La CPC presentó un informe elaborado con 30 gremios y cerca de 70 expertos, que estima pérdidas fiscales por más de US$1.500 millones al año y propone 45 medidas contra comercio ilícito, finanzas ilegales y delitos en materias primas
La Confederación de la Producción y del Comercio presentó el informe “Por un Chile sin Economía Ilícita”, documento que estima que los negocios ilegales en Chile movilizan más de US$5.700 millones al año y generan pérdidas de recaudación fiscal superiores a US$1.500 millones anuales.
El estudio fue elaborado junto a 30 gremios y con la participación de cerca de 70 expertos, con el objetivo de dimensionar el avance de las economías ilícitas y proponer una agenda de políticas públicas para enfrentarlas. El documento plantea 45 medidas organizadas en tres ejes: comercio ilícito y contrabando, finanzas ilícitas e ilícitos en materias primas.
La presentación fue encabezada por la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, y contó con la participación del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas; el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, José Manuel Mena; la vicepresidenta de la Cámara Nacional de Comercio y presidenta de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos, Cecilia Valdés; y la coordinadora ejecutiva del estudio, Pilar Lizana. El panel fue moderado por la decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, María José Naudon.
Un mercado paralelo con impacto fiscal
El informe advierte que las economías ilícitas ya no se limitan a hechos aislados de contrabando, falsificación o comercio informal. Según el diagnóstico de la CPC, estos mercados operan como cadenas completas que incluyen origen ilícito del producto, acopio, transporte, distribución, comercialización y posterior lavado de activos.
“Las economías ilícitas dejaron de ser un problema sectorial. Hoy constituyen una amenaza estructural para el desarrollo de Chile, porque afectan simultáneamente la seguridad, la inversión, el empleo, la recaudación fiscal y la confianza en nuestras instituciones. Enfrentarlas ya no es solo una tarea de seguridad pública; es una condición indispensable para que el país vuelva a crecer”, señaló Susana Jiménez, presidenta de la CPC.
Además de los US$5.700 millones estimados como flujo anual de estos mercados, el informe calcula que el sector privado destinó cerca de US$2.700 millones en 2022 a prevenir, disuadir y enfrentar delitos vinculados a la expansión de las economías ilícitas.
| Indicador del informe | Cifra estimada | Alcance |
|---|---|---|
| Mercados ilícitos en Chile | Más de US$5.700 millones al año | Bienes, servicios y sistema financiero |
| Pérdida de recaudación fiscal | Más de US$1.500 millones anuales | Menores ingresos para el Estado |
| Costos privados de prevención | US$2.700 millones en 2022 | Seguridad y resguardo operacional |
| Medidas propuestas | 45 | Comercio, finanzas y materias primas |
| Participantes del estudio | 30 gremios y cerca de 70 expertos | Levantamiento empresarial y técnico |
El diagnóstico se conecta con alertas previas sobre el impacto del comercio ilegal en la economía formal, especialmente en territorios donde confluyen rutas logísticas, comercio informal, contrabando y fiscalización limitada.
Comercio, finanzas y materias primas
El documento identifica tres áreas principales de operación. La primera corresponde al comercio ilícito y contrabando, donde se incluyen sectores como cosmética, aseo y desinfección, agroquímicos, medicamentos, tabaco, telecomunicaciones, automotriz y supermercados.
La segunda área es la de finanzas ilícitas, que considera crédito informal, fraude financiero y juego ilegal. La tercera corresponde a ilícitos en materias primas, con foco en pesca y acuicultura, sector silvoagropecuario y minería.
Según el informe, estos mercados generan competencia desleal, afectan la inversión, fomentan informalidad, reducen empleo formal y distorsionan el funcionamiento de sectores estratégicos. La CPC también advierte que la digitalización ha ampliado los canales de comercialización, especialmente mediante plataformas, aplicaciones y mecanismos de pago que dificultan la fiscalización.
Los sectores con mayor valorización
En la valorización de mercados ilícitos, el informe identifica rubros con impactos económicos relevantes. Entre ellos figuran casinos en línea, tabaco, aseo, desinfección y cosméticos, agroindustria, pesca, farmacéuticas y automotriz.
| Mercado ilícito | Valor estimado anual | Menor recaudación |
| Casinos en línea | US$625 millones | US$90 millones |
| Tabaco | US$617 millones | US$1.000 millones |
| Aseo, desinfección y cosméticos | US$600 millones | US$136 millones |
| Agroindustria | US$530 millones | US$95 millones |
| Pesca | US$430 millones | US$50 millones |
| Farmacéuticas | US$363 millones | US$85 millones |
| Automotriz | US$362 millones | US$33 millones |
El caso del tabaco aparece como uno de los más sensibles en materia fiscal. El estudio estima que la economía ilícita del sector alcanza US$617 millones anuales, mientras que la pérdida de recaudación llega a US$1.000 millones.
