Una causa por presuntas firmas falsas, diligencias patrimoniales que incluyen a Franco Parisi y una denuncia del Servel por gastos sin respaldo tensionan al partido justo cuando sus 14 diputados adquirieron peso decisivo en un Congreso fragmentado
En agosto de 2021, el Partido de la Gente apenas comenzaba a transformar una organización política naciente en una estructura capaz de funcionar: debía constituir autoridades, ordenar su administración y abrir las cuentas desde donde manejaría sus recursos. Cinco años después, documentos de aquella etapa están bajo la lupa del Ministerio Público.
Un peritaje de la PDI determinó que dos firmas atribuidas a una integrante de su Tribunal Supremo eran falsas, mientras una querella posterior cuestiona otro instrumento que habría permitido administrar cuentas bancarias de la colectividad. Las pesquisas avanzaron mucho más allá de esos papeles. Luis Moreno, expresidente del PDG, y Miguel Azar, exadministrador general de fondos, figuran como imputados en una investigación encabezada por la fiscal Patricia Cerda.
En septiembre de 2025 las diligencias alcanzaron además el patrimonio de once personas, entre ellas Franco Parisi, quien, según antecedentes revelados por Mega Investiga, figura como sujeto de interés y no registra una formalización pública conocida en esta investigación.
El momento entrega a esas causas una dimensión política distinta. El PDG tiene actualmente 14 diputados y Parisi obtuvo 2.552.649 votos, equivalentes al 19,71%, en la primera vuelta presidencial de 2025. En un Congreso donde ningún sector dispone por sí solo de las mayorías, su bancada puede inclinar votaciones relevantes. Los hechos investigados miran hacia los primeros meses del partido, pero sus efectos aparecen cuando la colectividad posee un poder que entonces no tenía.
Las firmas que llevan hasta 2021
La primera investigación se originó en una querella presentada el 25 de enero de 2024 por la diputada Karen Medina contra Luis Moreno y quienes resultaran responsables. La acción denunció presuntas falsificaciones de documentos relacionadas con la constitución y las elecciones internas del PDG y sostuvo que estas habrían permitido administrar recursos estatales. La propia querella situó las subvenciones involucradas por sobre los $1.000 millones, cifra que corresponde a la acusación de los querellantes y no a un perjuicio fiscal establecido judicialmente.
Uno de los antecedentes más relevantes apareció en julio de 2025. Un informe del Laboratorio de Criminalística de la PDI concluyó que dos firmas atribuidas a Marjorie Catalán, entonces integrante del Tribunal Supremo partidario, eran falsas y producto de un proceso imitativo. Ese resultado acredita la falsedad de las firmas examinadas, pero no identifica a quien las realizó ni determina por sí mismo responsabilidad penal.
Medina sostiene que los antecedentes reunidos justifican avanzar hacia la determinación de responsabilidades y ha cuestionado el tiempo transcurrido. “Aquí hay suficiente evidencia para dar curso a esta causa y que las personas que resulten responsables en este delito hoy día enfrenten la justicia”, afirmó la exparlamentaria, quien también ha advertido sobre un eventual riesgo de prescripción.
Un segundo documento conduce a las cuentas
La historia sumó otra arista en julio de 2026. Jorge Passadore, exvicepresidente del PDG, presentó una querella contra Moreno por un acta correspondiente a una supuesta sesión de la directiva realizada el 27 de agosto de 2021 en Coronel. Según la acción judicial, el documento habría entregado facultades bancarias a Moreno y otros dirigentes y, una vez protocolizado, habría permitido abrir al menos tres cuentas corrientes del partido en BancoEstado. La querella fue admitida a trámite el 25 de julio.
Passadore desconoce haber participado en aquella sesión y negó haber otorgado el poder. Ante la PDI declaró: “Yo no concurrí en esa fecha […] ni mucho menos otorgué este poder ni firmé mediante la modalidad de firma electrónica avanzada”. También afirmó que durante 2021 no disponía de ese mecanismo de firma. La exdiputada Yovana Ahumada entregó una versión coincidente y negó haber participado en la reunión.
