Por: Nathalie Castillo R. Diputada de la República, región de Coquimbo
Que duda cabe que este proyecto después de cuatro años de tramitación y todas las modificaciones que ha tenido en su historia si o si será una gran contribución a nuestro país que resolverá deudas históricas importantes en protección social, bajo criterios de justicia territorial. Un concepto que le hace sentido a los gobiernos regionales y gobiernos locales porque son quienes (en su mayoría) tienen que administrar la pobreza de sus comunas.
Ya era tiempo que el Estado se hiciera cargo de que las grandes empresas mineras, que la riqueza minera producto de la extracción de nuestros recursos naturales como el cobre, sea repartida en forma equitativa y vaya en beneficio del pueblo de Chile y que no quede en manos de la industria extranjera y nacional que poco y nada retribuye en nuestros territorios y que bastante afecta en materia socioambiental.
Quienes tienen la esperanza de la acción de un Estado social de derechos y responsable, de un Gobierno que toma decisiones políticas como estas decirles que con el royalty vamos en esa dirección. Sabemos que no es el ideario que tantas veces problematizamos en foros, en cabildos ciudadanos, estudiantiles años atrás; pero lo que es innegable que es un avance y es un punta pie inicial para ser un mejor país y no lo contrario, como lo dejó expreso la bancada republicana, que de patriota poco por lo que expresaron en su discurso sobre nuestro pueblo y recursos naturales.
La tributación de las empresas del sector busca que una parte de su recaudación sea destinada a investigación, desarrollo, obras públicas, fortalecimiento municipal -donde se ve cara a cara la desigualdad-, la pobreza, el rezago y eso es de impacto directo a las comunidades.
Por eso llamamos a no caer en discursos falaces opositores y a la desinformación que se instala en estos debates. Allí radica nuestra atención de que parlamentarios de la región de Coquimbo -región minera beneficiada- no hayan entendido la forma y fondo este proyecto. No nos queda más que pedirles sean rigurosos y honestos en sus discursos.
Sí tenemos la preocupación respecto del protocolo y un eventual ‘fast track’ para facilitar la aprobación de proyectos mineros, brindando facilidades para sus operaciones y sus labores extractivistas. Es importante que el gobierno esclarezca este punto para la tranquilidad de las y los defensores ambientales.
Por último, insistimos en el logro conseguido y que la ley de Royalty una vez ejecutada con éxito podamos en un futuro cercano incorporar otros minerales como el hierro, oro o polimetálicos que también son comercializados y que no dejan mayor contribución que las externalidades negativas.
El programa de transformaciones no está quieto y por eso decimos con convicción: cobre para Chile y renacionalización.
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