De acuerdo con el Informe Infraestructura para el Desarrollo Sostenible (IDS) 2022-2031 de la Cámara Chilena de la Construcción, donde se analiza las necesidades en 12 áreas estratégicas para mejorar la calidad de vida de las personas y las comunidades e impulsar el desarrollo sostenible del país
La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) presentó su informe Infraestructura para el Desarrollo Sostenible (ex ICD), una contribución que el gremio hace desde el año 2002 a las políticas públicas en este ámbito, el que es crucial para elevar la calidad de vida de las personas y las comunidades y para el desarrollo sostenible del país.
El informe se elabora cada cuatro años y establece un estado deseado para cada una de las 12 áreas estratégicas de la infraestructura que analiza y, sobre esta base, determina las brechas que deben ser cerradas y las inversiones necesarias para que ello ocurra en el plazo de una década.
En esta versión, el estudio concluye que durante el período 2022-2031 se debiera invertir un total de US$ 177.517 millones. El 40% tendría que ser financiada con recursos públicos; el 33%, con recursos privados (incluyendo las inversiones de las empresas autónomas del Estado) y el 27% se podría ejecutar bajo el modelo de alianza público-privada.
“El informe nos muestra las prioridades que deben ser abordadas para satisfacer necesidades y crear nuevas oportunidades para los chilenos. Y, además, tal como en versiones anteriores, vuelve a dejar en evidencia que la mejor forma de responder a los desafíos que tenemos en materia de infraestructura, y en general como país, es mediante la colaboración público-privada”, señaló Antonio Errázuriz, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción.
“El informe nos muestra las prioridades que deben ser abordadas para satisfacer necesidades y crear nuevas oportunidades para los chilenos. Y, además, tal como en versiones anteriores, vuelve a dejar en evidencia que la mejor forma de responder a los desafíos que tenemos en materia de infraestructura, y en general como país, es mediante la colaboración público-privada”, señaló Antonio Errázuriz, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción.Realizado en conjunto de consultores externos y la Gerencia de Estudios de la CChC, bajo la supervisión de la Comisión de Infraestructura del gremio, el documento analiza tres áreas: Infraestructura basal, que considera recursos hídricos, energía y telecomunicaciones; Infraestructura productiva, que analiza vialidad urbana e interurbana, aeropuertos, puertos, ferrocarriles y logística; e Infraestructura de uso social, que incluye hospitales, cárceles y educación.
Según el IDS, las mayores necesidades de inversión se registran en las áreas de vialidad urbana y espacios públicos (US$ 55.918 millones), seguidas vialidad interurbana (US$ 28.013 millones) y telecomunicaciones (US$ 27.809 millones).
Resumen por áreas / período 2022-2031
Recursos hídricos: Estamos sufriendo la peor sequía de nuestra historia: 12 años consecutivos, en los que las precipitaciones han disminuido en un rango de 60%-85% respecto de un “año normal”, por lo que se deben invertir US$ 12.342 millones principalmente para satisfacer necesidades relacionadas con disponibilidad de agua potable, saneamiento, tratamiento de agua grises y servidas, protección contra inundaciones y aluviones y para el funcionamiento de una red de monitoreo hidrogeológico.
Energía: Chile es considerado el país más atractivo del mundo para el desarrollo de energías limpias y que podría llegar a producir hidrógeno verde al precio más competitivo a nivel mundial. Así, es posible llegar a ser carbononeutral al año 2050, pero para que esta transición no ponga en riesgo el suministro eléctrico, se deben concretas las inversiones previstas, por US$ 11.525 millones.
Vialidad urbana: La crisis climática, la congestión en las ciudades y los nuevos estándares ciudadanos exigen el desarrollo de ciudades sostenibles y cohesionadas. Para eso se debe construir infraestructura que fomente viajes eficientes, accesibles, seguros y saludables, con énfasis en el transporte público, requiriendo una inversión de US$ 54.864 millones. Adicionalmente, se estima que la inversión en espacios públicos demandará otros US$ 1.054 millones.