En casinos en línea, el informe recoge estimaciones de H2 Gambling Capital, según las cuales estas plataformas recibieron ingresos brutos por US$625 millones en 2025, con una proyección de US$1.445 millones hacia 2030. El documento señala que estas plataformas no se encuentran reguladas en Chile al cierre del informe.
La ruta del dinero entra al centro
Uno de los puntos del estudio es que las economías ilícitas no terminan en la venta de productos o servicios. Una vez generados los ingresos, los recursos deben ser transferidos, ocultados o legitimados, lo que abre un frente financiero asociado al lavado de activos.
El informe menciona el uso de efectivo, instrumentos financieros, empresas de fachada, plataformas digitales y otros mecanismos que permiten integrar recursos ilícitos a la economía formal. Por eso, la discusión sobre secreto bancario, UAF y persecución financiera aparece como una de las dimensiones relevantes para seguir la ruta del dinero.
La CPC plantea fortalecer la trazabilidad de los flujos financieros mediante inteligencia financiera, analítica avanzada e inteligencia artificial. También propone reducir el uso de efectivo, considerando que este mecanismo dificulta la identificación de operaciones asociadas a circuitos ilegales.
Brechas del Estado
El informe identifica cinco brechas transversales que favorecen la expansión de las economías ilícitas: vacíos y asimetrías regulatorias; debilidades de fiscalización y capacidad operativa del Estado; problemas de coordinación institucional e inteligencia; limitaciones en la trazabilidad de productos y flujos financieros; e insuficiencias del marco sancionatorio.
En esa línea, el documento plantea que el problema no depende solo de aumentar fiscalizadores, sino de mejorar la coordinación entre instituciones. La respuesta estatal involucra a organismos como Aduanas, Servicio de Impuestos Internos, Unidad de Análisis Financiero, policías, municipios, reguladores sectoriales y Ministerio Público.
La necesidad de coordinación también se vincula con la implementación de herramientas institucionales como la Fiscalía Supraterritorial contra el crimen organizado, creada para abordar delitos complejos y estructuras que operan más allá de una región.
Las 45 medidas propuestas
Como respuesta, la CPC propone una agenda de 45 medidas. Entre las iniciativas transversales destaca la creación de una Política Nacional contra las Economías Ilícitas, destinada a coordinar la acción pública bajo una estrategia común.
El informe también plantea crear una Unidad de Economías Ilícitas, con capacidades de análisis estratégico e inteligencia, para integrar información proveniente de distintas fuentes institucionales y del sector privado.
Otra de las medidas apunta a implementar un sistema integrado de denuncia segura y análisis de datos, con canales anónimos e interoperables, además de campañas de educación ciudadana junto al SERNAC para informar sobre los efectos del comercio ilícito y otros mercados ilegales.
“Cuando una sociedad comienza a normalizar que es posible progresar al margen de la ley, el daño va mucho más allá de la economía. Se debilita la cultura de la legalidad, se deteriora la confianza y se afectan los valores que sostienen la convivencia. Restituir esa cultura es un desafío país que involucra al Estado, al mundo empresarial, al sistema educacional y a las familias”, agregó Susana Jiménez.
Impacto sobre crecimiento y empleo
El informe concluye que las economías ilícitas afectan dimensiones económicas, institucionales y sociales. Entre sus impactos menciona competencia desleal, menor recaudación fiscal, informalidad, desincentivo a la inversión, riesgos para consumidores y debilitamiento de la confianza.
Para la CPC, enfrentar estos mercados requiere una estrategia que combine fiscalización, trazabilidad, inteligencia financiera, modernización regulatoria, persecución penal y coordinación público privada.
La discusión que abre el informe es si Chile abordará las economías ilícitas solo como delitos aislados o como un fenómeno económico que afecta mercados completos. La diferencia importa porque el diagnóstico apunta a cadenas de valor integradas, donde el producto ilícito, la venta y el dinero forman parte de una misma operación.
