Por: Diego Ancalao G., Presidente de la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena
De acuerdo a las cifras propuestas por diversos organismos internacionales, se estima que la población indígena mundial, alcanza a los 370 millones de personas, que viven en más de 90 países. Si bien la población indígena constituye el 5% de la población mundial, los pueblos indígenas representan alrededor del 15% de las personas que viven en pobreza extrema. Los pueblos indígenas constituyen alrededor de un tercio de los 900 millones de personas que viven en extrema pobreza en las zonas rurales del mundo.
Recién desde mediados del siglo XX, se han comenzado a reconocer cada vez más los derechos de los pueblos indígenas, con la adopción de instrumentos y mecanismos internacionales, como el Convenio sobre Poblaciones Indígenas y Tribuales (Convención 107) de 1957 y el Convenio 169 de 1989, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En los últimos 20 años aparecen la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) de 2007, la creación del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (UNPFII), el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (EMRIP), y el relator especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNSR).
Todos estos datos, hacen referencia al retraso de la normativa internacional respecto de la realidad de los pueblos indígenas en todo el mundo. Esta situación resulta especialmente injusta y sorprendente, considerando la riqueza humana y cultural que representa para toda la humanidad la sola existencia de estos pueblos, que han logrado sobrevivir, a pesar de la negación y discriminación que han solido experimentar en sus respectivos territorios y países.
Por supuesto que Chile no es la excepción, por el contrario, tomando en cuenta los resultados de la encuesta Casen 2015, la investigación precisa además que en Chile el 30,8% de los indígenas se encuentran en situación de pobreza multidimensional, mientras que el resto del país registra sólo un 20,9%.
En Chile, el 10% más rico gana 27 veces más que el 10% más pobre, y el ingreso promedio del 0,1% (9.900 personas) se estima en $ 111,1 millones netos (PNUD 2017). En contraste con los hogares ubicados en el 10% más pobre, este tiene en promedio un ingreso de $ 20.040 per cápita. En el caso de la Nación Mapuche la brecha es aún más grande. Según el estudio del Observatorio Nacional Laboral y la encuesta Casen, los ingresos de la población indígena son menores a los no indígenas en un 39%, $340 mil pesos versus $472 mil pesos, lo que es una diferencia de $132.500. Esto no implica que los chilenos pobres estén bien, sino que la nación mapuche está brutalmente mal.
Es decir, se comprueba que existe una discriminación laboral y salarial donde, sin justificación alguna, la retribución monetaria para los indígenas es significativamente menor. Este acto de discriminación está prohibido de un modo expreso por el Convenio 169 de la OIT, en su artículo 20. ¿Cómo podría ser de otro modo? ¿Acaso se requiere de la suscripción de un convenio internacional para aplicar criterios de justicia en algún lugar del mundo?…bueno, todo indica que si resulta necesario y hasta imprescindible. Una aberración similar ha ocurrido históricamente con las mujeres y minorías evidentemente discriminadas.
Las desigualdades sociales (PNUD 2017) se definen como las diferencias en dimensiones de la vida social que implican ventajas para unos y desventajas para otros (PNUD 2017), que se representan como condiciones estructurantes de la vida, y que se perciben como injustas en sus orígenes o moralmente ofensivas en sus consecuencias, o ambas.
Estos niveles de injusticia resultan siempre intolerables, pero lo son aún más, cuando estos provienen de un comportamiento sistemático de los Estados. Me refiero a los Estados y no solo a los gobiernos de turno. Cuando esto ocurre, los países institucionalizan las desigualdades y las transforman en parte del paisaje cotidiano, en una actitud que parece exigir ni más ni menos que la resignación absoluta de los afectados.
Sorprendentemente a pesar de estos datos contundentes, el actual Gobierno de Chile no ha sido capaz de implementar un mínimo ético de medidas para que los pueblos indígenas puedan sobrevivir y enfrentar de mejor manera la pandemia provocada por el COVID-19.
En efecto, todo parece indicar que por estos días, en que los servicios de Salud se están viendo sobrepasados por la magnitud de los peores efectos de la pandemia, comienzan a prevalecer criterios de selección respecto de quien vive y quien muere. Bajo una mirada analítica de comportamientos históricos, podemos imaginar que se abandona a su suerte a personas mayores, a los pobres e indigentes y a aquellas que pertenecen a minorías étnicas. Una muestra de ello consta en el caso de la muerte de Francis Zamora de Puente Alto.
En el caso de los indígenas, el Gobierno ha optado por no desagregar la información sobre personas contagiadas y fallecidas por Covid-19, “para evitar estigmatización”. Solo sabemos que son hombres y mujeres de determinados grupos atareos. Preocupa que en La Araucanía -región definida por la presencia mapuche con más del 26 por ciento de su población y segunda con mayor cantidad de casos de contagios y muertes por Coronavirus en Chile- no se conozca el real impacto de éste en las comunidades mapuche.
Recientemente, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (FILAC), “exhortó a los gobiernos de la región a propiciar una reunión específica sobre el tema (Covid-19) y señaló que ninguna de las fuentes de información globales o regionales incluye datos desagregados con relación a la población indígena”.
Esta preocupación también se extiende hacia los otros pueblos; Aymara, Atacameña, Quechua, Colla, Diaguitas, changos, Rapa Nui, Kawashkar y Yaghan (Yaman). Fue precisamente David Alday, vicepresidente de la comunidad Yaghan de Puerto Williams, quien a comienzos de abril alzó la voz para alertar: “tenemos miedo que estas pestes nos afecten al igual que a nuestros antepasados”, según declaró a La Prensa Austral, refiriéndose al factor epidemiológico que durante la conquista europea diezmó a la población indígena.
En definitiva y hasta este momento, se desconocen las estadísticas reales de indígenas fallecidos por la pandemia. Una vez más Chile nos trata sin considerar nuestras particularidades y nuestra dignidad de pueblos. Lo concreto es que el Estado y su institucionalidad han faltado a su responsabilidad de respetar y proteger las culturas, familias y comunidades indígenas que, en una lejana utopía, deberían formar parte del patrimonio de la nación. También se falta a su derecho a obtener información en lengua indígena en el marco de la interculturalidad, según promueve la Ley 19.253.
El Estado también ha faltado al Artículo 25 del Convenio 169 de la OIT, en sus puntos 1, 2 y 3 relativos “a velar porque se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados (…)”. El negacionismo y la invisibilización son otra forma de discriminación. Es urgente que ante el abandono del Estado y su institucionalidad, autoridades edilicias, universidades y la sociedad civil en su conjunto, logren conocer el impacto que el Covid-19 está teniendo en el pueblo mapuche y los demás pueblos.
Exigimos respeto y demandamos ser tratados de acuerdo a nuestra condición de pueblos con historia y características culturales propias. El actual gobierno y el sistema de partidos, sin excepción, han procurado una asimilación que nos sumerge en el más absoluto olvido.
Si bien la pandemia debería golpear con una ecuánime imparcialidad a todas las personas, la verdad es que inevitablemente los más dañados son los mismos de siempre. Entre estos, que son una gran mayoría de ciudadanos excluidos, aparecemos los indígenas que, arrastramos el estigma de seguir defendiendo hasta hoy, nuestro derecho a existir.
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