[Entrevista] Francisco Leturia, presidente del CPLT: “Hubo generaciones de políticos, de lado y lado, que fueron laxos en cuestiones como los conflictos de intereses”

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Poderyliderazgo.cl conversó en extenso con el abogado y Doctor en Derecho, quien recientemente asumió la presidencia del Consejo para la Transparencia, sobre la realidad nacional y los desafíos pendientes para combatir la corrupción en el país


El pasado 29 de abril Francisco Javier Leturia Infante asumió como presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT) tras la sesión 173 del organismo. En la ocasión el académico de la Universidad Católica manifestó que “Hemos ayudado a crear una cultura de la transparencia, que antes no existía y que son los cimientos para todo lo que estamos por hacer. Estamos aportando un nuevo Chile. Soñamos con mejorar nuestras vidas, empoderar a las personas, disminuir los espacios para las malas prácticas, los abusos y la corrupción”.

Para ahondar en su visión de la realidad nacional y regional en cuanto transparencia, probidad y anticorrupción, conversamos con Leturia Infante, quien se desempeñó entre los años 2010 y 2014 como agregado ante los Organismos de Naciones Unidas (Ginebra, Suiza) y también como autor de diversas publicaciones en temas como el debido proceso, la libertad de expresión y el derecho a la información, la interpretación de los derechos constitucionales y la modernización de la justicia.


Usted asumió recientemente la presidencia del Consejo para la Transparencia, ¿Qué significa para usted asumir este desafío en términos profesionales como personales?

“La verdad es que he estado cuatro años en el Consejo para la Transparencia desde el rol de consejero. Eso me da la posibilidad de conocer por dentro la institución bastante bien, entender las necesidades y los desafíos que tenemos. Ahora, presidir el Consejo es un honor, y existe el espacio para nuevas propuestas en las formas de hacer y de pensar lo que hacemos; creo que eso es sumamente motivante”.

 

“En lo personal, nunca había desempeñado un cargo público en primera línea, no había estado involucrado tan directamente en asuntos públicos, aunque siempre los he observado con especial interés. Eso me hace pensar en que esta presidencia tiene que ver con los signos de los tiempos. Las personas, los ciudadanos y ciudadanas nos podemos involucrar con todo lo que está pasando en un momento de inflexión, en un país en el que estamos viendo una serie de cuestiones sumamente delicadas –en materia de seguridad pública, narcotráfico, por ejemplo-, que requieren el que muchas personas, que no tenían historia política y que no obedecen a códigos tradicionales, se involucren más. Porque si queremos ser optimistas respecto del futuro, y yo lo soy, eso requiere comprometerse, requiere trabajar en un nuevo futuro, con cambios en materias que hemos visto se han torcido y mal”.


¿Cuál será el sello que buscará impregnar en su gestión?

“Este sello tiene que mucho que ver con el sentido común, con estar de acuerdo con lo que piensa casi todo el mundo, y esa lógica me siento afortunado con este trabajo, porque la gente demanda transparencia y ponerla al servicio de luchar contra la corrupción. Desde el Consejo podemos canalizar la voz de la gente, y apoyar al poder, a los gobiernos, a los municipios, a los organismos públicos en general, pero no por la vía de las palabras bonitas sino por la vía de exponer la verdad.  En esto creo que la verdad tiene una fuerza sobrenatural para hacer que las cosas anden mejor”.

“Las y los funcionarios, las autoridades, las instituciones del Estado tenemos que hacerlo bien porque en caso contrario se va a saber. Se va a saber si hay mal uso de recursos, si se contrató a un pariente o si se hizo algo indebido. Y en sacar a la luz esa verdad es que el Consejo, bajo mi presidencia, tendrá un rol preponderante”.

“Es clave es que todos tengamos claro que nosotros aportamos con impuestos, elegimos a las autoridades y tenemos derecho a conocer en detalle el trabajo que éstas hacen. Por ejemplo, en materia de seguridad no podemos estar sumergidos en la ignorancia o en la desinformación. No corresponde en una república democrática”.


De acuerdo con el último ranking de Transparencia Internacional se reafirmó que Chile no ha avanza en materia de transparencia, a su juicio, ¿Cuáles son los principales motivos para esta realidad?

“Este ranking refiere a percepción de corrupción, por lo tanto, no puede sorprendernos que Chile ocupe el lugar que ocupa. Los últimos años, como país hemos estado inmersos en un contexto público que nos asombra cada cierto tiempo, con el descubrimiento de nuevos hechos de corrupción y, lamentablemente, no de hechos aislados, sino que de máquinas que se habían institucionalizado para robar y abusar de dineros públicos, o de malas prácticas -como ocurrió con el Pacogate o con los concejales cuando se capacitaban en destinos paradisiacos-. Las cifras desfalcadas en esos ámbitos han sido enormes”.

