Por Ricardo Neira Navarro, Decano Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Tecnologías. Universidad Academia Humanismo Cristiano
En Chile existe una pregunta tributaria que casi nunca se formula con la fuerza que merece: ¿por qué una empresa puede descontar gastos necesarios para producir, pero una familia no puede descontar gastos necesarios para vivir, cuidar, educar, trabajar y sostenerse?
La pregunta no es solo técnica. Es económica, política y profundamente social.
Una empresa puede rebajar insumos, arriendos, servicios, asesorías, transporte, tecnología y otros costos asociados a su operación. Esa lógica es razonable: para generar ingresos, una empresa debe incurrir en gastos. Sin embargo, una familia también incurre todos los meses en gastos indispensables para sostener la vida cotidiana: alimentos, medicamentos, salud, educación, transporte, servicios básicos, conectividad digital, arriendo, cuidados y apoyo a personas dependientes.
La diferencia es que la empresa puede reconocer tributariamente buena parte de esos costos. La familia, en cambio, consume, paga IVA y queda prácticamente invisible ante el sistema tributario.
Esa asimetría debería incomodarnos.
Chile tiene un IVA de 19%, aplicado ampliamente sobre bienes y servicios. Es un impuesto eficiente para recaudar, pero tiene un problema evidente: afecta proporcionalmente más a quienes destinan casi todo su ingreso al consumo. Una familia de altos ingresos puede ahorrar, invertir o distribuir su gasto de manera más flexible. Una familia trabajadora, en cambio, usa la mayor parte de sus ingresos en vivir.
Por eso, aunque la tasa sea la misma para todos, el impacto no es igual para todos. El IVA sobre alimentos, medicamentos o servicios básicos pesa mucho más en un hogar vulnerable o de clase media que en un hogar de altos ingresos. Para unos puede ser un costo marginal; para otros, puede ser la diferencia entre llegar o no llegar a fin de mes.
El debate tributario chileno suele concentrarse en las empresas, la inversión, la evasión, los altos patrimonios, la recaudación fiscal y el crecimiento. Todos esos temas son importantes. Pero falta una dimensión central: la justicia tributaria cotidiana de las familias.
Porque el sistema tributario no solo debe preguntarse cuánto recauda. También debe preguntarse a quién le pesa más esa recaudación.
Una alternativa innovadora sería crear en Chile la figura de la Unidad Económica Familiar Tributaria. No se trata de transformar artificialmente a las familias en empresas. Tampoco de abrir una puerta a la evasión ni de crear una franquicia para sectores acomodados. Se trata de reconocer algo elemental: los hogares son unidades económicas reales.
Las familias alimentan, educan, cuidan, transportan, sostienen la salud, permiten que las personas trabajen y hacen posible la reproducción social del país. Sin familias que sostengan la vida diaria, no hay mercado laboral, productividad ni desarrollo.
La Unidad Económica Familiar Tributaria permitiría que los hogares registren ciertos gastos esenciales y accedan a una compensación parcial. Esa compensación podría operar a través de tres mecanismos: devolución parcial del IVA en bienes básicos, crédito tributario familiar y deducción limitada de gastos esenciales.
Entre los gastos reconocidos podrían estar alimentos básicos, medicamentos, consultas médicas, educación, transporte público, servicios básicos, internet domiciliario, arriendo con tope, cuidados infantiles, cuidados de adultos mayores y gastos asociados a discapacidad o enfermedades crónicas.
El diseño, por supuesto, debe ser serio y fiscalmente responsable. No puede ser universal, ilimitado ni ingenuo. Debe tener topes, focalización, gradualidad y control digital. Debe excluir bienes suntuarios y consumos de lujo.
El beneficio debería concentrarse en hogares vulnerables, clase media, adultos mayores, familias con niños, hogares monoparentales, personas con discapacidad, enfermedades crónicas y familias con alta carga de cuidados.
Una implementación prudente podría comenzar por cuatro áreas críticas: medicamentos, alimentos básicos, transporte público y cuidados. Luego podría ampliarse gradualmente hacia salud, educación, conectividad y vivienda, siempre con evaluación fiscal anual y control del Servicio de Impuestos Internos.
La medida tendría especial fuerza para la clase media chilena. Esa clase media que paga impuestos, trabaja formalmente y cumple sus obligaciones, pero muchas veces no recibe beneficios sociales suficientes. No es lo suficientemente pobre ni lo suficientemente rica para absorber el costo de la vida.
Un crédito tributario familiar permitiría reconocer parte de sus gastos esenciales y aliviar su presupuesto anual. No reemplazaría una política salarial, previsional o de salud, pero sí corregiría una omisión evidente del sistema tributario.
Además, esta política podría incentivar la formalización. Si el beneficio depende de boletas electrónicas y gastos trazables, las familias tendrían mayor incentivo a exigir comprobantes. Eso fortalece la recaudación, reduce informalidad y mejora la transparencia del comercio.
También permitiría dar una señal poderosa sobre los cuidados. Chile envejece. Miles de familias cuidan niños, adultos mayores o personas dependientes, muchas veces sin reconocimiento. Ese trabajo sostiene silenciosamente la economía.
Incluir los cuidados como gasto esencial sería una señal moderna y justa. Cuidar no es solo un asunto privado: es una función social que permite que el país funcione.
Algunos dirán que basta con bajar el IVA. La idea puede parecer simple, pero no necesariamente es la más justa. Una rebaja general del IVA beneficia también a quienes no necesitan ayuda y puede tener alto costo fiscal. Además, no siempre se traspasa plenamente a precios.
Una devolución focalizada del IVA familiar básico, en cambio, permite dirigir el alivio a quienes realmente lo requieren. Es más precisa, más progresiva y más compatible con la responsabilidad fiscal.
La idea fuerza es simple, pero políticamente potente: si las empresas pueden descontar gastos necesarios para producir, las familias deberían recibir reconocimiento tributario por los gastos necesarios para vivir.
Chile necesita un pacto tributario que no se quede encerrado en balances corporativos, declaraciones de renta y grandes cifras macroeconómicas. Necesita un pacto tributario que entre al hogar y mire la economía cotidiana de las familias.
La familia chilena no necesita convertirse en empresa. Necesita que el sistema tributario reconozca sus gastos esenciales como la base económica de la vida social.
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