Por Juan Óscar Martínez Barajas, Observatorio del Territorio, Universidad Tecnológica Metropolitana – UTEM
El alza reciente de los combustibles volvió a instalar una preocupación que, en rigor, nunca ha estado ausente para muchas personas: el costo de moverse por la ciudad. El alza reciente de los combustibles volvió a instalar una preocupación estructural, que va más allá del precio visible en las estaciones de servicio. Porque más allá de la cifra que aparece en la pizarra de una estación de servicio, lo que este aumento deja al descubierto es algo más profundo, más cotidiano y -al mismo tiempo- más estructural.
No se trata sólo de que el combustible esté más caro, hay una forma de vivir la ciudad que hace que ese aumento pese más sobre algunos que sobre otros.
En el Gran Santiago, miles de personas comienzan su día cuando aún es de noche. Comunas como Puente Alto, Maipú, La Pintana o San Bernardo concentran largos desplazamientos diarios, hacia sectores como Santiago Centro, Providencia o Las Condes. Son trayectos largos, muchas veces agotadores, que combinan transporte público, caminatas y, en algunos casos, el uso de vehículos particulares. Cada kilómetro recorrido implica tiempo, dinero y energía, y cuando sube el combustible, todo eso se siente aún más.
Pero sería un error pensar que el problema empieza con el alza. En realidad, lo que ocurre es que el aumento del precio hace visible algo que ya estaba ahí. La ciudad funciona sobre la base de grandes desplazamientos diarios, donde las oportunidades y la vida cotidiana están territorialmente separadas. No es casual que muchas personas vivan lejos de donde trabajan.
No es un accidente. Es parte de cómo se ha ido construyendo Santiago: con zonas donde se concentran las oportunidades y otras donde se concentra la vida cotidiana, separadas por distancias que se recorren todos los días.
Más allá de un gasto adicional dentro del presupuesto familiar, el combustible es una pieza clave de un sistema que depende de que las personas se muevan largas distancias para que todo funcione. Cuando sube el combustible, se encarece la vida cotidiana de miles de personas, impactando directamente el presupuesto familiar. Por eso cuando sube su precio, se encarece la vida y se tensiona un modelo completo. Se evidencia una dependencia profunda de la movilidad, que no se distribuye de manera equitativa.
La desigualdad territorial, entonces, no es solo una diferencia en el acceso a servicios o en la calidad de vida entre comunas. La desigualdad territorial se vive en el tiempo y el desgaste diario, afectando directamente la calidad de vida. Está en las horas de traslado, en el cansancio acumulado, en el dinero que se va en transporte, en la imposibilidad de llegar antes a casa o de pasar más tiempo con la familia. La ciudad impone costos cotidianos desiguales según el territorio, que se vuelven invisibles hasta que fenómenos como el alza del combustible los hacen evidentes.
A esto se suman los costos asociados a la infraestructura vial, como las autopistas concesionadas, que muchas veces aparecen como la única alternativa para reducir tiempos de viaje, pero que implican nuevos gastos. Las autopistas concesionadas se convierten en un costo adicional relevante, profundizando las brechas. Así, aparte de ser necesario, moverse -además- es caro. Para muchos, el costo de moverse es inevitable y creciente.
Por eso, más que preguntarnos solo por el precio del combustible, tal vez la pregunta de fondo es otra: ¿por qué necesitamos movernos tanto para poder vivir la ciudad? ¿Por qué las distancias son tan largas? ¿Y para quiénes lo son más? El alza de los combustibles revela la urgencia de repensar la ciudad, cuestionando su organización territorial.
Lo que el alza de los combustibles pone sobre la mesa es la urgencia de mirar la ciudad de otra manera, de cuestionar una forma de organización que ha naturalizado estas distancias como si fueran parte inevitable de la vida urbana.
Pensar en una ciudad más justa implica hablar de mejores ingresos o más servicios. La discusión urbana debe incorporar la forma en que nos movemos y accedemos a oportunidades, más allá del ingreso económico. Pero también hay que preguntarse por la forma en que nos movemos, por cómo se distribuyen las oportunidades en el territorio y por cuánto nos cuesta, en todos los sentidos, acceder a ellas. El costo de la ciudad no es solo económico, también es tiempo y calidad de vida.
Tal vez el desafío es avanzar hacia una ciudad donde las distancias no sean una condena diaria, donde la cercanía no sea un privilegio y donde moverse no implique siempre un sacrificio. Una ciudad más integrada requiere reducir las brechas territoriales y de movilidad, avanzando hacia mayor equidad.
Una ciudad más amable, más integrada, donde la forma en que está organizada no obligue a miles de personas a sostener, día a día, el costo de una estructura que podría -y debería- ser distinta.
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