Consultado sobre las acusaciones, Luis Moreno declinó responder las preguntas formuladas por CIPER y señaló que esperará que las investigaciones del Ministerio Público esclarezcan los hechos que se le imputan. Su versión completa el cuadro de una arista en la que aparece directamente querellado y cuya responsabilidad todavía debe ser establecida judicialmente.
De las cuentas al patrimonio
El alcance de la causa aumentó el 8 de septiembre de 2025, cuando la fiscal Patricia Cerda emitió una orden de investigar dirigida a la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la PDI, dentro de una investigación por lavado de activos y fraude de subvenciones. Entre las diligencias instruidas figuraron antecedentes policiales, domicilios, vehículos y levantamientos patrimoniales.
La revisión patrimonial alcanzó a once personas: Parisi, Moreno, Azar y otros ocho militantes o exmilitantes. Fiscalía solicitó además información a la Unidad de Análisis Financiero sobre eventuales reportes de operaciones sospechosas, operaciones en efectivo y transporte de dinero. El requerimiento ordenaba informar también si las personas consultadas no registraban antecedentes, por lo que esa diligencia no acredita la existencia de operaciones sospechosas. La investigación permanece desformalizada.
Franco Parisi ha marcado distancia de cualquier interpretación que transforme esas diligencias en una acusación penal en su contra. “No existe ninguna denuncia o querella en mi contra y además mi patrimonio es público, yo siempre he actuado con transparencia sobre ello”, sostuvo. Actualmente ejerce como secretario general de la colectividad y ha reforzado la posición negociadora del PDG frente a la agenda del Gobierno.
El Servel abre otro frente
Mientras esa investigación reconstruye hechos iniciados en 2021, el Servicio Electoral llevó al Ministerio Público inconsistencias detectadas en las rendiciones de gastos del PDG correspondientes a 2023 y 2024. El 29 de julio, el fiscal nacional Ángel Valencia determinó que la denuncia fuera investigada por la Fiscalía Centro Norte, después del análisis efectuado por la unidad especializada en anticorrupción, probidad y lavado de activos de la Fiscalía Nacional.
Uno de los movimientos observados corresponde a un cheque emitido a nombre de Miguel Azar y cobrado por caja. Según la denuncia, la información aportada por el partido no permitió determinar claramente el destino final de esos recursos y existían diferencias entre las fechas de los documentos presentados y la del cobro. “Los antecedentes presentados no demostraron el pago de las operaciones que se pretendían justificar”, señaló el Servel. El monto del cheque no ha sido divulgado públicamente.
El organismo también observó contrataciones con sociedades vinculadas al entonces administrador general de fondos y gastos asociados a sedes partidarias que carecían de respaldo suficiente. En uno de esos casos, el Servel sostuvo que las inconsistencias comprometían la transparencia y el debido control de los recursos públicos. Corresponde ahora a la Fiscalía establecer si esas observaciones configuran delitos y determinar eventuales responsabilidades.
Azar rechaza que la administración financiera haya dependido exclusivamente de él y niega irregularidades en su gestión. “Yo no me mando solo. Hice lo que me mandataba la directiva respectiva, pero tengo la tranquilidad de que no hay ninguna irregularidad”, sostuvo. También afirma que el partido mantiene con él una deuda cercana a $70 millones por remuneraciones, cifra correspondiente a su reclamación y no a un monto investigado como fraude.
Los montos que aparecen bajo escrutinio
Los problemas financieros ante el Servel tienen antecedentes anteriores. El balance correspondiente a 2022 acumuló 33 objeciones y cinco versiones antes de ser finalmente aprobado el 12 de marzo de 2025. La demora tuvo una consecuencia concreta: durante 2024 el PDG dejó de recibir $628 millones en aportes estatales, recursos que nunca ingresaron a sus cuentas.
