Por: Ronald Fischer, Rodrigo Moreno, Angela Flores y Felipe Sepúlveda. Investigadores de la Universidad de Chile e ISCI
Existe cierto consenso en que la normativa de distribución eléctrica necesita una reforma profunda para no ser un obstáculo al proceso de descarbonización del país. Las bases de la Ley actual provienen de los 80, y no permitirá las inversiones que requiere el país para electrificar los consumos energéticos del transporte, hogares y pymes.
La Ley actual se basa en el concepto de empresa modelo: una empresa de distribución eléctrica diseñada en forma óptima para responder a la demanda existente. Se estiman los costos que tendría esta empresa ideal y en base a ella se determinan las tarifas. El problema es que las empresas reales no son empresas ideales, porque tienen una historia de inversiones pasadas, que pueden haber sido eficientes entonces, pero ahora no lo son.
Se puede mostrar que la empresa real, por muy eficiente que sea, con el pasar del tiempo tendrá costos mayores que la empresa ideal, salvo condiciones excepcionales como, por ejemplo, que no haya crecimiento de la demanda. Por lo tanto, las tarifas que resultan del proceso tarifario no permitirán que la empresa real rentabilice sus inversiones, lo que se agrava con el tiempo, porque cada vez hay más inversiones de la empresa real que dejan de ser eficientes desde el punto de la empresa modelo, que no tiene historia.
Durante décadas, las deficiencias del proceso de tarificación escondieron el problema. Para defender a la empresa de un regulador expropiatorio, las tarifas eran un promedio ponderado de los resultados de estudios tarifarios de la empresa y del regulador. Manejando el estudio de la empresa para obtener una tarifa suficientemente alta, la tarifa final era suficiente para rentabilizar las inversiones.
Con el tiempo, estos resquicios se fueron cerrando, hasta que terminamos con un solo estudio tarifario, el que desnudó el problema. Bajo las tarifas que resultan del actual proceso tarifario, las empresas de distribución no pueden invertir, y de mantenerse la Ley, se paralizaría el proceso de descarbonización, lo que también afecta a la calidad de suministro que requiere de inversiones.
Nuestra propuesta de reforma a la Ley contempla varios aspectos, pero el principal es que las nuevas inversiones que realice la empresa deben ser reconocidas en futuras rondas de tarificación. Para evitar inversiones innecesarias, las decisiones de inversión importantes deben ser autorizadas, luego de un análisis de su necesidad. Para inversiones menores, la empresa tendrá libertad para realizarlas hasta un monto predeterminado por el proceso tarifario.
Al ser reconocidas, la empresa podrá rentabilizar las inversiones, estará dispuesta a invertir lo necesario para apoyar la lucha contra el cambio climático y las mejoras de calidad. Como una forma de incentivar que las inversiones sean eficientes, se incluyen premios y castigos asociados a las mejoras en la calidad del servicio (menos horas de corte, rápida respuesta a cortes, menores pérdidas, etc).
Otro aspecto importante es que los cobros por el servicio reflejen los distintos costos de proveer el servicio. Esto incluye cobros diferenciados por hora y estacionales, lo que reduce las inversiones requeridas por el sistema y por lo tanto el costo para los usuarios de proveer una determinada calidad de servicio. Si con ello se ven perjudicados usuarios de menores ingresos, se proponen subsidios focalizados. Aunque la propuesta incluye otros aspectos de un carácter más técnico, especialmente para grandes usuarios, lo que hemos descrito representa los más relevantes para los consumidores regulados.
Creemos que los principios que orientan esta propuesta de reforma facilitarían las inversiones que requiere la lucha contra el cambio climático, mejorarán la calidad del servicio y serán más equitativas que el sistema actual.
El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.
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