Un análisis de Validate advierte que el principal riesgo ya no está solo en cumplir la normativa, sino en poder demostrar ese cumplimiento frente a fiscalizaciones, auditorías y empresas mandantes
La implementación de la Ley de 40 horas comenzó a generar nuevos impactos sobre uno de los sistemas más sensibles de la economía chilena: la subcontratación.
La reducción gradual de la jornada laboral, que pasó de 45 a 44 horas en 2024 y desde mayo de este año bajó a 42 horas, no solo está modificando la organización interna de las empresas. También comienza a tensionar contratos, estructuras de costos, sistemas de control y mecanismos de supervisión sobre terceros.
Ese es uno de los principales puntos que aborda un nuevo análisis elaborado por Validate, empresa especializada en validación integral de contratistas, que advierte sobre una creciente distancia entre cumplir formalmente la normativa laboral y contar con evidencia suficiente para acreditar ese cumplimiento.
La trazabilidad documental y el control sobre contratistas comienzan a transformarse en factores estratégicos para sectores intensivos en operación y mano de obra.
El documento sostiene que la subcontratación dejó hace tiempo de ser un fenómeno marginal dentro de la economía chilena. Según datos de la ENCLA 2023 de la Dirección del Trabajo citados en el informe, un 34,9% de las empresas subcontrata alguna actividad y la cifra supera el 54,4% en grandes compañías. Además, un 12,1% externaliza funciones directamente vinculadas a su giro principal.
El fenómeno adquiere especial relevancia en industrias como minería, construcción, logística y servicios, donde gran parte de la continuidad operacional depende de redes complejas de contratistas y subcontratistas. En sectores productivos estratégicos, el cumplimiento laboral ya no se evalúa solo desde la documentación, sino también desde la capacidad de demostrar control efectivo sobre terceros.
“Hoy no basta con tener documentos en regla”
El informe plantea que uno de los principales desafíos actuales no radica necesariamente en la falta de cumplimiento laboral, sino en la capacidad de las empresas para respaldar, verificar y demostrar ese cumplimiento frente a fiscalizaciones o conflictos laborales.
Según estudios de Deloitte y ESE Business School citados en el análisis, un 87% de las empresas declara realizar procesos de due diligence sobre terceros, pero solo un 17% cuenta con indicadores de cumplimiento completamente definidos. Más aún, apenas un 7% incorpora efectivamente a proveedores y contratistas dentro de esos sistemas de control.
Karina González, directora de Validate, explicó que la creciente complejidad regulatoria está obligando a las compañías a evolucionar hacia modelos verificables y permanentes de supervisión laboral. En esa línea, sostuvo que actualmente muchas organizaciones continúan enfocadas en reunir documentación, pero sin desarrollar sistemas capaces de acreditar de manera consistente el cumplimiento operativo de sus contratistas.
“Hoy no basta con tener documentos en regla. El verdadero desafío es contar con evidencia que permita sostener que una operación está protegida en el tiempo”, afirmó.
La ejecutiva agregó que la trazabilidad comienza a transformarse en un elemento crítico para sectores con alta dependencia de terceros, particularmente en minería, construcción y logística, donde la continuidad operacional depende de redes complejas de empresas contratistas y subcontratistas.
Ley de 40 horas comienza a impactar costos y operación
El análisis advierte además que la reducción de la jornada laboral comenzará a tener efectos directos sobre costos operacionales, planificación de turnos y administración de contratos, especialmente en industrias que operan bajo esquemas continuos o alta dependencia de servicios externos.
Según el documento, el paso desde 44 a 42 horas implica automáticamente un aumento de 4,8% en el valor hora trabajado y de 7,1% respecto del antiguo esquema de 45 horas.
El informe agrega que, en operaciones donde se requiere mantener continuidad mediante horas extraordinarias, el sobrecosto podría bordear el 6,7% por trabajador afectado. La presión económica derivada de la Ley de 40 horas comienza así a trasladarse tanto a empresas contratistas como a compañías mandantes.
Karina González señaló que el impacto de la nueva normativa excede ampliamente el ámbito estrictamente laboral y comienza a instalar desafíos operacionales y financieros relevantes para las empresas. La directora de Validate explicó que la reducción de jornada obliga a revisar contratos, estructuras de costos y mecanismos de control sobre terceros, particularmente en organizaciones donde existe una alta externalización de funciones críticas. “El impacto de la Ley de 40 horas no es solo laboral, también es operacional y económico. Obliga a revisar contratos, estructuras y niveles de control sobre terceros”, sostuvo.
Minería, construcción y logística aparecen entre los sectores más expuestos
El informe identifica a minería, construcción, logística y servicios intensivos en mano de obra entre las industrias que enfrentarán mayores exigencias de adaptación durante los próximos años.
El alto volumen de contratistas, la criticidad operacional y la presión regulatoria están empujando a muchas compañías hacia modelos más sofisticados de gestión laboral y control documental, especialmente frente al aumento de fiscalizaciones y exigencias de trazabilidad. La gestión de contratistas comienza a consolidarse como un elemento crítico para la continuidad operacional y reputacional de las empresas.
Solo durante 2024, la Dirección del Trabajo emitió más de 2,4 millones de certificados asociados a contratistas y registró 183.624 materias denunciadas, cifras que reflejan la creciente magnitud del sistema de control laboral en Chile.
Datos que explican la presión sobre la subcontratación
| Indicador | Cifra |
|---|---|
| Empresas que subcontratan actividades | 34,9% |
| Grandes empresas que subcontratan | 54,4% |
| Empresas que externalizan funciones críticas | 12,1% |
| Empresas con due diligence a terceros | 87% |
| Empresas con indicadores completos de cumplimiento | 17% |
| Empresas que incorporan contratistas en sus controles | 7% |
