La académica de la Universidad de Las Américas advierte que la irregularidad migratoria, la falta de trazabilidad y la ausencia de verificación presencial pueden dejar a niñas, niños y adolescentes migrantes expuestos a redes de trata y explotación
Por Daisy Castillo Triviños
El debate por la situación de niñas, niños y adolescentes migrantes volvió a tensionar al Estado chileno tras conocerse un preinforme de la Contraloría General de la República que reveló fallas de control e irregularidades administrativas en el ingreso de menores haitianos al país mediante programas de reunificación familiar.
De acuerdo con los antecedentes del caso, una muestra aleatoria detectó que 64 menores de Haití no vivían en las direcciones registradas. Luego de un proceso de búsqueda realizado por Carabineros y la PDI, se logró ubicar a la totalidad de los menores, estableciéndose que la mayoría estaba escolarizada y residía con familiares biológicos. Sin embargo, el hallazgo abrió una pregunta mayor: cuánto sabe realmente el Estado sobre el paradero, condiciones de vida y entorno protector de los niños que ingresan al país.
La preocupación se intensificó luego de que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretara prisión preventiva para dos ciudadanos haitianos, Jean Chery Dormeus y Ezechiel Rome, acusados de liderar una red internacional dedicada al tráfico ilícito de menores, asociación criminal y lavado de activos, a través de agencias de viaje que habrían cobrado hasta $3 millones por menor.
En este escenario, Poderyliderazgo.cl conversó con María Lorena Rossel, doctora en Derecho e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Las Américas, sede Viña del Mar, quien lideró el estudio “Género, migración y violencia: la trata de niñas en el Siglo XXI desde los estándares internacionales y la situación en Chile”.
Rossel advierte que el problema no se reduce a un grupo específico de menores ni a una nacionalidad determinada. A su juicio, la combinación entre irregularidad migratoria, hacinamiento, pobreza, segregación territorial y falta de seguimiento estatal crea condiciones de riesgo para la niñez migrante, especialmente para niñas y adolescentes expuestas a redes de trata, explotación sexual y otras formas de violencia estructural.
Según la académica, entre 2011 y 2022, el 74,5% de las investigaciones por trata de personas en Chile correspondieron a mujeres y, dentro de ese grupo, más del 16% de las víctimas eran menores de edad. A ello se suma que un 21% de los hogares migrantes vive en condiciones de hacinamiento, factor que profundiza la vulnerabilidad social y territorial.
La invisibilidad institucional es incompatible con la protección
¿Cuál es su opinión sobre la situación de niños, niñas y adolescentes migrantes que ingresan a Chile, más allá del caso haitiano?
La situación de los niños, niñas y adolescentes migrantes en Chile es preocupante, porque enfrentan condiciones estructurales de exclusión y vulnerabilidad que no son el resultado de situaciones individuales, sino que, además, forman parte de una intersección de factores como la pobreza, la segregación socio-espacial, la irregularidad migratoria y la ausencia de políticas públicas con enfoque de género y de niñez.
Lo que más preocupa no es sólo la precariedad material, sino también la invisibilidad institucional de estos niños. Hemos visto que ingresan a Chile, se desconoce su paradero, no hay registro ni seguimiento de esos niños. Esa invisibilidad es incompatible con la protección que Chile ha asumido internacionalmente.
¿Cuáles son los principales hallazgos de su investigación sobre trata de niñas migrantes?
La trata de niñas migrantes constituye una de las formas más graves de violencia estructural en el Siglo XXI. El Modus operandi criminal es el engaño y es la principal vía de captación, utilizando promesas falsas de empleo formal o de servicios de cuidado. La explotación sexual es el principal objetivo.
El estudio alerta de forma particular sobre los procesos de hipersexualización y racialización de niñas migrantes, junto con la ubicación en barrios segregados y vulnerables, donde las redes criminales operan con mayor impunidad. También, la falta de identificación oportuna por parte de funcionarios, impide activar protocolos de protección.
¿Qué ocurre con la ejecución de políticas públicas en esta materia?
Se evidencian brechas significativas en la implementación de políticas públicas con enfoque de género e infancia, especialmente, en lo que respecta a niñas migrantes en situación irregular. El diseño normativo y la práctica institucional siguen caminos disociados.
