El director ejecutivo de ACENOR advierte que normas desactualizadas y distorsiones en transmisión elevan los costos eléctricos. Sostiene que remover esas barreras será decisivo para recuperar competitividad y facilitar nuevas inversiones productivas en Chile durante los próximos años
Por Sandra Guijarro Vilela
La disponibilidad de energía renovable y el desarrollo de nuevas tecnologías no garantizan por sí solos condiciones más favorables para invertir en Chile. El costo final que enfrentan las empresas también depende de regulaciones, mecanismos de pago y decisiones de planificación que pueden reducir la competitividad del país.
Para Juan Ignacio Gómez, director ejecutivo de ACENOR, una parte relevante de las dificultades que enfrenta la inversión productiva se encuentra en normas que no han evolucionado al mismo ritmo que el mercado eléctrico. Regulaciones que inicialmente cumplieron sus objetivos permanecen vigentes pese a que las condiciones tecnológicas y económicas que justificaron su creación han cambiado.
Un estudio presentado por ACENOR durante su 18° Encuentro Anual estimó que las ineficiencias asociadas a la planificación de la transmisión y al mecanismo de precio estabilizado para los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) representan del orden de US$500 millones al año.
En conversación con Poderyliderazgo.cl, Gómez analiza el costo de estas distorsiones, plantea la necesidad de evaluar periódicamente las normas y sostiene que el mercado debe entregar señales más claras para localizar proyectos y atraer capital. A su juicio, remover las barreras regulatorias será determinante para recuperar competitividad frente a otros países de la región.
Sobrecostos que frenan la inversión
Desde la perspectiva de los clientes libres, ¿cuál es hoy el principal problema que enfrenta el mercado eléctrico chileno?
Desde mi perspectiva, el principal problema es sistémico. Es una práctica general que no se revisen de manera periódica las regulaciones que existen y eso provoca que muchas normas sigan vigentes, aunque las condiciones que les dieron origen hayan desaparecido.
El caso paradigmático es el de los pequeños medios de generación. Veintidós años después, esa regulación puede calificarse como exitosa, pero está completamente desfasada respecto de la realidad actual y genera múltiples distorsiones.
Ahora, es difícil que la regulación avance al mismo ritmo que los mercados y el desarrollo tecnológico, pero esa brecha puede reducirse mediante evaluaciones sistemáticas. No medir ni revisar periódicamente la regulación termina generando sobrecostos que afectan la competitividad del país.
Usted habla de múltiples distorsiones en el mercado eléctrico. ¿Cuál es su impacto económico concreto y de qué magnitud estamos hablando?
Lo primero es tomar conciencia de cuánto cuesta la ineficiencia. No es un problema conceptual, sino económico.
Nuestro estudio sobre transmisión cuantificó en alrededor de US$170 millones anuales las ineficiencias asociadas a la planificación de la transmisión. Si a eso se suma el promedio de los pagos por precio estabilizado registrados en los últimos años, hablamos de aproximadamente US$300 millones adicionales.
En total, entre pequeños medios de generación, precio estabilizado e ineficiencias en la planificación de la transmisión, la economía pierde del orden de US$500 millones al año, recursos que finalmente se diluyen dentro del sistema eléctrico.
Durante el encuentro de ACENOR hubo coincidencia en la necesidad de fortalecer la competitividad del país para atraer inversiones en minería e industria. ¿Qué medidas debería priorizar el Gobierno?
El subsecretario de Economía lo resumió muy bien durante su intervención en la jornada respecto de que debemos remover las barreras regulatorias que dificultan la inversión.
Ese enfoque permite identificar dónde existen oportunidades de ahorro y qué aspectos regulatorios nos están restando competitividad, en lugar de reducir la discusión a conflictos internos del sector. Ese debería ser el foco principal.
En los últimos años, Chile ha incrementado significativamente la generación renovable. Sin embargo, esto no se ha reflejado necesariamente en menores costos para los consumidores. ¿Cómo se explica esta aparente contradicción?
Lo importante es mirar el precio final y no solo el costo de la energía. Si uno observa únicamente el precio de la energía, Chile puede ser razonablemente competitivo respecto de otros países, con algunas diferencias.
Sin embargo, lo relevante para el consumidor es el costo total que paga en la factura, donde también influye la regulación.
Hoy advertimos que la regulación en Chile nos hace menos competitivos respecto del precio final que enfrentan los clientes en otros países. Los estudios comparativos muestran que, considerando consumos equivalentes y la cuenta final, Chile resulta más caro que Perú y Brasil.
La comparación se hace con mercados lo más similares posible al nuestro. Esa diferencia responde, principalmente, al efecto acumulado de la regulación.
Reglas que deben acompañar el cambio tecnológico
Chile vive una profunda transformación de su matriz. ¿Qué implica realmente la transición energética y qué desafíos plantea para el sistema eléctrico?
