Por Pablo Carrizo Orellana. Administrador Público y MBA
La inteligencia artificial puede mejorar la gestión municipal, pero su incorporación exige trazabilidad, supervisión humana y responsabilidades claras. Sin esos resguardos, la modernización corre el riesgo de debilitar la legalidad, el control y la probidad.
La inteligencia artificial promete algo especialmente atractivo para el sector público: hacer en minutos tareas que hoy consumen horas, ordenar información y mejorar la respuesta a la ciudadanía.
Pero quienes conocemos el Estado desde dentro sabemos algo básico: en la Administración Pública una herramienta debe ser legal, trazable y por sobre todo administrativamente responsable.
La Ley de transformación digital ha vuelto a mostrar que las capacidades institucionales no son iguales en todo el territorio. Esa brecha no siempre responde a falta de compromiso. Muchas veces deriva del tamaño institucional, dotaciones reducidas y recursos que no crecen al ritmo de sus responsabilidades.
Es ahí donde la IA puede aparecer como un “atajo mágico”.
Pensemos en un municipio que utiliza IA para analizar antecedentes sociales, priorizar fiscalizaciones o detectar incumplimientos en obras. Desde la gestión pública, la pregunta es: ¿podemos explicar cómo se llegó al resultado?
Si Control Interno revisa el proceso, ¿existe trazabilidad? Si un ciudadano reclama, ¿podemos reconstruir antecedentes, validaciones y fundamentos? Y la pregunta más importante: ¿quién responde?
La responsabilidad administrativa no desaparece al escribir un prompt ni al contratar una plataforma de IA.
Antes de incorporar estas tecnologías, propongo tres principios.
Primero, gobernanza preventiva: definir qué datos se utilizarán, quién accede, cómo se valida el resultado y quién supervisa.
Segundo, mantener al servidor público dentro de la decisión: la IA puede ordenar información, detectar inconsistencias o generar borradores. Pero la decisión sigue radicada en quien tiene la competencia y responde por sus efectos.
Tercero, capacitación con enfoque público: enseñar una plataforma o mejorar prompts es insuficiente. Administración, adquisiciones, finanzas, control y jefaturas deben comprender riesgos, resguardos y límites desde la lógica del Estado.
Bien utilizada, la IA puede fortalecer la trazabilidad, anticipar riesgos y mejorar el control y la probidad.
El desafío está en definir con claridad para qué se incorporará la IA, bajo qué resguardos operará y quién responderá por las decisiones que se adopten. Esa es la discusión que hoy municipios y servicios públicos deben abordar con seriedad. Luego viene lo más importante: traducir esas definiciones en procedimientos, responsabilidades, controles y capacidades instaladas dentro de la organización.
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