Los principales ejes tributarios y ambientales fueron aprobados con 26 votos contra 24, mientras la oposición anunció acciones ante el Tribunal Constitucional. El Gobierno celebró el avance, pero la iniciativa aún debe superar su tercer trámite
La principal apuesta económica del Gobierno del Presidente José Antonio Kast superó durante la madrugada su paso por el Senado. Tras una extensa jornada legislativa, la Sala despachó en particular el proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, conocido como megarreforma, que ahora regresará a la Cámara de Diputadas y Diputados.
La votación terminó cerca de las 2:40 horas y confirmó el escenario anticipado durante las últimas semanas. El Ejecutivo consiguió aprobar las disposiciones tributarias y ambientales más controvertidas con 26 votos a favor y 24 en contra, el mínimo necesario para sostener su mayoría, mientras otras medidas alcanzaron respaldos más amplios.
La Cámara deberá revisar las modificaciones introducidas por el Senado. Si las ratifica, la iniciativa quedará en condiciones de ser promulgada. Si rechaza alguna de ellas, será necesario conformar una Comisión Mixta para resolver las diferencias entre ambas corporaciones.
Una mayoría suficiente, pero sin acuerdo transversal
Uno de los artículos centrales fue la reducción gradual del Impuesto de Primera Categoría, que disminuirá desde el actual 27% hasta un 23%. La tasa quedará en 25,5% durante 2027, bajará a 24% en 2028 y llegará al 23% permanente desde el año comercial 2029.
La misma votación, 26 votos contra 24, permitió aprobar la reintegración gradual del sistema tributario para las grandes empresas. Ambas medidas forman parte del núcleo económico defendido por el Gobierno como una herramienta para mejorar la competitividad, recuperar la inversión y generar empleos.
La invariabilidad tributaria también fue respaldada, aunque con 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención, correspondiente al senador Pedro Araya. Los otros parlamentarios del PPD involucrados en las negociaciones previas, Loreto Carvajal y Ricardo Celis, votaron en contra, confirmando que el entendimiento inicial con Hacienda no sobrevivió a la votación definitiva.
La fórmula aprobada permitirá mantener condiciones tributarias durante diez años para determinadas inversiones desde US$50 millones, por quince años para proyectos de mayor tamaño y por veinte años para inversiones superiores a US$1.000 millones. Las empresas que ingresen al régimen deberán pagar una tasa adicional de 1,5%.
El resultado prolonga las consecuencias políticas del quiebre entre el Ejecutivo y los senadores del PPD, luego de que Hacienda intentara reducir el impuesto corporativo al 22%, pese a que el acuerdo inicial contemplaba una tasa de 23%. Aunque el ministro Jorge Quiroz retiró posteriormente esa indicación, no consiguió recuperar los apoyos opositores.
Normas sociales obtienen respaldos más amplios
La votación dejó diferencias importantes entre los componentes del proyecto. Mientras las reformas tributarias dependieron del bloque oficialista y sus aliados, el crédito al empleo formal obtuvo 44 votos a favor, uno en contra y una abstención, mostrando un respaldo mucho más transversal.
La exención del pago de contribuciones para la primera vivienda de las personas mayores de 65 años fue aprobada por 28 votos contra 22. El texto contempla además una compensación al Fondo Común Municipal, aunque durante la discusión surgieron cuestionamientos sobre la suficiencia de esos recursos y sus efectos sobre los ingresos municipales.
También fueron aprobadas la compensación económica que podrán solicitar empresas cuyos proyectos pierdan su Resolución de Calificación Ambiental por una decisión judicial, modificaciones a las concesiones acuícolas, la reducción de plazos para invalidar actos administrativos y nuevas facultades para que la Dirección de Presupuestos acceda a información administrada por organismos sociales.
Varias de estas disposiciones quedaron acompañadas por reservas de constitucionalidad. Parlamentarios de oposición cuestionaron especialmente la invariabilidad tributaria, la restitución de gastos por proyectos ambientales rechazados y el acceso de la Dirección de Presupuestos a datos sensibles. El debate podría trasladarse al Tribunal Constitucional una vez concluida la tramitación legislativa.
Gobierno convierte la votación en un triunfo político
Tras el despacho del proyecto, el ministro de Hacienda afirmó que la iniciativa busca mejorar las condiciones para invertir, crear puestos de trabajo y acelerar la recuperación de las zonas afectadas por los incendios de Ñuble, Biobío y Valparaíso.
“Chile necesita crecer y este proyecto lo hace posible”, sostuvo Jorge Quiroz, quien agradeció a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, por convocar las conversaciones entre el Gobierno y los distintos sectores políticos.
El secretario de Estado aseguró que los efectos del proyecto deben medirse en la capacidad de una familia para encontrar empleo, de una empresa para invertir y de una persona afectada por los incendios para reconstruir su vivienda. Hacienda presentó el resultado como el cumplimiento de uno de los principales compromisos económicos del Presidente Kast.
El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Javier Macaya, calificó la jornada como histórica y afirmó que el proyecto puede modificar las expectativas económicas. “Es un primer paso. No hemos llegado a la meta y tenemos desafíos gigantescos para reconstruir las confianzas”, señaló.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, valoró que numerosas disposiciones fueran aprobadas por unanimidad o con amplias mayorías. También planteó que los próximos proyectos impulsados por La Moneda deberían construirse desde acuerdos transversales, un objetivo que no se alcanzó en las principales normas tributarias de la megarreforma.
El Gobierno obtuvo una victoria legislativa relevante, pero no consiguió convertirla en el gran acuerdo político que buscó proyectar durante la negociación. La megarreforma avanzó gracias a una mayoría suficiente y disciplinada, mientras la oposición mantuvo su rechazo a los pilares económicos de la iniciativa.
La disputa se trasladará ahora a la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se resolverá si las modificaciones del Senado son ratificadas o deben pasar por una Comisión Mixta. En paralelo, la posibilidad de requerimientos ante el Tribunal Constitucional anticipa que el despacho legislativo podría no cerrar todavía la controversia política y jurídica.
