La Moneda suspendió las rebajas de condena para todos los delitos mientras impulsa derogar la ley vigente. Un decreto por homicidio firmado el mismo día de la suspensión aumenta la presión política sobre el ministro Fernando Rabat
El Gobierno de José Antonio Kast anunció este lunes 9 de noviembre la suspensión de todos los decretos de rebaja de condena, sin distinción del delito cometido. El vocero Gonzalo Arenas explicó que la medida continuará mientras el Congreso define el futuro del proyecto que busca derogar la Ley 19.856, vigente desde 2003.
Un decreto que profundiza la controversia
El nuevo antecedente involucra a Peter Andrés Rojas Gallardo, condenado a cinco años de cárcel por el homicidio de un adulto mayor de 83 años en Catemu, Región de Valparaíso. Un decreto firmado por Rabat el 5 de noviembre, cuya transcripción también suscribió la subsecretaria Josefina Soto, redujo su pena en diez meses.
Gobierno apuesta por derogar la ley
La Ley 19.856 permite descontar dos meses de pena por cada año de comportamiento sobresaliente y tres meses anuales desde la mitad de la condena, bajo los requisitos legales. Su evaluación contempla conducta, estudio y otros factores. Ahora el Ejecutivo respalda una iniciativa de los senadores Arturo Squella y Andrés Longton que pretende eliminar el mecanismo.
Sin embargo, suspender la tramitación administrativa no deroga la ley ni anula automáticamente los beneficios ya concedidos. El Gobierno todavía debe aclarar qué ocurrirá con las solicitudes pendientes y cómo fundamentará la paralización mientras permanezca vigente el marco legal.
Oposición prepara acusación constitucional
La oposición anunció que evitará tratar iniciativas de Justicia con Rabat. La presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, afirmó: “El ministro Rabat no es un interlocutor válido ni para nosotros ni para la ciudadanía”. Las bancadas también preparan una acusación constitucional, aún sin fecha definida de presentación al cierre de este lunes.
Kast mantiene su respaldo al ministro, aunque el costo político se extiende más allá del Congreso. La encuesta Agenda Criteria del 1 de noviembre registró un 72% de rechazo a la permanencia de Rabat entre los consultados. El Ejecutivo enfrenta así un debate simultáneo sobre la legalidad de los decretos, el futuro del sistema de rebajas y las responsabilidades políticas.
