Mientras el gobierno presenta la medidas como una señal de control y soberanía, gobernadores, expertos, alcaldes y autoridades peruanas advierten que la prueba real estará en su eficacia, financiamiento y capacidad para no convertirse en una barrera costosa con resultados parciales
La retroexcavadora abrió la primera zanja en Chacalluta y, con ella, el gobierno de José Antonio Kast abrió también una de las discusiones más intensas de sus primeras semanas en La Moneda. En el extremo norte, donde la frontera es presión migratoria, crimen transnacional, tensión diplomática y agotamiento institucional, el llamado Escudo Fronterizo apareció como una promesa de campaña convertida en obra, relato y señal de autoridad. El mensaje del Ejecutivo fue simple: el Estado volvió a la frontera.
Pero bajo esa imagen hay algo más complejo que una zanja. El plan fue concebido como una política de protección fronteriza, coordinación institucional, tecnología y endurecimiento del control migratorio, con participación de Interior, Defensa, Seguridad Pública, Obras Públicas, Ejército, Carabineros y PDI, además de un comisionado especial para la Macrozona Norte.
Es, en los hechos, una política de infraestructura y control que busca responder a una crítica instalada hace años en el norte: la sensación de un Estado que llegaba tarde, fragmentado y sin mando claro.
La primera fase contempla 30 kilómetros de intervención en 90 días en Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, con zanjas de 2,5 a 3 metros de profundidad y 3 metros de ancho, además de más controles, sensores, drones y presencia militar.
A más largo plazo, la ambición oficial apunta a intervenir cerca de 500 kilómetros de puntos críticos en la macrozona norte. El gobierno quiere mostrar resultados rápidos; el problema es que, en seguridad fronteriza, la rapidez política no siempre coincide con la eficacia territorial.
Mucho más que una zanja
En Tarapacá, el gobernador José Miguel Carvajal explicó que el plan no será uniforme y que dependerá de la geografía y de la vulnerabilidad de cada sector. En algunos puntos habrá zanjas; en otros, muros, rejas, pretiles o estructuras antivehículos como los llamados “erizos checos”. Esa precisión importa porque rompe una caricatura: el Escudo Fronterizo no será una línea continua idéntica, sino una red de barreras y vigilancia sobre pasos especialmente porosos.
El Presidente Kast ha defendido esa lógica de integralidad. Al lanzar el plan, dijo que en seguridad “aquí no valen las pequeñeces” y lo presentó como una respuesta al ingreso irregular, al narcotráfico y al crimen organizado. Más tarde reconoció algo que incluso sus críticos consideran evidente: la zanja sola no sirve. La Moneda sabe que la obra física puede ser poderosa como símbolo, pero insuficiente si no se articula con inteligencia, vigilancia, reconducción y persecución penal.
El costo: el gran dato que sigue faltando
Si la política del plan está clara, sus costos siguen siendo el flanco más opaco. Hasta ahora, el gobierno no ha transparentado un monto global oficial del Escudo Fronterizo. La cobertura disponible coincide en que la primera fase se ejecuta con recursos y capacidades estatales ya disponibles, pero sin una cifra consolidada para construcción, mantención y operación permanente. Esa ausencia no es menor: una cosa es excavar y otra muy distinta sostener, vigilar y reparar una frontera endurecida de forma indefinida.
El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Rodrigo Sandoval, instaló una de las observaciones más concretas del debate. Advirtió que la barrera puede servir para vehículos y tener efecto disuasivo, pero cuestionó su capacidad para frenar por sí sola el paso peatonal irregular. También alertó sobre la mantención: en el desierto, dijo, la arena puede volver a tapar las zanjas, elevando los costos de conservación. “La zanja puede ser costosa de mantener”, resumió.
Ese es uno de los puntos donde el plan deja de ser solo una discusión ideológica y entra al terreno de la gestión pública. Porque si la promesa oficial es que el Escudo Fronterizo reduzca fuertemente el ingreso irregular y los delitos asociados, el Estado deberá demostrar no solo que puede construirlo, sino que puede financiarlo y sostenerlo en el tiempo.
| Dimensión | Lo que busca el gobierno | El nudo crítico |
|---|---|---|
| Control fronterizo | Reducir el ingreso irregular con zanjas, barreras físicas, más Ejército, drones, sensores y controles en la macrozona norte. | Desplazamiento de rutas, cobertura parcial y dudas sobre su impacto real en el paso peatonal irregular. |
| Gestión institucional | Ordenar la respuesta estatal con mando más integrado, comisionado especial y coordinación entre Interior, Defensa, MOP, Ejército, Carabineros y PDI. | Persisten problemas de coordinación entre organismos y tensiones con gobiernos regionales y municipios si no hay ejecución fina. |
| Viabilidad política y fiscal | Mostrar autoridad, bajar flujos irregulares y consolidar una señal de soberanía territorial en el norte. | No hay costo global oficial transparentado, la mantención puede ser alta y el plan no resuelve por sí solo la migración irregular ya instalada dentro de Chile. |
El norte respalda, pero con matices
En Arica, el gobernador Diego Paco ha sido uno de los apoyos más claros al plan. Sostuvo que el gobierno va “por el camino correcto” y valoró que se tomaran medidas a pocos días de iniciado el mandato. También afirmó que, desde el 11 de marzo, el comportamiento del flujo irregular habría cambiado, con más intentos de salida que de ingreso por pasos no habilitados. Para Paco, el dato muestra que la presión en frontera ya no se expresa igual que antes.