Educación: Algunos objetivos a los que debiera aspirar la infraestructura educacional es a contar con salas con un estándar de 2 m2 de superficie por alumno y aulas suficientes para permitir la universalización de la Jornada Escolar Completa. Si a ello se suma la necesidad de construir, rehabilitar y reparar espacios comunes, la inversión requerida asciende a US$ 15.105 millones.
Aeropuertos: Tras una década de crecimiento anual de 10% en el número de pasajeros nacionales e internacionales, la pandemia provocó un desplome de la demanda. Sin embargo, esta situación tarde o temprano se revertirá, a lo que hay que agregar que un número importante de aeropuertos de regiones ya tienen superada su capacidad en las áreas de pasajeros. La inversión necesaria en el período 2022-2031 se estima de US$ 2.256 millones.
Hospitales: Las necesidades en infraestructura hospitalaria están impulsadas por el envejecimiento de la población y el incremento de las patologías oncológicas. Además, se debiera apuntar a aumentar la relación de camas hospitalarias por habitantes, que hoy es de 2 camas por cada 1.000 habitantes. Un importante aliado para alcanzar este objetivo son los hospitales que se construyen bajo el modelo de alianza público-privada. La inversión total requerida es de US$ 11.986 millones.
Telecomunicaciones: Chile tiene altos niveles de penetración de internet móvil (casi uno a uno), pero debe mejorar en conectividad fija. El despliegue de la fibra óptica y de las redes de quinta generación (5G) permitirá reducir la brecha que hoy existe en cuanto a cobertura y calidad del servicio. La inversión requerida en esta área es de US$ 27.809 millones.
Vialidad interurbana: La vialidad interurbana permite mejorar la calidad de vida de las personas, reduciendo el aislamiento de comunidades y facilitando acceso a más oportunidades. En la próxima década deberán potenciarse avances tecnológicos, como la incorporación de sistemas de cobro tipo free flow para un mayor conocimiento de los flujos e invertir en construcción de autopistas y en operación y mantención de las existentes, requiriéndose una inversión de US$ 28.013 millones.
Ferrocarriles: La necesidad de inversión en materia de ferrocarriles debiera aumentar en los próximos años, especialmente en la zona central, producto del incremento que se espera que registre la carga transferida por los puertos y también por un mayor transporte de pasajeros, el cual ha aumentado por la inclusión de nuevos servicios. La inversión estimada en esta área es de US$ 4.520 millones.
Puertos: El tamaño de las naves, nuevas tecnologías y la disrupción en las cadenas logísticas son factores que, junto con el cambio climático, están influyendo en el sector, en el cual se debiera invertir con sentido de urgencia, por los extensos plazos de ejecución de los proyectos y su relevancia para mejorar la competitividad y productividad del país. Especialmente necesario es el Puerto de Gran Escala en San Antonio. La inversión total estimada es de US$ 4.224 millones.
Logística: El análisis de la infraestructura logística considera las necesidades asociadas al mejoramiento de la eficiencia en el tratamiento de carga y las transiciones entre medios de transporte, siguiendo la cadena de valor de las mercancías, desde el origen hasta su destino final, además de la implementación de tecnologías de digitalización en los distintos modos involucrados: transporte en camión, ferroviario, marítimo y aéreo. La inversión necesaria es de US$ 1.603 millones.
Cárceles: El sistema penitenciario cuenta con 41.762 plazas, lo que representa un aumento de 3,5% respecto del informe anterior. La ocupación promedio es de casi 94%, aunque en algunos recintos llega a 133% y los proyectos actualmente en construcción aportarán 14.117 plazas. El principal desafío es ofrecer más dignidad a los reclusos e impulsar su reinserción social y laboral. Para esto, la inversión requerida es de US$ 1.476 millones. Por otra parte, una primera aproximación en materia de infraestructura judicial permite identificar una inversión estimada de US$ 740 millones.
