El senador por Antofagasta sostiene que Chile necesita acuerdos amplios, mayor descentralización y una oposición activa que fiscalice sin caer en posiciones sectarias. Además, defendió evaluar con datos concretos el impacto territorial de los recursos provenientes del Royalty Minero
Por Daisy Castillo Triviños
El senador por Antofagasta, Esteban Velásquez, aseguró que el debate político actual requiere mayor sensatez, capacidad de construir acuerdos y una mirada responsable sobre el rol del Estado y la descentralización. En conversación con Poder y Liderazgo, el parlamentario del Partido Federación Regionalista Verde Social abordó las tensiones en torno a la modernización estatal, el escenario político nacional y el uso de los recursos del Royalty Minero.
El legislador sostuvo que resulta “imposible” reducir drásticamente el Estado y los impuestos sin consecuencias sociales, advirtiendo además que Chile mantiene brechas de desigualdad que siguen presentes desde el estallido social de 2019. A ello sumó la necesidad de fortalecer la fiscalización democrática y revisar con datos concretos cómo las comunas y regiones están utilizando los recursos provenientes de la minería.
“El Estado debe estar presente en las políticas públicas”
¿Cuál es su posición respecto a la modernización del Estado y la optimización de la burocracia frente a las críticas por la calidad en la prestación de servicios básicos?
Soy partidario de que el Estado esté presente en cada política pública, particularmente en aquellas que son trascendentales para el país y no ese Estado subsidiario en que, prácticamente, aquello que el privado no quiere, que no da rentabilidad en el servicio, que no es capaz de llegar, recién le entregan la tarea al Estado.
En ese sentido, no significa que justifique irregularidades por parte de quienes las cometen en el Estado, ya sea a nivel personal o institucional, por supuesto, ni la burocracia, ni la ineptitud y mucho menos actos de corrupción.
Frente a una reforma que reduzca significativamente el aparato estatal y la recaudación fiscal, ¿cuáles son las medidas de mitigación social diseñadas para garantizar la paz social y la sostenibilidad democrática del plan?
Difícil respuesta. No sé si alguien hoy día está claro de cómo resolver este problema. Si un gobierno, si una mirada política pretende “reducir drásticamente al Estado, rebajar impuestos” y pedir que la sociedad continúe funcionando como si no hubiera pasado nada, me parece que es imposible. Por eso, antes de que eso ocurra se están haciendo los llamados necesarios para construir mayorías.
El 2019 no se cerró la historia después de ese levantamiento social que puede estar adormecido. Hoy, hay una desigualdad social que se nota, una mal llamada clase media que es maltratada hasta en los discursos, porque es dejada de lado, particularmente, en los presidenciales.
Una oposición activa y una democracia amplia
¿Hasta qué punto el rol de la oposición está cumpliendo una labor de fiscalización democrática o se convierte en un bloqueo sistemático que impide que el país avance, sólo por la distancia ideológica con el Ejecutivo?
Lo que se requiere junto a una fiscalización propia, es que la oposición “fiscalice en todo sentido”. La democracia tiene que ser construida con todas las miradas políticas, por supuesto con ideologías, porque cada uno las tiene, pero muy distinto es caer en posiciones sectarias.
Ante un Chile dividido, ¿es viable un proyecto de reconstrucción que excluye la mirada de casi la mitad de la población?
Hay algunos que hablan de reconstrucción que son los que, hoy día, están en el gobierno. Sin embargo, cada gobierno toma un continuo y éste es un continuo de sellos que va colocando quien llegue a La Moneda y estamos llamados todos a fiscalizar y colaborar.
Hay conceptos que se usan en forma de caricatura que no hacen bien. Tenemos un gobierno que, sin ser peyorativo, tiene un pensamiento de los llamados ultra derecha, los Trump, los Milei, los Bolsonaro que, en su discurso y mensaje beligerante en algunos casos, con tonos hostiles, van captando la atención, pero cuando se gobierna se requiere “el ánimo de construir, tener miradas amplias y sensatez”.
Royalty Minero y autonomía regional
Senador, usted siempre defendió que estos recursos debían ser de libre disposición para resguardar la autonomía de las regiones frente al centralismo de Santiago. Sin embargo, ante las alertas de Contraloría por el gasto de comunas en eventos y fiestas en lugar de infraestructura estructural, ¿fue un error no haber establecido amarras o destinos específicos en la ley?
Cuando hablamos de mayor descentralización tiene que ver con grados de autonomía en términos políticos y fiscales, en cuanto a recursos disponibles para estas zonas, sino la autonomía se ve limitada. Uno de los proyectos o ley de la República que me parece revolucionario es el Royalty Minero al cobre, porque eso “llena de recursos frescos a las comunas y a los gobiernos comunales y regionales”.
¿Apoyaría hoy una reforma para restringir el uso de estos fondos?
A mi juicio, corresponde hacer evaluaciones en esta Ley de Royalty Minero que lleva poco más de dos años. Hay que tener datos concretos, más allá de las publicaciones en los medios de comunicación, y “tener certeza en qué están invirtiendo”, en general, las comunas y las regiones.
Desde la oposición se ha planteado la idea de frenar los traspasos a los municipios que muestren brechas de transparencia o bajas rendiciones. ¿Cómo responde a esa presión política sin desproteger los presupuestos de las comunas mineras que ya cuentan con ese dinero para este año?
Hoy día, no pueden aplicarse medidas arbitrarias como frenar el traspaso de recursos. Si el Ejecutivo tiene algún planteamiento que lo haga llegar al Congreso y discutirse, tampoco hay que actuar atolondradamente.
El desafío de gobernar un país que aún busca equilibrio
Más allá de las diferencias ideológicas y de las disputas propias del ciclo político, el debate de fondo parece girar sobre una pregunta más profunda: cuánto Estado necesita Chile para sostener cohesión social, desarrollo regional y gobernabilidad democrática en una etapa marcada por desconfianza institucional, desigualdad y fragmentación política. La discusión sobre descentralización, recursos fiscales y autonomía territorial difícilmente se agotará en un período presidencial.
En paralelo, el futuro del Royalty Minero también abre una tensión mayor entre control, transparencia y autonomía regional. Mientras las regiones exigen más capacidad de decisión sobre sus recursos, crece la presión por asegurar resultados concretos y rendición de cuentas.
El desafío no parece estar únicamente en distribuir recursos, sino en demostrar que esos fondos pueden transformarse en desarrollo sostenible, legitimidad institucional y mejores condiciones de vida para los territorios que sostienen buena parte de la economía del país.
