Por: Manuel Baquedano M. Sociólogo de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). Fundador del Instituto de Ecología Política
El recambio obligatorio de los medidores eléctricos a costa de los propios usuarios produjo una gran polémica a nivel nacional y dejó al descubierto que los parlamentarios lejos estuvieron de salvaguardar los intereses de la ciudadanía.
El valor de la operación de recambio constituye un formidable negocio de mil millones de dólares. Esto la convierte en una medida muy impopular tanto para los usuarios como para los municipios (y ya muchos han manifestado su oposición a la instalación de los medidores en su territorio).
Pero, a nuestro juicio, junto al daño económico que afecta a tantas personas, existe también un problema mayor que el Gobierno de turno -y sobre todo el Parlamento- no han sabido resguardar. Nos referimos a la privacidad que todo chileno tiene derecho a tener en su hogar.
Para justificar esta afirmación, señalamos dos aspectos importantes para considerar. En primer lugar, los nuevos contadores aumentan el riesgo de robo en los hogares ya que los que están siendo instalados por la compañía Enel, por su configuración, emiten una luz led cuya intensidad de parpadeo es proporcional al nivel de consumo eléctrico. Al estar colocados de forma visible, son una excelente forma para conocer si hay alguien o no en el domicilio ya que cuando no hay nadie, el parpadeo suele ser regular y estable por el consumo del refrigerador.
En segundo lugar, a pesar de que los aparatos son técnicamente bidireccionales (los datos pueden ir en dos direcciones) los que están siendo instalados son unidireccionales, es decir, están programados para que toda la información llegue solamente a la compañía distribuidora. Esto les permitirá a las compañías generar una enorme cantidad de datos de consumo, lo que en la práctica se transformará en un sistema de vigilancia muy preciso.
Por ejemplo, podrán saber a qué hora hay gente en la casa, cuántas personas viven, cuándo salen de vacaciones, en qué habitaciones duermen, qué tipo y marca de electrodomésticos tienen, cuántas veces utilizan una computadora, entre otros datos más. Esta información es probable que -a medida que pase el tiempo y con el discurso de la eficiencia energética- permita la proliferación de ofertas y acciones de marketing que insten a cambiar equipos y modelos. Todo esto porque la empresa distribuidora podrá vender a otras compañías la valiosa información que posee.
A tal punto el problema es serio, que existe ya una solicitud a la Comunidad Europea, por parte del Supervisor Europeo de Protección de Datos, para que se estudie el impacto de los aparatos y se evalúe la necesidad de contar con leyes específicas que resguarden la privacidad de las personas.
Estos contadores digitales utilizan la tecnología PLC (power line carrier) que permite que los datos circulen por los mismos cables de la corriente eléctrica. De esta forma, la tecnología en el futuro próximo también permitiría tener Internet en los hogares a través de la electricidad. En ese punto, podrán crearse las condiciones perfectas para una vigilancia no sólo de los hábitos de consumo sino también de lo que se ve, se lee o se habla por Internet. Todo esto en sintonía con lo que pensaba Orwell y quizás, mucho peor.
Ante este delicado cuadro, creemos que tanto el Gobierno actual como el Parlamento deberían actuar en tres sentidos. En primer lugar, trabajar para que la implementación de la tecnología esté a cargo de las compañías y no de los usuarios ya que no existen evidencias claras sobre cómo su instalación beneficiará directamente a las personas como para además exigirles que paguen por ella.
Luego, es importante suspender la aplicación de la medida de recambio hasta que el Parlamento apruebe una nueva ley de distribución eléctrica y de generación distribuida. De tal forma que la elección de un tipo determinado de medidores digitales inteligentes no se convierta en un obstáculo para transformar íntegramente la distribución eléctrica en Chile y que facilite la generación distribuida y la energía producida por los ciudadanos.
Finalmente, es indispensable que su eventual instalación vaya precedida por una ley que proteja la privacidad de los datos recogidos por el sistema, incluso que exista la posibilidad de un uso voluntario de la tecnología como ocurre ya en varios países incluido, ni más ni menos, Estados Unidos.
El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.
