El Gobierno llega a su primer semestre con una megarreforma aprobada, avances legislativos y señales favorables en inversión y homicidios, pero también con desempleo elevado, bajo crecimiento, 45 salidas de autoridades y desaprobación que supera el 60%
Seis meses después de asumir La Moneda, el Gobierno de José Antonio Kast exhibe un balance marcado por contrastes. La aprobación de su principal reforma económica, una intensa actividad legislativa, mayores montos de proyectos aprobados ambientalmente y una nueva reducción de los homicidios conviven con una economía que perdió fuerza, desempleo de 9,5%, una alta rotación de autoridades y una desaprobación presidencial que llegó a 62%.
El deterioro económico terminó desplazando además el eje con que Kast inició su mandato. La seguridad, una de sus principales banderas electorales, cedió espacio frente al empleo y el crecimiento. Según la última Cadem, 79% considera que el Gobierno debe concentrar mayores esfuerzos en economía y trabajo, mientras 33% menciona seguridad, delincuencia y narcotráfico. La misma medición entrega al Ejecutivo una nota promedio de 3,4 y muestra que 62% considera que su gestión ha sido peor de lo esperado.
El propio Presidente reconoció la complejidad del cuadro. Al cumplir los seis meses admitió que el país enfrenta una inflación superior a la esperada y un nivel de crecimiento inferior al proyectado. El Banco Central redujo en septiembre su estimación para el PIB de 2026 a un rango de apenas 0,25% a 0,75%, después de advertir un debilitamiento de la demanda interna, deterioro del mercado laboral y menor producción minera.
La megarreforma y la apuesta por recuperar inversión
El mayor triunfo político de La Moneda durante el semestre fue la aprobación de la Ley de Reconstrucción Nacional, iniciativa que consiguió avanzar en el Congreso pese a una mayoría oficialista estrecha y cuestionamientos fiscales, laborales y ambientales durante su tramitación.
La reforma contempla, entre otras medidas, una reducción gradual de la tasa corporativa desde 27% a 23%, recursos extraordinarios para reconstrucción, incentivos transitorios para el sector vivienda y modificaciones destinadas a agilizar inversión y permisos. Su aprobación permitió al Ejecutivo mostrar capacidad para construir mayorías parlamentarias incluso en materias donde inicialmente no contaba con los votos suficientes.
La Moneda complementa ese resultado con su balance legislativo. Según las cifras elaboradas por el propio Ejecutivo, durante sus primeros seis meses fueron despachados a ley 33 proyectos impulsados por la administración, considerando mensajes presidenciales y mociones priorizadas mediante urgencias.
En igual período del Gobierno de Gabriel Boric fueron 18, una comparación que debe leerse como un indicador de productividad parlamentaria y no necesariamente de impacto efectivo de las políticas aprobadas.
Otro de los argumentos utilizados por el Ejecutivo está en inversión. El Gobierno cifra en US$32.923 millones los proyectos aprobados ambientalmente durante sus primeros seis meses y sostiene que otros US$17.000 millones han logrado avanzar mediante decisiones administrativas y comités de ministros. Son señales importantes para los próximos años, aunque una Resolución de Calificación Ambiental favorable no equivale todavía a inversión ejecutada, empleo creado o crecimiento efectivo.
Esa diferencia explica parte de la paradoja económica del semestre. Mientras algunos indicadores anticipan una mayor cartera de proyectos, la actividad que perciben actualmente los hogares continúa debilitada. Cadem muestra que 88% evalúa negativamente el mercado laboral y 85% considera que la economía se encuentra estancada o retrocediendo.
Seguridad, resultados y una agenda que perdió protagonismo
Seguridad entrega una fotografía igualmente mixta. Los homicidios continuaron disminuyendo durante el primer semestre, prolongando una tendencia que comenzó antes de la llegada de Kast. La administración también impulsó la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo y concretó operaciones penitenciarias como Cancerbero, que trasladó a 1.500 internos de alta peligrosidad al complejo La Laguna de Talca.
Sin embargo, la percepción ciudadana respecto de la estrategia gubernamental perdió fuerza durante agosto. Las mediciones recogidas en la evaluación de la reforma de seguridad mostraron menor respaldo a varias de sus principales propuestas y dudas respecto de la existencia de un plan suficientemente definido.
A ello se agrega un dato que obliga a matizar la reducción total de homicidios: mientras cae el número general de víctimas, aumenta el peso relativo de aquellos crímenes vinculados a delitos o grupos organizados. La evolución refuerza una dificultad que probablemente acompañará al Ejecutivo durante el resto del año: demostrar que la disminución de determinados delitos también implica debilitamiento efectivo de estructuras criminales.
45 salidas y el problema de la coordinación
La instalación del Gobierno se transformó, al mismo tiempo, en uno de sus principales flancos. Hasta el 10 de septiembre se contabilizaban 45 autoridades que habían salido de sus cargos o cuyos nombramientos no llegaron a consolidarse: tres ministras, seis subsecretarios, 35 seremis y un delegado provincial. La cifra no corresponde exclusivamente a renuncias voluntarias, sino que reúne dimisiones, remociones, cambios internos y designaciones frustradas.
Las salidas comenzaron en los primeros meses con seremis que no cumplían requisitos formales para ejercer determinados cargos y posteriormente incorporaron conflictos políticos, cuestionamientos de gestión, denuncias y casos asociados al eventual uso indebido de recursos públicos. El Presidente ha defendido los cambios bajo la premisa de que “a los gobiernos se les mide por los resultados”.
El episodio políticamente más fuerte ocurrió el 19 de mayo, cuando dejaron sus cargos las ministras Mara Sedini, de la Secretaría General de Gobierno, y Trinidad Steinert, de Seguridad Pública. El ajuste llegó apenas 69 días después del cambio de mando. En agosto se sumó Natalia Duco en Deportes, quien posteriormente regresó al Ejecutivo como asesora del Segundo Piso, una decisión que volvió a abrir cuestionamientos incluso desde sectores oficialistas.
La magnitud de los cambios instaló además preguntas sobre el mecanismo de selección de autoridades y la coordinación política. Analistas de distintas posiciones han identificado problemas para articular ministros, partidos y Segundo Piso, junto con contradicciones públicas entre integrantes del gabinete. La principal crítica no apunta tanto a la falta de iniciativas como a las dificultades para procesarlas políticamente y ejecutarlas de manera coordinada.
Desaprobación ciudadana
El desgaste aparece finalmente reflejado en las encuestas. Cadem sitúa actualmente la aprobación de Kast en 34% y la desaprobación en 62%, mientras 51% de los entrevistados califica sus primeros seis meses con notas entre 1 y 3. El deterioro se ha producido principalmente alrededor del empleo, crecimiento y costo de vida, áreas que durante las últimas semanas han pasado a dominar la evaluación del Ejecutivo.
El Gobierno entra así en su segundo semestre con una situación distinta a la que encontró el 11 de marzo. La fase de instalación comienza a quedar atrás y la vara pasa desde los anuncios y proyectos aprobados hacia resultados concretos.
La recuperación del empleo, la materialización de nuevas inversiones y una conducción política más cohesionada serán determinantes para establecer si los avances legislativos del primer semestre consiguen convertirse en una recuperación económica y política durante 2027.