| Monto | Qué representa |
|---|---|
| Más de $1.000 millones | Subvenciones estatales que la querella de 2024 vincula a los documentos cuestionados. Es una acusación, no un perjuicio fiscal acreditado |
| $628 millones | Aportes estatales que el PDG dejó de recibir durante 2024 |
| Más de $502 millones | Ingresos cuyos respaldos fueron inicialmente observados en el balance 2022 |
| $373 millones | Gastos cuyos comprobantes fueron objetados durante aquella fiscalización |
| $110 millones | Contratos en los que no se acreditaron las cotizaciones previas requeridas |
| $51.335.530 | Monto registrado como multas e intereses sobre el cual Servel pidió mayores antecedentes |
| $74.400.000 | Honorarios pagados a la directiva durante 2024 respecto de los cuales Servel solicitó explicaciones |
Las cifras corresponden a períodos, conceptos y procedimientos distintos. Los $502 millones, $373 millones y $110 millones pertenecen a observaciones efectuadas durante la revisión de un balance 2022 que finalmente fue aprobado; los $51,3 millones y $74,4 millones corresponden a reparos posteriores. Hasta ahora, no existe fundamento para sumarlos y presentarlos como un monto global de fraude ni se conoce una cifra oficial consolidada asociada a la denuncia penal por 2023 y 2024.
La nueva conducción marca distancia
La acumulación de causas encontró al PDG en pleno reordenamiento. Denisse Catalán asumió la presidencia tras la salida de Rodrigo Vattuone y posteriormente fue ratificada, mientras Franco Parisi pasó a ocupar la secretaría general. La actual conducción ha buscado separar las responsabilidades que pudieran establecerse respecto de administraciones anteriores del funcionamiento presente de la colectividad.
Catalán ha comprometido colaboración con los organismos que revisan los antecedentes. “Siempre hemos estado muy disponibles tanto para el Ministerio Público como para el Servel, de poder entregar todos los antecedentes necesarios”, sostuvo. También ha señalado que el partido entregará la información requerida y adoptará medidas si la justicia finalmente acredita responsabilidades.
Esa defensa institucional ocurre cuando la bancada adquirió capacidad real de negociación. Sus parlamentarios ya han participado en mayorías decisivas para iniciativas económicas impulsadas por el Ejecutivo, mientras dirigentes del partido han convertido sus 14 votos en una herramienta para negociar modificaciones a proyectos centrales del Gobierno.
Cinco años de una trama en expansión
| Fecha | Hito |
|---|---|
| Agosto de 2021 | Se generan documentos de organización partidaria cuyas firmas serían cuestionadas posteriormente |
| 27 de agosto de 2021 | El acta impugnada por Passadore habría otorgado facultades para operar cuentas bancarias |
| 25 de enero de 2024 | Karen Medina presenta la querella que da origen a la primera investigación |
| 12 de marzo de 2025 | Servel termina aprobando el balance correspondiente a 2022 |
| Julio de 2025 | Lacrim determina que dos firmas atribuidas a Marjorie Catalán eran falsas |
| 8 de septiembre de 2025 | Fiscalía ordena diligencias y levantamientos patrimoniales sobre once personas |
| 25 de julio de 2026 | Es admitida la querella presentada por Jorge Passadore contra Luis Moreno |
| 29 de julio de 2026 | Fiscalía Centro Norte asume la investigación derivada de la denuncia del Servel |
| Agosto de 2026 | Se conocen públicamente las diligencias patrimoniales que incluyen a Franco Parisi |
La cronología muestra cómo cuestionamientos nacidos en documentos de la etapa fundacional terminaron abriendo aristas sobre facultades bancarias, rendiciones de gastos y patrimonio. Las categorías jurídicas, sin embargo, deben mantenerse separadas: hay dos firmas cuya falsedad fue establecida pericialmente, acusaciones cuya autoría y efectos todavía deben probarse y diligencias patrimoniales que no equivalen a culpabilidad.
La justicia mira hacia los primeros pasos del PDG justo cuando la colectividad alcanza su mayor capacidad de influencia. Cinco años después de aquellos documentos, el partido dispone de 14 diputados y su principal figura política superó los 2,5 millones de votos presidenciales.
El desenlace judicial continúa abierto, pero las pesquisas ya conectan dos historias difíciles de separar: cómo se organizó y administró el partido en su nacimiento y cuánto poder logró acumular después.
