Por María de la Paz Irarrázaval, Country Manager Chile, Manuia
En los últimos años hemos visto cómo las empresas avanzan con distintos ritmos y formas hacia la integración de la sostenibilidad en sus estrategias de negocio. También hemos visto cómo la normativa nacional e internacional ha ido evolucionando.
Sin embargo, la discusión fluctúa muchas veces entre lo declarativo y lo operativo, entre los compromisos públicos y la dificultad real de llevarlos a la práctica. La Norma de Carácter General 519, emitida hace ya un año por la CMF, viene precisamente a mover esa frontera, ya que obliga a que la sostenibilidad entre de lleno en la conversación financiera.
A partir del ejercicio 2026, las compañías de mayor tamaño deberán cuantificar y reportar no solo los impactos que generan sobre el medioambiente y la sociedad, sino también los efectos del cambio climático sobre sus propios estados financieros.
Esto incluye la obligación de entregar escenarios prospectivos, por ejemplo, para declarar cómo nos afecta si nos encontramos en 1.5 °C, 2 °C o 2.5 °C de aumento de temperatura, y mostrar cómo esos escenarios inciden en indicadores clave del negocio.
Se trata de un cambio profundo, porque no es solo transparencia. Es el reconocimiento explícito de que el cambio climático es un riesgo financiero real. Y es justamente ahí donde surge la tensión más evidente, muchas empresas ya han avanzado en la medición interna de riesgos climáticos, pero otra cosa muy distinta es publicar esa información al mercado.
Los analistas financieros y valorizadores deberán incorporarla en sus modelos, los mercados la leerán, los inversionistas la interpretarán. La información se vuelve parte del precio, del riesgo y del valor.
Ese es el punto sensible. No es resistencia al cambio. Es el vértigo de exponer información que todavía no está plenamente estandarizada. Porque junto con avanzar hacia una sostenibilidad más madura, enfrentamos el hecho de que las metodologías para cuantificar riesgos climáticos no están del todo homologadas. Aunque la Norma General 519 se articula con estándares IFRS S1 y S2, aún existe espacio para supuestos distintos y criterios interpretativos que pueden llevar a resultados diferentes entre empresas comparables.
El riesgo entonces, es de divulgación y de interpretación. La falta de comparabilidad puede generar ruido en el mercado. Por eso, el dilema hoy no es si reportar o no reportar. El dilema es cómo hacerlo bien.
Algunas organizaciones evalúan adelantarse y reportar desde 2025, otras prefieren esperar a 2026 para observar el comportamiento del mercado y los ajustes metodológicos. La decisión no es solo técnica, también es cultural.
Porque lo que está en juego es asumir una nueva forma de pensar la creación de valor. Durante años, sostenibilidad y negocio se trataron como narrativas paralelas. La nueva norma pone fin a esa separación. A partir de ahora, los riesgos climáticos forman parte explícita de la estructura financiera de las empresas, y cuando algo entra en los estados financieros, pasa a convertirse en estratégico.
Para que este proceso sea virtuoso, se requiere avanzar hacia metodologías comparables y auditables, desarrollar capacidades de interpretación en el mercado, y promover una conversación integrada entre directorios, finanzas, riesgos y sostenibilidad. La sostenibilidad dejó de ser lateral: es infraestructura del valor empresarial.
Reportar es también definir cómo entendemos el riesgo, la rentabilidad y el futuro. La Norma General 519 no es solo una obligación externa. Es un espejo donde la economía se pone frente a sí misma.
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