Por Esteban Valenzuela V. Periodista. Exministro de Agrilcultura
La dupla Kast-Quiroz en su proyecto de ley de recuperación atenta con los pilares democráticos de toda Constitución y disminuye soberanía limitando el rol de la nación y del Estado. La invariabilidad tributaria es crítica para el desarrollo de Chile y evitará que exista una ley de rentas regionales largamente demandada -somos el único país mediano grande de la OCDE que no la tiene- y tampoco podrá existir otro royalty minero que entregue recursos a comunas y regiones, como se logró por el empuje de los Regionalistas Verdes.
Sin embargo, Kast no sólo castra al Estado, también reniega del “gremialismo” y su visión pro municipios al no respetar la autonomía municipal con la imposición de nuevas rebajas del impuesto predial, que es esencial para los recursos de los municipios del país, como el propio alcalde Alessandri lo ha reconocido.
El fin del SENCE va contra toda la praxis de construcción de capital social y debilita herramientas de capacitación territorial clave para el desarrollo local.
Cuando creamos Pro O’Higgins el año 2000, de inmediato se creó una OTIC por el bajísimo uso de la franquicia y se pactó con los actores programas de vinculación de las empresas, capacitando a miles de personas en habilidades, cursos técnicos y estrategias de asociatividad y creatividad. Además, todos los expertos territoriales del mundo fortalecen, para competitividad sistémica, a los gobiernos regionales y municipios.
La lista puede ser larga y claramente no tendrá los votos, y eso abre una oportunidad de negociación y pacto que sólo saldrá adelante, como ocurrió con el royalty, logrando un nuevo pacto territorial que entregue autonomía efectiva a las regiones y permita administrar recursos según prioridades locales. Debe existir una ley de rentas regionales y debatirse el rol de las regiones y municipios en el sistema educacional ante la recentralización, con sus luces y sombras, como la falta de financiamiento.
¿Puede pactarse el traspaso de competencias a las regiones que a su vez pacten con municipios y agencias centrales, como ocurre en la OCDE? ¿Es el momento de entregar competencias relevantes a las regiones y exigirles una actitud proactiva en desarrollo sustentable, infraestructura, movilidad y desarrollo integral?
¿Eliminarán los delegados presidenciales para fortalecer a los gobiernos regionales?
En estos días, cuando las regiones pierden cupos parlamentarios por el crecimiento poblacional de la Región Metropolitana, ¿no es el momento de cumplir promesas de ajustar el Estado central y asegurar recursos permanentes para los territorios, generando dinamismos virtuosos y menos burocracia centralizada?
¿No son las comunidades quienes deben empoderarse y definir sus modelos de desarrollo según valores territoriales y pactos locales, donde coexistirán visiones pro inversión y otras centradas en patrimonio, capital social y sustentabilidad?
Más que nunca se requiere una amplia coalición territorial y no el camino de los autoritarismos que aman el control y la sobreinstitucionalización. Ese camino termina debilitando los recursos territoriales y el derecho de las regiones y municipios a fortalecer instrumentos como contribuciones, tasas, patentes y royalty, que los Regionalistas Verdes impulsamos.
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