AGORECHI advirtió que revisiones administrativas y demoras en transferencias están dificultando la respuesta regional frente a emergencias, pese a que los recursos ya fueron aprobados por los Consejos Regionales.
Las emergencias registradas en los últimos días en las regiones de Ñuble y Biobío reactivaron la preocupación de los Gobiernos Regionales por las dificultades administrativas para ejecutar recursos destinados a la respuesta y reconstrucción, en un contexto marcado por pérdidas humanas y graves daños materiales.
Desde la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (AGORECHI) señalaron que, pese a la rápida reacción en terreno de las autoridades regionales, la disposición efectiva de los recursos depende de procesos administrativos que retrasan la ayuda directa a las comunidades.
Los Gobiernos Regionales estuvieron presentes desde el inicio de la emergencia, constatando los efectos de los incendios forestales tanto en zonas urbanas como rurales de los territorios afectados.
Preocupación por trabas administrativas
El presidente de AGORECHI, Pablo Silva Amaya, expresó solidaridad con los territorios afectados y planteó la inquietud de los gobiernos subnacionales. “Primero que todo, expresar nuestra total solidaridad con nuestros colegas Óscar Crisóstomo y Sergio Giacaman, Gobernadores Regionales de esos territorios arrasados por el fuego”, señaló.
En la misma línea, advirtió que “manifestamos toda la disposición para ayudar y toda la colaboración que podamos brindar, pero estamos preocupados porque observamos un exceso de burocracia administrativa para que ante emergencias exista una respuesta eficaz y con pertinencia territorial en la toma de decisión”.
Silva Amaya agregó que “a lo largo de los últimos cinco años, hemos insistido como Gobernadores Regionales sobre la necesidad de simplificar la tramitación de los recursos en Contraloría, cuestión que debe ser solucionada mediante una ley impulsada por el Gobierno de turno”.
Recursos aprobados y llamados al nivel central
Desde el Gobierno Regional del Biobío, su gobernador, Sergio Giacaman, detalló que el Consejo Regional aprobó de manera unánime un marco presupuestario superior a los $34 mil millones para enfrentar la emergencia y acelerar la reconstrucción.
De ese monto, $2.359 millones corresponden al 2% de emergencia, recursos definidos como de uso inmediato. Sin embargo, la autoridad regional advirtió que su ejecución depende de la transferencia desde el nivel central.
“Para que estos recursos lleguen efectivamente a las personas que lo perdieron todo, necesitamos que el Gobierno concrete con urgencia las transferencias correspondientes. Hoy no es momento de burocracia, es momento de ponernos al servicio de las personas”, sostuvo Giacaman.
El gobernador enfatizó que “la región ya hizo su parte; ahora es clave que el nivel central permita que estos recursos se ejecuten sin demoras”.
Enfoque estructural y ordenamiento territorial
Desde Ñuble, el gobernador regional Óscar Crisóstomo señaló que, pese a una inversión histórica de $15 mil millones en prevención, persisten falencias estructurales.
“Es urgente que el Estado, el Parlamento, la Contraloría y el mundo privado asuman su rol con la celeridad que la vida de nuestros habitantes exige”, afirmó, advirtiendo que no se puede seguir postergando la tramitación de la Ley de Incendios, la Ley de Parcelaciones y la aprobación del Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT).
En la misma línea, el Gobernador Regional de O’Higgins subrayó la relevancia de avanzar en la elaboración del PROT como instrumento para orientar el uso del territorio y mitigar riesgos futuros. “Se trata de un instrumento que orienta la utilización del territorio de la región para lograr su desarrollo sustentable”, aseguró.
Llamado a destrabar reformas pendientes
Finalmente, desde AGORECHI reiteraron la urgencia legislativa, señalando que la Ley de Incendios aún debe ser aprobada por el pleno del Senado.
“Estamos desde el 2023 esperando por esta materia tan relevante para Chile. Lo mismo ocurre con otras normas complementarias como la Ley de Parcelaciones”, concluyó Pablo Silva Amaya.
El llamado de los Gobiernos Regionales apunta a una respuesta más ágil, con mayor autonomía y rapidez administrativa, para enfrentar emergencias que afectan de manera directa a los territorios y sus comunidades.