“Esos hechos, además, se han complementado con otros que provienen de asociaciones público-privadas, como el caso de las luminarias, las licitaciones de basura; y un largo listado de casos, a los que también podemos sumar a las corporaciones municipales. Con todo eso como telón de fondo, nos hemos mantenido en el ranking solo porque otros países han tenido un peor desempeño; de lo contrario, muy probablemente habríamos descendido”.


A su entender, ¿Los Senadores y Diputados tienen una real voluntad y compromiso para legislar en favor de nuevas herramientas y mecanismos que nos doten de una mayor transparencia en la gestión pública nacional?

“Pienso que sus declaraciones públicas van en la línea de una mayor transparencia, pero habrá que evaluar los hechos, las acciones. Para que haya avances en la materia, se requieren ajustes legislativos”.

“Las nuevas autoridades se están recién instalando, pero no es un buen resultado constatar que el proyecto de ley que prometía una mejora a la Ley de Transparencia, a más de 3 años de su presentación, aún no haya podido ser promulgado. Es ahí donde verificamos que necesitamos más hechos que declaraciones de intenciones”.


¿Qué expectativas tiene del Gobierno del presidente Boric en esta materia?

“No puedo responder a esta pregunta, porque no compete al Consejo para la Transparencia entidad autónoma., como lo es Contraloría, tener opiniones políticas como la que se me está pidiendo”.

 

“Ahora, lo que sí podría decir, en base a los encuentros que he sostenido con el ministro Giorgio Jackson, es que hay una buena disposición a avanzar en el perfeccionamiento de la Ley de Transparencia y en otras normas con igual objetivo. Además, en el contexto de la campaña del presidente Boric, éste se comprometió expresamente al firmar un decálogo en materia de transparencia que incluye cuestiones que creemos que son mínimos en este ámbito”.


Uno de los principales argumentos de quienes son contrarios al proceso de descentralización, es que no existen herramientas concretas para impedir la corrupción en la gestión de los gobiernos regionales. ¿Qué tan real es esta afirmación? ¿Cuál es la relación de hechos entre el nivel central y regional?

“La promesa de la descentralización debiera estar ligada a acciones anticorrupción que aseguren el adecuado uso de los recursos de todos los chilenos y chilenas. Todos merecemos saber en qué se gasta el dinero público”.

 

“Los gobernadores regionales son autoridades nuevas a nivel país y requieren generar confianza en la nueva institucionalidad. Desde que asumieron hemos mantenido contacto con ellos y hemos firmado convenios con gobiernos regionales para poder apoyarlos en la implementación de una serie de prácticas y mecanismos de transparencia que creemos les pueden ayudar a informar, a dar a conocer avances en este ámbito. Dicho esto, es importante subrayar que son ellos los llamados a llevar a la práctica iniciativas que generen confianza, que muestren que están haciendo la pega bien y que están empujando la apertura en sus administraciones para que la gente sepa, conozca y confíe. Por lo tanto, no creo que existan fórmulas concretas para impedir la corrupción a nivel de los gobiernos regionales ni de ninguna otra institución, lo que sí existen son herramientas y hay que usarlas y mejorarlas también”.

“Es importante, eso sí, saber que la corrupción cambia y se va adecuando a las nuevas realidades, por lo tanto, el monitoreo, el control, la fiscalización y la para perseguir la corrupción son tareas permanentes. No se trata de instalar herramientas y luego sentarse a descansar. Esta es una labor 24/7 y que no termina”.


A nivel de regiones, ¿cuáles son las principales brechas que el CPLT identifica como claves reducir para avanzar decididamente en materia de transparencia y probidad?

“Chile está atravesando por una profunda crisis de confianza social y política, que se caracteriza, entre otras cosas, por la percepción de menores niveles de integridad y transparencia en el ejercicio de la función pública. Corrupción que peligrosamente se ha ido generalizando en algunas de nuestras instituciones, introduciendo una sensación de desconfianza en la opinión de la ciudadanía respecto de las instituciones públicas. Por ello, resulta fundamental el rol que cumplen los distintos gobiernos regionales, en especial luego de las modificaciones legales que introdujeron la figura del gobernador y de los delegados presidenciales”.

“En ese sentido, existe un desafío del punto de vista legislativo, de introducir más transparencia y publicidad en las actuaciones de los gobiernos regionales, ya que manejan importantes recursos públicos destinados justamente a satisfacer las necesidades regionales mas apremiantes y que se relacionan con servicios muy demandados por la ciudadanía como el transporte, por ejemplo. Adicionalmente, se requiere exigir a los gobiernos regionales mayores niveles de rendición de cuentas sobre el manejo y administración de los recursos destinados a las regiones, de modo tal de reducir los niveles de opacidad y reducir cualquier riesgo de corrupción en el manejo de sus presupuestos”.

