Por: Mauricio Muñoz. Sociólogo y Doctor en Ciencias Sociales. Profesor y Analista del Observatorio Laboral de la UOH
El campesino está asociado principalmente a la agricultura que tiene una base familiar y, en menor medida, a las unidades productivas medianas. En este sentido, son agricultores que habitan y trabajan de forma habitual en el campo, siendo parte de una familia que tiene la propiedad o el control de las decisiones de la explotación. Esta figura del “campesino”, como categoría, se consolida en Chile a partir de la Reforma Agraria iniciada en 1964 y prolongada hasta 1973.
En la antigua hacienda tradicional, dominada por la oligarquía rural, los “patrones” generaron un régimen de dominación y servidumbre sobre el peonaje rural que derivó en un proceso que conformó el sistema de relaciones laborales del inquilinaje mediante el cual este protocampesinado, conformado principalmente por “inquilinos” en régimen de semiesclavitud que, a cambio de vivienda, elementos de subsistencia y herramientas, cultiva una parcela en beneficio del patrón.
Con la Reforma Agraria, esencialmente, a partir de la ley 16.640, se limitó la posibilidad de acumular tierras a un máximo de 80 hectáreas, se hicieron expropiable las tierras mal explotadas, la tierra sólo podía estar en manos de personas naturales y se reasignaron las propiedades a los campesinos que la trabajan. Por otro lado, con la ley 16.625, se promovió la sindicalización campesina, los sindicatos comunales, las federaciones y confederaciones, lo que además posibilitó la agrupación de cientos de pequeños agricultores en comités y cooperativas campesinas.
Con el golpe de Estado de 1973 tales transformaciones tocaron límite. La dictadura militar suspendió las leyes de Reforma Agraria y de Sindicalización campesina mencionadas anteriormente, se persiguió violentamente a los diferentes dirigentes campesinos (entre septiembre y noviembre de 1973 fueron asesinados y desaparecidos más de quinientos campesinos), se inició un proceso de restitución de los predios expropiados y se creó un mercado libre de tierras que sentó las bases para una nueva agricultura capitalista.
A partir de la década de 1990 se observa una “modernización” del agro en Chile, que se consolida principalmente a partir de la industria de la fruta en las regiones del centro-sur del país, la figura paradigmática del packing y su vocación exportadora.
El campesinado, si bien no habita en el régimen hacendal, en la actualidad, sea como trabajador agrícola o productor familiar independiente tiene una posición laboralmente precarizada, en el caso de los primeros, y relativamente marginada respecto de la matriz productiva en el caso de los segundos.
En efecto, en la región de O’Higgins, donde el sector silvoagropecuario es una de los que emplea la mayor cantidad de trabajadores, entre el 18 y 20% de los ocupados dependiendo del período. Estos, en su mayoría, se vinculan de manera estacional a la producción, y su sueldo promedio mensual, según la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI-INE), no supera los $500.000 líquido.
Por su parte, la agricultura familiar campesina se caracteriza por ser una producción de subsistencia, con una importante participación femenina, en un gran conjunto de unidades productivas que explotan pequeñas cantidades de hectáreas.
De hecho, en la región, según el último Censo Agropecuario y Forestal, 4.579 unidades productivas ocupan menos de 20 hectáreas, mientras que sólo 58 unidades explotan 2.000 hectáreas o más. Sin embargo, a pesar de tales condiciones, la agricultura campesina de base familiar orienta su producción al mercado local, en centros de distribución regionales, vegas y ferias libres, asegurando el abastecimiento de alimentos a parte importante de la población.
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