El próximo 16 de noviembre de 2025, Chile vivirá una nueva elección presidencial y parlamentaria. Con la inscripción automática y el retorno del voto obligatorio, los ciudadanos se preparan para ejercer su derecho en un proceso que combina normativa clara, procedimientos definidos y control territorial riguroso.
El abogado constitucionalista Alan Bronfman, profesor de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), advierte que estas elecciones requieren atención a los plazos de campaña, documentación y constitución de mesas receptoras, especialmente en las zonas rurales y regiones con alta dispersión geográfica.
“La elección presidencial se efectuará el tercer domingo de noviembre junto con la de parlamentarios. Esto garantiza un período prudente para el escrutinio de votos y resolución de reclamaciones, permitiendo que el proceso cumpla con estándares de transparencia y certeza jurídica en todo el país, desde Arica hasta Magallanes”, señala Bronfman.
Derecho a voto y participación ciudadana
Según el Artículo 13 de la Constitución, tienen derecho a sufragio los ciudadanos chilenos mayores de 18 años que no hayan sido condenados a pena aflictiva. Además, los chilenos residentes en el extranjero pueden participar en primarias presidenciales, presidenciales y plebiscitos nacionales, regulados por leyes orgánicas constitucionales.
“El ejercicio del derecho a voto no solo incluye la emisión de sufragios, sino también la organización de la participación desde el extranjero, asegurando equidad y control en todos los territorios donde residen ciudadanos chilenos”, indica Bronfman.
En cuanto a la documentación, el votante debe presentar cédula de identidad o pasaporte vigente. Se aceptan documentos vencidos hasta 12 meses antes de la elección. Ningún otro certificado puede sustituirlos, asegurando que la identificación sea uniforme y confiable.
Históricamente, la participación electoral en Chile ha oscilado entre el 40% y el 60% del padrón. Con el retorno del voto obligatorio, se espera que las cifras de asistencia aumenten, especialmente en zonas urbanas densas y regiones con alta dispersión rural. Este cambio tiene un impacto directo en la planificación logística y en la asignación de vocales de mesa.
Plazos de campaña y propaganda electoral
La Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios (LOCVPE) regula la propaganda electoral desde el sexagésimo hasta el tercer día antes de la elección. Para 2025, este período va del 17 de septiembre al 13 de noviembre. Dentro de este marco, los candidatos pueden utilizar prensa, radio, redes sociales y brigadas en vía pública, garantizando equidad en la difusión de candidaturas.
“Este marco temporal asegura que los votantes tengan acceso a información completa y regulada, evitando saturación de propaganda y permitiendo decisiones informadas, especialmente en regiones con menor acceso a medios digitales”, explica el abogado constitucionalista.
Vocales de mesa y constitución de locales electorales
La instalación de mesas receptoras es clave para la transparencia del proceso. Los vocales se reúnen a las 8:00 horas, verifican el material electoral y constituyen la mesa, asegurando que las urnas sean inviolables y la cámara secreta cumpla normas de privacidad.
“Los vocales levantan un acta detallada que incluye nombres de asistentes e inasistentes, apoderados presentes y contenido de los útiles electorales. Garantizan la seguridad de las urnas y supervisan la privacidad de los votos en cada región”, afirma Bronfman.
Las regiones que elegirán senadores en estas elecciones son Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, Araucanía y Aysén, lo que requiere coordinación territorial y logística eficiente. El cumplimiento de estas normas asegura que el proceso sea confiable y homogéneo en todo el país.
Votos nulos, en blanco y su impacto
Un tema recurrente es la diferencia entre voto nulo y en blanco. El primero presenta marcas o expresiones que impiden identificar la preferencia, mientras que el segundo no contiene ninguna marca.
“Comprender estas diferencias es fundamental para que los electores ejerzan su derecho con conocimiento, evitando que su intención se pierda en el escrutinio, especialmente en territorios donde la participación puede ser menor y los márgenes de error afectan los resultados finales”, destaca el académico.
La correcta distinción entre ambos tipos de voto tiene impacto territorial, pues la distribución geográfica de votos nulos o en blanco puede modificar la representación parlamentaria y la interpretación de los resultados en regiones específicas.
Impacto territorial y logística electoral
El retorno del voto obligatorio y la inscripción automática exige planificación regional, especialmente en zonas rurales de Atacama, Araucanía o Aysén, donde el acceso a locales de votación es más limitado. La instalación de mesas, la disponibilidad de vocales y el control de urnas se convierten en elementos clave para garantizar la participación.
“La organización territorial no solo asegura que cada ciudadano pueda ejercer su derecho, sino que también fortalece la democracia regional al permitir un proceso uniforme y seguro, desde el norte hasta el sur del país”, concluye Alan Bronfman.
La combinación de normativa clara, documentación válida, capacitación de vocales y control territorial posiciona a Chile como un país que busca elecciones presidenciales transparentes, inclusivas y confiables, capaces de reflejar la voluntad ciudadana en cada región.
