El proyecto ingresado en 2024 continúa en el Senado sin despacho final, en una etapa donde se definirán criterios de riesgo, exigencias regulatorias y responsabilidad legal, factores que determinarán su impacto en innovación, inversión y uso de datos en Chile
Hace casi dos años, el Congreso buscó anticiparse a la irrupción de la inteligencia artificial con un proyecto de ley que avanzó con rapidez en su primera etapa. Hoy, con la iniciativa aún en el Senado, el desarrollo tecnológico ha seguido un ritmo más acelerado que la regulación, abriendo una distancia que comienza a reflejarse en decisiones empresariales y en la operación de sistemas basados en datos.
Ese desfase no es solo temporal. El paso del proyecto desde la Cámara de Diputados al Senado trasladó la discusión al espacio donde se define su alcance real, incorporando un componente político en torno al nivel de exigencia regulatoria y sus efectos en innovación. Ahí se juega el equilibrio entre resguardar derechos y no frenar el desarrollo tecnológico.
Una arquitectura regulatoria que redefine el uso de la IA
El proyecto propone un marco amplio que ordena el desarrollo de estas tecnologías. Se establecen principios obligatorios, se prohíben aplicaciones consideradas de riesgo inaceptable y se regulan sistemas de alto impacto, configurando un esquema que introduce exigencias diferenciadas según el nivel de riesgo. Ese diseño determina cómo se aplicarán controles, auditorías y responsabilidades en el uso de inteligencia artificial.
Al mismo tiempo, se incorporan derechos para los usuarios. La posibilidad de conocer cuándo una decisión es tomada por un sistema automatizado y exigir explicaciones introduce un estándar de transparencia que hoy no es obligatorio, con efectos directos en ámbitos como servicios financieros, salud o gestión de datos.
Lo que se juega en el Senado
| Punto crítico | Qué se define en esta etapa | Impacto en empresas y mercado |
|---|---|---|
| Clasificación de riesgo | Qué sistemas serán de alto o riesgo inaceptable | Determina restricciones y exigencias |
| Prohibiciones | Usos que quedan fuera del marco legal | Limita aplicaciones tecnológicas |
| Carga regulatoria | Nivel de auditorías, controles y trazabilidad | Aumenta costos operacionales |
| Transparencia | Derecho a explicación en decisiones automatizadas | Impacta uso de algoritmos |
| Responsabilidad legal | Quién responde por errores de sistemas IA | Define riesgos jurídicos |
| Fiscalización | Rol de organismos supervisores | Determina efectividad de la ley |
Empresas, inversión y señales al mercado
Las definiciones que se adopten en esta etapa no quedan en el plano normativo. El nivel de exigencia regulatoria influirá en cómo las empresas diseñan, implementan y escalan soluciones basadas en inteligencia artificial, incidiendo directamente en procesos productivos y modelos de negocio. La regulación comienza a operar como una variable estratégica para la competitividad del país.
Esa señal ya se percibe en el mercado. La falta de definiciones finales introduce incertidumbre en la planificación de inversiones, especialmente en sectores intensivos en datos, donde el uso de inteligencia artificial se ha vuelto estructural en la operación diaria.
La comisión que define el equilibrio
El avance del proyecto depende de la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, presidida por el senador Rojo Edwards Silva e integrada por Ricardo Celis Araya, Daniella Cicardini Milla, Luciano Cruz-Coke Carvallo y Manuel José Ossandón Irarrázabal. En esa instancia se cruzan visiones sobre cuánto regular y cómo hacerlo, en un debate que incorpora posiciones distintas respecto del impacto en innovación y desarrollo tecnológico.
En paralelo, el debate comienza a recibir presión desde fuera del Congreso. La Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI) advirtió que “Chile necesita una regulación moderna, equilibrada y basada en evidencia. No una ley apurada que arriesgue nuestro desarrollo digital”, instalando una señal sobre los riesgos de un diseño normativo que no considere la dinámica del sector.
A ello se suma otro factor relevante, ya que el impacto acumulado de regulaciones en datos, ciberseguridad y tecnología empieza a configurar un entorno más exigente para las empresas, lo que vuelve más relevante la forma en que se estructure esta ley.
Una ley que llega después del cambio tecnológico
Mientras el proyecto sigue su curso legislativo, la inteligencia artificial ya forma parte de operaciones en sectores clave como finanzas, salud, logística y servicios, consolidándose como infraestructura productiva. La regulación avanza a un ritmo distinto, dejando al Senado con la responsabilidad de definir un marco que logre ordenar ese proceso.
Ahí está el punto de fondo. La decisión que adopte el Senado no solo regulará una tecnología en expansión, sino que determinará el margen de desarrollo digital del país en los próximos años, en un entorno donde los datos y los algoritmos comienzan a estructurar decisiones económicas de alto impacto.