Fallas de trazabilidad y respuesta estatal
La Contraloría reveló una grave descoordinación interinstitucional en el Programa de Reunificación Familiar de menores haitianos, especialmente en comunicación y trazabilidad de datos entre el Servicio Nacional de Migraciones, la PDI y la Subsecretaría de la Niñez. ¿Cuál es su visión?
Chile enfrenta una situación crítica. Aunque ha ratificado tratados internacionales y cuenta con legislación específica, la implementación es insuficiente y desarticulada, especialmente respecto de niñas migrantes en situación irregular.
En comparación con otros países de la región, se muestra un déficit en la protección efectiva, una baja tasa de reconocimiento de solicitudes de refugio y una respuesta institucional que tiende a priorizar la seguridad fronteriza por sobre los derechos humanos.
¿Se puede afirmar que el Estado no está cumpliendo plenamente sus compromisos internacionales en materia de niñez migrante?
El Estado chileno tiene obligaciones jurídicas precisas e irrenunciables en esta materia que derivan tanto de la Convención sobre Derechos del Niño y también de la Ley N°21.325 que es la Ley de Migración y extranjería. La Convención establece que el interés superior del niño debe ser la consideración primordial y la Ley N°21.325 impone al Estado el deber de adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales necesarias para asegurar el pleno ejercicio de los niños, niñas y adolescentes, desde su ingreso en el territorio nacional con independencia de la situación migratoria de sus padres y cuidadores.
A su juicio, ¿qué rol debiera cumplir el Estado y las instituciones vinculadas al ingreso de niños migrantes por reunificación familiar?
En relación al ingreso de los niños migrantes bajo el sistema de reunificación familiar, el Estado ha actuado de manera insuficiente y, además, desordenada. No existe una verificación presencial, ni entrevista, respecto de las gestiones que se realizan, ya que el trámite digital y documental.
No hay una evaluación del entorno familiar al cual se va a integrar el niño, no hay ningún mecanismo que permita verificar si al hogar al que ingresa reúne condiciones adecuadas de seguridad, de educación, no hay una lógica de protección de los derechos de los niños. Para los adultos migrantes, el procedimiento puede ser suficiente, pero para los NNA es insuficiente.
Rediseñar el sistema de reunificación familiar
¿Cómo se debería avanzar y qué medidas considera urgentes?
Es urgente rediseñar el procedimiento de reunificación familiar. Es necesario establecer un sistema de alerta y derivación automática de organismos de protección, ya que el procedimiento que existe hoy día, no contempla ningún mecanismo que active alguna alerta cuando existe irregularidad en el vínculo declarado, debieran establecerse criterios de derivación automática al Servicio Mejor Niñez y cuando corresponda también al Ministerio Público, cuando los niños ingresan por pasos no habilitados o sus documentos de origen presentan inconsistencias.
La gran dificultad es que el mecanismo de reunificación familiar podría estar siendo utilizado por redes criminales, las que han evolucionado. Las fallas estructurales que hemos determinado y que existen, tienen una escasa capacidad de detectar institucionalmente, las rutas de ingreso irregular.
Lamentablemente, Chile reúne varias condiciones para que las redes criminales puedan utilizar esos vacíos que existen para realizar algún tipo de delito relativo a niños, niñas adolescentes como la trata de migrantes o cualquier otra práctica donde se utilice al niño con fines criminales.
¿Qué hacer?
Como propuesta, la Dra. María Lorena Rossel recomendó “implementar protocolos de identificación temprana con enfoque de niñez y género; fortalecer la formación de agentes estatales en derechos humanos y trata de personas; garantizar la regularización migratoria expedita para niñas y adolescentes; y promover políticas territoriales inclusivas que reduzcan la segregación y mejoren las condiciones de vida en zonas vulnerables”.
En cuanto al rol de la ciudadanía, subrayó que “puede contribuir mediante campañas educativas, acompañamiento legal a las víctimas tanto en el proceso como con posterioridad a él y redes comunitarias que permitan detectar tempranamente situaciones de trata y apoyar a las víctimas”.
La advertencia de Rossel instala una discusión que va más allá del control migratorio. El punto de fondo es si Chile cuenta con un sistema capaz de proteger efectivamente a niños, niñas y adolescentes migrantes desde su ingreso al país, o si la falta de trazabilidad, coordinación y seguimiento seguirá dejando espacios abiertos para que redes criminales exploten la vulnerabilidad de la infancia.
