Por: Egon Montecinos. Decano Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UACh
Kooiman y Van Vilet (1993) definen la gobernanza como “la creación de una estructura o de un orden que no puede ser impuesto exactamente, sino que es el resultado de la interacción entre una multiplicidad de actores que participan del acto de gobernar, y que son mutuamente influenciables. Está constituida por normas que ordenan la interacción en el marco de redes de actores públicos, privados y sociales interdependientes en pro del interés general en entornos complejos y dinámicos”.
Incluso, para aproximarse a gobiernos subnacionales, existe un enfoque de la gobernanza cuyo interés son las dinámicas de articulación que suceden a escala regional o local.
En ese sentido, la definen “como un espacio potencial de profundización democrática, a partir de dos vectores clave: la participación incidente y la articulación multinivel, es decir a través del fortalecimiento de redes en los espacios locales/regionales y a través de la articulación de servicios públicos de distintos niveles de gobierno, pero con el liderazgo esencial de gobiernos regionales o locales” (Blanco y Gomá 2001).
De estas definiciones, se desprenden algunos aspectos clave. El primero es que la gobernanza se asocia a una mayor implicación de actores no gubernamentales en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas públicas.
Apertura que en parte se produce por la erosión de las capacidades del Estado, para diseñar e implementar sus iniciativas, como consecuencia de grandes tendencias de cambios en las sociedades contemporáneas (Andrews y Goldsmith, 2011).
El segundo aspecto clave de la gobernanza es el liderazgo que adquieren gobiernos regionales y locales, en la formulación de políticas públicas con actores sociales, privados y territoriales, de tal manera que las respuestas gubernamentales a los problemas públicos tengan un grado de legitimidad distinto al que tendrían en contextos de respuestas centralistas, autosuficientes o sin contemplar la visión de actores territoriales.
De este modo, y sólo como ejemplo, la ejecución de un proyecto o programa que beneficia a una comunidad, y que fue decidido o formulado sin la participación de esa comunidad, no es gobernanza. Probablemente a eso se le puede llamar “administración”, “gestión” o “gerenciamiento” del proyecto, pero de ninguna manera se trataría de la “gobernanza del proyecto”.
Es más, es un contrasentido considerar que un proyecto, entendido como unidad operativa de una política pública, podría “tener una gobernanza”, dado que, bajo esta perspectiva, sería el producto de un modelo de relación entre el Estado y la sociedad que implicó previamente una interacción con actores que dieron lugar a ello. Si se va a incorporar a la comunidad sólo en la ejecución de una iniciativa, ese espacio puede ser un comité o una mesa de trabajo que se forma para tales efectos, pero eso es completamente distinto a “una gobernanza”.
La gobernanza entonces es una nueva forma de interacción entre el sector público, privado y la sociedad civil en la organización de algún asunto de interés colectivo. Lo cual se traduce en que las políticas públicas necesariamente son producto de esta interacción, incidiendo en su diseño, pero también en su implementación, monitoreo, seguimiento o reformulación. Como consecuencia, la gestión, agenciamiento o gerenciamiento de una idea o proyecto, no necesariamente es gobernanza.
La gobernanza implica legitimidad democrática y territorial de quien convoca, se vincula con políticas públicas e implica incidencia de la ciudadanía, del sector privado, actores territoriales en su desarrollo. En definitiva, implica profundización de la democracia y un cambio sustantivo en la forma de relación del Estado con la sociedad, que va mas allá de una relación burocrática y/o gerencialista.
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