“Un mayor control social sobre los gobiernos regionales permitirá a la ciudadanía estar mas al tanto de lo que ocurre con el destino de las inversiones que deben aprobarse anualmente por parte de estos, y disipar de esa forma cualquier atisbo de malversación o desvío de fondos públicos”.


¿Cómo evalúa el quehacer de los municipios en materia de transparencia y probidad?

“Como Consejo hemos mantenido durante años un trabajo a nivel municipal con los funcionarios públicos, para capacitarlos en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, entre otras cuestiones. Sin embargo, es innegable que a nivel municipal hay una problemática que no sólo el Consejo ha identificado”.

“El Consejo de Defensa del Estado entregó cifras de 2020, estableciendo que la mitad (52%) de los municipios del país está bajo investigación por diversos delitos de corrupción. Un 71% de las causas ingresadas en ese año corresponden a materias penales en que se investigan delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencia, entre otros, y están vinculadas a 180 alcaldías”.

“El país acaba de pasar por una renovación bien importante de las autoridades en 190 municipios. Y en ese escenario hemos podido ir viendo situaciones complejas, muchas que han derivado en auditorías, lo que es bueno, porque se deben abrir las puertas en ciertos municipios, es bueno y sano para la democracia”.

“El Estudio Nacional de Transparencia en su ultima versión nos mostró que es a los municipios donde las personas recurren cuando necesitan información pública, son la cara del Estado para las personas, pero no siempre tenemos los mejores resultados en cuanto a acceso a la información, por desconocimiento de los funcionarios o por falta de recursos”.

“La voluntad de los alcaldes es sumamente importante, porque no se trata de un problema estructural. Como Consejo, con 13 años de historia, a partir de procesos de fiscalización se ha podido poner en evidencia que municipios pequeños, con pocos recursos, son capaces de implementar prácticas importantes y que son capaces de aplicar la Ley de Transparencia. A diferencia de municipalidades grandes, urbanas, con recursos, que simplemente prefieren tener sus propias normas y fallan en el cumplimiento de la norma”.


En la misma línea, ¿qué tan compleja es la realidad de las corporaciones municipales en cuanto a transparencia?

“Hemos visto cómo en diversos municipios se destapó una situación que nosotros ya habíamos denunciado desde hace mucho y que tenía que ver con el funcionamiento como verdaderas cajas negras de las corporaciones municipales.  A partir de un vacío legal, las corporaciones podían operar sin regirse por la Ley de Transparencia, quedando alejadas del ojo público al crearse como personas jurídicas de derecho privado”.

“Ahora, la Contraloría a fines del año pasado, a partir de un dictamen que permite la aplicación de las obligaciones de transparencia en este tipo de organismos, permitirá avanzar en esta área, que sabemos es un espacio de oscuridad que tiene que abrirse, porque muchas veces con la excusa de operar más rápido o ejecutar recursos con mayor agilidad se cubrían directamente ilegalidades”.


Finalmente, ¿qué mensaje le entrega a ciudadanía en cuanto a la importancia de contar con más y mejores sistemas de transparencia y anticorrupción y su relación e impacto con el día a día de los chilenos?

“En nuestro país dejamos pasar demasiadas cosas por largo tiempo. Si miramos muchos de los problemas que hay hoy en día, no podemos responsabilizar solo a los que están ahora o al gobierno anterior. Creo que hubo generaciones de políticos, de lado y lado, que fueron laxos en cuestiones como los conflictos de intereses, que fueron tolerantes con ciertos tipos de delitos y situaciones de impunidad”.

“Todo ello, es parte del diagnóstico que hemos hecho como institución, ayudó a generar esta sensación de malestar de la gente, y eso actualmente lo estamos pagando todos de manera muy brusca. Estamos en una situación de deterioro institucional acumulativa y que tampoco la vamos a resolver en poco tiempo”.

“Por eso, creo que materias asociadas a transparencia y acceso a la información tienen que ver con exponer al poder para que el sistema y el poder funcione bien. Tiene que ver con el buen gobierno, con la participación, con la calidad de la democracia. La transparencia la hacemos todos y todas: las instituciones y autoridades al cumplir y rendir cuentas; pero también las personas al ejercer su derecho de acceso a la información y al ejercer el control social. Como Consejo, esa es nuestra misión: colaborar para que ese círculo virtuoso de ejercicio de derechos ciudadanos y exigencia institucional, funcione y se robustezca de la mejor manera posible”.


 

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