Por Víctor Schneider, CEO de SmartJob
En un año marcado por la necesidad de reducir el gasto fiscal en un 3%, la discusión pública se ha concentrado en recortes visibles: programas, inversión o dotación. Sin embargo, hay un espacio de eficiencia menos evidente, pero igual de relevante: el costo de mantener y evolucionar el software del Estado.
Chile ha avanzado en digitalización. Estar en el puesto 10 del Índice de Gobierno Digital de la OCDE no es menor. Tampoco lo es la implementación de la Ley de Transformación Digital. Pero ese avance convive con una realidad menos auspiciosa: más del 70% de las instituciones públicas reconocen estar en etapas iniciales de madurez tecnológica (Según el Índice de Madurez de Transformación Digital).
Esa brecha no es solo técnica. Es económica.
Sistemas fragmentados, arquitecturas heredadas y dependencia de proveedores escasos hacen que cada mejora, integración o actualización sea más lenta y costosa de lo que debería ser. En la práctica, el Estado paga más por hacer menos.
Aquí es donde la discusión sobre inteligencia artificial suele desviarse. Se habla de reemplazo, de riesgos o de automatización total. Pero en el desarrollo de software, el mayor valor hoy no está en reemplazar personas, sino en aumentar su productividad.
La evidencia internacional es clara. En Reino Unido, el uso de asistentes de código con inteligencia artificial permitió ahorrar cerca de un mes de trabajo por desarrollador al año. Pero el dato más relevante es otro: ese avance ocurrió bajo un modelo de supervisión humana constante.
Ese es el punto clave. No se trata de “IA autónoma”, sino de IA supervisada.
Aplicada correctamente, esta tecnología puede reducir entre un 20% y un 40% los costos en tareas específicas de desarrollo: testing, mantención, documentación, actualización de sistemas. No hablamos del presupuesto TI completo, sino de las áreas donde se concentra el trabajo repetitivo y de alto volumen.
¿Es fácil implementarlo en el Estado? No. Hay barreras reales: procesos de compra, regulación, cultura organizacional, seguridad de la información. Pero ninguna de ellas es insalvable.
La clave no es reemplazar sistemas completos —algo inviable en el sector público—, sino modernizar por capas. Integrar donde se pueda, automatizar donde tenga sentido y avanzar sin interrumpir la operación.
El ajuste fiscal no necesariamente pasa por gastar menos en todo. A veces pasa por gastar mejor en lo que ya se está haciendo.
Y hoy, el software del Estado es uno de los lugares más concretos para empezar.
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