica. Aprobar una iniciativa que podría terminar beneficiando a condenados por crímenes de la dictadura en ese contexto no es una coincidencia legislativa inocente.
El debate adquiere además una dimensión especialmente sensible cuando se recuerda el caso Paine, una de las zonas rurales más golpeadas por la represión de 1973, donde decenas de campesinos fueron detenidos y hechos desaparecer por agentes del Estado. Paine se transformó en uno de los símbolos más dolorosos de las violaciones a los derechos humanos en el Chile rural, una herida histórica que aún atraviesa a muchas familias.
La democracia chilena no se debilita cuando castiga a quienes cometieron crímenes atroces. Se debilita cuando comienza a justificar su indulgencia.
Chile tardó más de treinta años en avanzar hacia condenas judiciales efectivas por los crímenes de la dictadura. Cada sentencia fue el resultado de décadas de lucha de familiares que nunca dejaron de exigir verdad y justicia.
Abrir ahora la puerta para que algunos responsables terminen cumpliendo sus penas en sus casas no es una discusión administrativa: es una redefinición del estándar de justicia que la democracia prometió sostener.
Derechos humanos: el límite que la democracia no puede cruzar
Los derechos humanos no son una bandera que se levanta cuando conviene y se baja cuando incomoda. Son el límite moral que separa a una democracia de aquello que juró no repetir. Cuando el Estado comienza a flexibilizar el cumplimiento de condenas por crímenes de lesa humanidad, el problema deja de ser jurídico y se vuelve profundamente político y ético.
Chile tardó décadas en avanzar hacia condenas judiciales por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Retroceder ahora, aunque sea bajo el lenguaje de la compasión o la humanidad, sería una señal peligrosa: que el paso del tiempo puede erosionar incluso los límites que la democracia prometió no volver a cruzar.
Por Richard Andrade C. Director de Poderyliderazgo.cl