Cuando hablamos de transición energética estamos hablando de un proceso de cambio tecnológico. La forma en que generábamos energía antes ya no es la misma de hoy y, por lo tanto, aparecen nuevos desafíos para la operación del sistema, la incorporación de tecnologías, la asignación de costos y la integración de soluciones.
Entender la transición energética como un cambio tecnológico implica monitorear permanentemente el sistema, evaluar sus resultados y mantener la neutralidad tecnológica, porque esa es la mejor manera de capturar tanto los beneficios como las deficiencias del proceso.
Si se privilegia una tecnología por sobre otra, nadie puede asegurar que seguirá siendo la dominante en el futuro. La velocidad del cambio tecnológico es cada vez mayor.
Lo señalaba recientemente el director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional al destacar el crecimiento que han tenido las baterías durante este año, pasando de representar cerca del 9% al 17%. Ese dato demuestra que el escenario es muy distinto al de hace diez años.
Hay una anécdota que ilustra muy bien este cambio. En un proyecto de ley presentado en 1999, tras los cortes de suministro provocados por la sequía, el mensaje señalaba que la energía, entre otras cosas, no podía almacenarse. En menos de treinta años ese paradigma cambió completamente.
Por eso, nunca debemos perder de vista que la regulación debe estar preparada para adaptarse con rapidez a estos cambios, de manera que la sociedad y los clientes libres puedan capturar todas las eficiencias y beneficios de la transición energética.
¿Qué cambios regulatorios considera prioritarios para que el mercado eléctrico pueda acompañar esta transformación?
Hay dos elementos muy importantes. El primero es continuar racionalizando la regulación de los pequeños medios de generación. Es un cambio que ha tomado muchos años.
Los primeros esfuerzos comenzaron en 2018 y recientemente se publicó un nuevo reglamento que representa un avance importante para actualizar la regulación y adecuarla a la realidad actual.
También falta la toma de razón de las modificaciones al reglamento de coordinación de la operación, que avanzan en la misma dirección: reconocer que este segmento ya alcanzó un grado de madurez y debe competir como tal.
El segundo aspecto es el estudio sobre transmisión que publicamos. Entrega propuestas sobre señales de localización mediante derechos financieros de transmisión y mejoras al proceso de planificación.
En términos simples, se trata de entregar mejores señales a los distintos actores del mercado para que puedan decidir dónde instalarse, considerando los costos del sistema y privilegiando la cercanía a los principales centros de consumo.
Señales para localizar nuevos proyectos
Las principales faenas mineras, proyectos renovables y centros productivos están instalados en regiones. ¿Puede la regulación entregar mejores señales para acercar la generación a los centros de consumo?
No existe una diferencia regulatoria entre Santiago y las regiones. La regulación tiene alcance nacional. Pueden existir diferencias coyunturales producto de cómo se ha configurado la matriz eléctrica, pero no hay penalizaciones por estar en regiones.
Al mismo tiempo, la regulación podría entregar mejores señales de localización. Si permite orientar a los generadores hacia los lugares más eficientes para instalarse y eso se combina con una planificación adecuada de la transmisión, se pueden construir redes más eficientes y generar mayores beneficios para las empresas.
¿Cómo evalúa actualmente el mercado eléctrico chileno?
Creo que es un buen mercado, pero enfrenta desafíos importantes. Estamos en un momento en que comienzan a hacerse evidentes ciertas deficiencias.
La pregunta es qué hacemos ahora: si permanecemos inmóviles o si adoptamos medidas concretas para volver a convertirnos en uno de los mercados más competitivos e interesantes de la región.
El mercado eléctrico reúne posiciones, sectores y propuestas diferentes. ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a sus distintos actores?
En las conversaciones de los últimos días ha quedado en evidencia que históricamente han existido posiciones muy contrapuestas dentro del sector. El llamado es a dejar atrás esos antagonismos.
Más que dividirnos entre buenos y malos, debemos avanzar hacia más diálogo y mayores puntos de encuentro.
La eficiencia no surge de una verdad revelada por un solo actor. Es el resultado de un proceso de conocimiento, discusión y construcción colectiva. Uno de los principales desafíos del sector es conversar más, compartir información y superar la lógica de compartimentos estancos que muchas veces impide avanzar.
La inversión dependerá de mejores señales regulatorias
La capacidad de Chile para atraer nuevos proyectos no dependerá únicamente de la disponibilidad de recursos energéticos o del avance de las tecnologías renovables. También estará condicionada por la calidad de las reglas, la planificación de la transmisión y la rapidez con que las instituciones sean capaces de corregir las distorsiones que elevan los costos productivos.
Remover las barreras regulatorias exige revisar periódicamente las normas, medir sus resultados y construir acuerdos entre actores que históricamente han defendido posiciones contrapuestas. De esa respuesta dependerá que la transición energética facilite nuevas inversiones o termine consolidando sobrecostos que debiliten la competitividad del país.
