Por Juan Fontaine Correa, fundador y CEO de Accionet
Hay una pregunta que aparece cada vez con más frecuencia en los directorios de las grandes empresas que operan en Chile: “¿Cuánto vale, en cifras concretas, lo que hacemos en los territorios?” La respuesta casi siempre es la misma: “No lo sabemos ni podemos cuantificar con precisión”.
Esa incertidumbre tiene un costo que va mucho más allá de un ítem en el presupuesto, porque refleja una brecha crítica entre inversión y comprensión real del impacto territorial.
Chile es un país de territorios complejos. La minería en el norte, la industria forestal en el sur o los proyectos energéticos en zonas costeras conviven con comunidades que tienen historia, demandas e identidad propias. Las empresas invierten millones en programas de relacionamiento comunitario e iniciativas ESG, pero es difícil rendir cuenta de ese impacto en los estados financieros.
Los datos existen, pero están dispersos, fragmentados, o enterrados en sistemas que dificultan verlos, entenderlos o actuar sobre ellos a tiempo.
En el mundo empresarial chileno existe una suerte de contrato implícito con los territorios: si operas en una comunidad, tienes la obligación de cuidarla. Sin embargo, muchas empresas todavía gestionan ese relacionamiento desde la reactividad, actuando cuando hay conflicto, o invirtiendo cuando hay presión. Predomina una lógica de respuesta más que de anticipación, mientras la gestión territorial sigue sin integrarse plenamente a la estrategia del negocio.
La toma de decisiones basada en datos no es un concepto nuevo en el mundo empresarial. Las empresas llevan décadas midiendo producción, costos y mercados. Pero cuando se trata del territorio, del impacto ambiental de sus operaciones o de la percepción de las comunidades, la brecha sigue siendo enorme. Los datos existen, pero sin integración ni análisis pierden valor estratégico, y sin esa lectura es difícil construir una gestión coherente y sostenible.
El desafío ahora es convertir esa información en indicadores estratégicos para mejorar la toma de decisiones. Y esta necesidad no es exclusiva del mundo privado, también involucra a municipalidades y gobiernos regionales que administran territorios con recursos escasos y demandas crecientes. La gestión territorial requiere información útil, oportuna y comprensible, mientras la coordinación público-privada aparece como un factor clave para avanzar.
Lo que necesitan las empresas, gobiernos y comunidades es un puente entre la información que se genera en los territorios y las decisiones que los afectan. Una herramienta que consolide datos dispersos en visualizaciones que cualquier gerente o alcalde pueda leer y entender de un vistazo.
El monitoreo ambiental fragmentado puede transformarse en alertas anticipatorias, y la percepción comunitaria en indicadores que permitan actuar antes del conflicto. La tecnología para hacerlo existe y Chile tiene la capacidad de desarrollarla según su propia realidad.
El territorio habla todo el tiempo a través de sus variables medioambientales, sociales y comunitarias. El desafío es integrar esas múltiples fuentes de información para generar métricas claras sobre cómo ciudadanos y grupos de interés perciben la gestión de proyectos e iniciativas.
Transformar datos en información accionable es hoy una ventaja competitiva, y las organizaciones que lo logren podrán reducir riesgos y fortalecer su legitimidad territorial. Porque los territorios siempre hablan. La tarea pendiente es aprender a leer lo que dicen y actuar a tiempo.
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