Por: Cristián Martínez. Ingeniero Comercial. Fundador de Crece Inmobiliario
La reciente aprobación en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del proyecto para eliminar la Unidad de Fomento (UF) en contratos de arriendos, dividendos hipotecarios, educación y salud, ha abierto una conversación respecto al uso de este indicador clave en la economía chilena.
La propuesta de los congresistas del oficialismo ha ido variando desde su idea original, precisamente, debido a la falta de claridad sobre los verdaderos impactos que una medida de esta naturaleza podría acarrear, teniendo incluso como voz detractora al propio exministro de Hacienda, Mario Marcel, quien advirtió sobre los efectos negativos que tendría esta medida en el sistema financiero e inmobiliario.
Pero, ¿Por qué esto es importante de entender? Primero es fundamental saber qué es realmente la UF, dado que no se trata de una moneda de uso legal, sino de una unidad de cuenta creada en 1967 para indexar la inflación de manera diaria. Este mecanismo permite que tanto inversionistas como el sistema financiero puedan proyectarse en el largo plazo, entregando estabilidad frente a la variación de precios.
Durante las últimas décadas, la UF ha sido la piedra angular del sistema financiero chileno, al permitir ofrecer créditos hipotecarios a 30 y 40 años, algo impensado sin esta herramienta. Gracias a ello, los desarrolladores inmobiliarios pueden proyectar construcciones de largo plazo, aspecto esencial frente al déficit habitacional que enfrenta Chile.
Ahora bien, ¿por qué surgen este tipo de medidas? El problema no es la UF en sí misma, sino la inflación que esta herramienta busca mitigar. Su eliminación implicaría trasladar el riesgo inflacionario al sistema financiero y a los consumidores, generando mayores tasas y menores plazos crediticios.
Si se elimina la UF, los bancos se verían obligados a ofrecer créditos de plazos más cortos y con tasas variables, ajustadas cada tres o cuatro años según el mercado. En este escenario, las familias de clase media serían las más afectadas, enfrentando condiciones más duras para acceder a financiamiento habitacional.
Quienes defienden la eliminación parcial de la UF en ciertos contratos —como arriendos, educación o seguros— deben entender que la incertidumbre inflacionaria se trasladaría directamente a los precios finales que pagan los consumidores.
El verdadero desafío no es eliminar los instrumentos que permiten convivir con la inflación, sino atacar las causas estructurales que la generan. Eliminar la UF es como querer curar la fiebre rompiendo el termómetro.
En resumen, las discusiones sobre la UF desvían la atención de los problemas reales del sector inmobiliario: la falta de suelo urbano, los largos procesos de aprobación, los altos costos de construcción y las barreras regulatorias que encarecen el acceso a la vivienda.
El foco debe estar en resolver los problemas estructurales del mercado inmobiliario y no en soluciones superficiales que aumentan la incertidumbre económica.
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