Por Pedro Matamala Souper, Socio en Provoste Matamala Abogados
La implementación de la ley de 40 horas no admite improvisaciones. No es una reforma menor, ni
tampoco un ajuste cosmético: implica rediseños operativos, contractuales y organizacionales profundos al interior de las empresas. Por lo mismo, exige certeza jurídica, anticipación y, sobre todo, una conducción técnica sólida por parte de la autoridad administrativa. Sin embargo, lo que hemos
visto en esta nueva etapa dista de ese estándar.
La Dirección del Trabajo ha anunciado la emisión de un dictamen interpretativo cuando el plazo legal
para que los empleadores informaran sus propuestas de rebaja de jornada ya se encuentra vencido.
Este solo hecho revela un problema serio: se pretende orientar, o eventualmente corregir conductas cuando los actores ya tomaron decisiones bajo un marco de incertidumbre.
El resultado es evidente. En vez de otorgar certeza, este tipo de anuncios introduce dudas retroactivas.
¿Se ajustaron correctamente las empresas? ¿Deberán rehacer procesos ya ejecutados? ¿Se abrirá
espacio para cuestionamientos administrativos o judiciales sobre decisiones adoptadas de buena fe?
La función de la Dirección del Trabajo no es sorprender a los regulados ni tensionar ex post decisiones
ya consolidadas. Su rol histórico ha sido precisamente el contrario: interpretar la normativa laboral con criterios de oportunidad, coherencia y previsibilidad, permitiendo que empleadores y trabajadores
actúen con reglas claras. Y aquí hay un punto más de fondo.
La Dirección del Trabajo no puede transformarse en un actor reactivo ni, menos aún, en un espacio de
disputa política o ideológica. Su legitimidad descansa en su suficiencia técnica, en su apego al principio de juridicidad y en su capacidad de actuar dentro de sus competencias, sin excederlas ni
reinterpretarlas según la coyuntura. Por eso, el momento actual es también una oportunidad.
El liderazgo del nuevo Director del Trabajo, David Oddó, debiera marcar un punto de inflexión. Su
reconocida trayectoria técnica genera una expectativa legítima: que la institución retome su rol
histórico, alejándose de la contingencia y reenfocándose en lo que le es propio: interpretar la ley con rigor, oportunidad y responsabilidad institucional.
La implementación de la ley de 40 horas aún tiene etapas por delante. Pero para que ese proceso sea
exitoso, es indispensable que la autoridad actúe con anticipación y no a destiempo; con criterios
técnicos y no políticos; con vocación de certeza y no de incertidumbre.
Porque en materia laboral, improvisar no es neutro: se paga. Y lo terminan pagando todos.
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