La iniciativa de Reconstrucción Nacional llegó al hemiciclo con dudas fiscales, reparos ambientales y una controvertida invariabilidad tributaria por 25 años, en medio de una votación clave para la agenda económica del Gobierno
El plan económico del Gobierno de José Antonio Kast entró en una etapa decisiva, ya que el Senado inició la discusión en general del proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Social, iniciativa que el Ejecutivo presenta como una herramienta para reactivar la inversión, elevar la productividad y remover trabas regulatorias que, según Hacienda, han limitado el crecimiento del país.
La sesión continuará este miércoles entre las 10:00 y las 13:00 horas. Más tarde, a las 15:00 horas, los comités parlamentarios deberán resolver si la votación en general comienza durante la jornada de la tarde. La decisión será una primera señal sobre el piso político de una propuesta que llega al hemiciclo con apoyos oficialistas, críticas opositoras y advertencias técnicas aún abiertas.
El presidente de la Comisión de Hacienda, senador Javier Macaya, explicó que la iniciativa agrupa medidas de reactivación, competitividad y productividad, junto con ajustes tributarios destinados a incentivar la inversión. El texto se ordena en cuatro ejes: reconstrucción física, reconstrucción económica, reconstrucción institucional y reconstrucción fiscal.
Invariabilidad tributaria en el centro
El paso previo por la Comisión de Hacienda dejó claro que el proyecto no tendrá una tramitación simple. En 12 sesiones y 49 audiencias hubo coincidencia transversal sobre la necesidad de impulsar el crecimiento, pero diferencias profundas respecto del camino escogido y del resguardo de la sostenibilidad fiscal. Ese punto ya había encendido alertas en los reparos técnicos al proyecto de Reconstrucción Nacional.
Uno de los aspectos más sensibles es la invariabilidad tributaria por 25 años. El Gobierno la defiende como una señal de certeza para inversionistas, pero sus críticos advierten que puede limitar el margen de acción de futuras administraciones. La controversia escaló luego de que Jaime Mulet anunciara un requerimiento de inconstitucionalidad contra esa parte de la propuesta.
Ante los senadores, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo que Chile arrastra años de crecimiento cercano al 2%, problemas fiscales acumulativos y obstáculos regulatorios que han frenado la inversión. Según planteó, la iniciativa busca responder primero a la emergencia derivada de los incendios y luego activar medidas de crecimiento, aunque reconoció que en una etapa inicial habrá menor recaudación, con una recuperación esperada hacia adelante.
Apoyos, críticas y tensión ambiental
La discusión dejó ver los primeros alineamientos. Sergio Gahona, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, señaló que durante el trámite en particular se escuchará a quienes quieran plantear observaciones ambientales, aunque manifestó estar de acuerdo con el corazón de la iniciativa.
Iván Moreira respaldó el texto y afirmó que busca enfrentar años de bajo crecimiento, aumento del desempleo e informalidad. Alejandro Kusanovic, por su parte, puso el acento en la necesidad de descentralizar las políticas públicas y potenciar las economías locales, un punto relevante para una propuesta que el Ejecutivo intenta instalar como motor de desarrollo nacional.
La mirada crítica vino desde Alfonso De Urresti, quien sostuvo que el texto contiene “una reforma ambiental encubierta” y cuestionó la invariabilidad tributaria de 25 años, al advertir que puede dejar “de manos atadas” a los futuros gobiernos. Esa tensión se suma a las advertencias sobre costos fiscales y crecimiento que ya habían marcado el trámite, especialmente después de que el FMI pusiera bajo presión el Plan de Reconstrucción Nacional.
La votación que viene será más que un trámite legislativo. Para el Gobierno, Reconstrucción Nacional es su principal apuesta económica. Para el Senado, será una prueba sobre cuánto margen existe para combinar reactivación, certeza tributaria, sostenibilidad fiscal y resguardos ambientales sin abrir un nuevo conflicto político de alto costo.