Pero ese respaldo vino acompañado de advertencias. El mismo gobernador enfatizó que en la frontera existen más de 50 pasos no habilitados, que incluso entre las instituciones estatales no siempre hay una sola cifra consolidada y que el problema exige más que una obra visible: requiere coordinación fina entre Ejército, PDI, Carabineros y autoridades locales.
En Tarapacá, Carvajal también apoyó el inicio del plan, pero puso el foco en una inquietud que sigue intacta en el norte: qué hará el gobierno con la migración irregular que ya ingresó al país. La pregunta es central, porque el Escudo Fronterizo puede endurecer el borde, pero no resuelve por sí mismo la carga social, administrativa y política que ya está instalada dentro del territorio nacional.
El alcalde subrogante de Arica, Marcelo Cañipa, valoró la medida, pero pidió mayor coordinación con el municipio. La crítica parece menor, pero no lo es: en crisis fronterizas, son los gobiernos locales los que terminan absorbiendo parte de la presión sobre salud, seguridad, albergues, ordenamiento urbano y convivencia territorial.
La oposición: entre el respaldo táctico y la acusación de marketing
La oposición reaccionó dividida. Desde el Frente Amplio, su presidenta Constanza Martínez cuestionó el carácter novedoso del plan y sostuvo que Chile ya tenía zanjas en frontera desde hace años. Además, recordó que durante el gobierno anterior el ingreso irregular habría caído en torno a 54%, por lo que acusó a La Moneda de apostar por una medida de alto impacto comunicacional.
En la misma línea, el senador Diego Ibáñez dijo que varias de las medidas anunciadas “ya estaban en marcha” y que una barrera parcial no resolverá un fenómeno complejo por sí sola. Otras voces opositoras han insistido en que la política fronteriza exige más inteligencia, más tecnología y mejor coordinación, no únicamente zanjas y despliegue simbólico.
Pero no toda la oposición se alineó en el rechazo. Sectores del Socialismo Democrático evitaron una crítica frontal e incluso valoraron la señal de control. Ahí aparece uno de los primeros éxitos políticos de Kast: aunque la eficacia del plan siga abierta a debate, logró mover la conversación pública al terreno que más le acomoda, seguridad y soberanía fronteriza.
Lo que dicen Perú y Bolivia
Desde Perú, la reacción oficial ha sido cautelosa, pero no confrontacional. El canciller Hugo de Zela dejó claro que, “mientras sea en territorio chileno, no nos corresponde decir nada”, aunque advirtió que Lima ya comunicó a Chile que no está en capacidad de recibir más presión migratoria. En Tacna, la preocupación es más concreta: vigilar que el endurecimiento del lado chileno no termine simplemente desplazando el problema hacia territorio peruano.
Esa inquietud se expresa con más fuerza en las autoridades locales. La gobernadora de Tacna, Denisse Miralles, sostuvo que las decisiones de Chile son autónomas, pero remarcó que Perú observará el impacto del plan sobre su seguridad nacional.
En la misma línea, el alcalde provincial Pascual Güisa planteó que una barrera física solo tendrá sentido si viene acompañada de patrullaje conjunto entre Perú y Chile, dejando en evidencia que la frontera exige coordinación y no solo obras visibles.
Desde Bolivia, en cambio, el tono ha sido más pragmático. El canciller Fernando Aramayo afirmó que su país respeta la decisión soberana de Chile y que no existe afectación al Tratado de 1904, mientras el viceministro Hernán Paredes fue más explícito: pidió “ponerse en el lugar de un presidente chileno” ante delitos transfronterizos como el robo de vehículos.
Aun así, La Paz también deslizó un matiz relevante: una barrera puede ayudar, pero solo si forma parte de una relación bilateral más amplia y coordinada.
La prueba de verdad empieza ahora
El Escudo Fronterizo ya ganó su primera batalla simbólica: instaló agenda, ordenó el relato del gobierno en seguridad y permitió a Kast presentarse como un Presidente que ejecuta rápido una de sus promesas más reconocibles. Pero en política de frontera, la foto dura poco.
Lo que viene ahora es más difícil: probar que la maquinaria, la vigila
ncia y el endurecimiento del borde se traducen en menos ingresos irregulares medibles, más control territorial y menos delitos asociados.
Ahí se jugará todo. Si el plan consigue resultados verificables, Kast podrá decir que convirtió una promesa de campaña en una política con efecto real. Si no lo hace, el riesgo es evidente: que el Escudo Fronterizo quede como una obra tan visible como discutible, fuerte en relato, pero débil en costos, mantención y eficacia.
Y en el norte, donde la frontera se vive antes de que se discuta, esa diferencia no será retórica. Será cotidiana.
