El Estado activa la mayor ofensiva de cobro del Crédito con Aval del Estado —impulsada como parte de la agenda del Presidente José Antonio Kast— combinando juicios para altos ingresos y convenios de pago, en un sistema donde la deuda estudiantil terminó transformándose en un problema fiscal de gran escala
El proceso de cobro de las deudas del Crédito con Aval del Estado comenzó a tomar forma esta semana, con la activación de medidas por parte de la Tesorería General de la República ante el aumento sostenido de la morosidad.
Con una deuda que supera los $4 billones y más de 550 mil personas en incumplimiento, el sistema entra en una etapa distinta, donde la recuperación de recursos pasa a ocupar un lugar central en la gestión pública. Este giro se produce tras años en que el crecimiento de la cartera no tuvo un correlato equivalente en los procesos de cobranza.
La estrategia contempla acciones diferenciadas según el perfil de los deudores. Mientras un grupo enfrenta cobros judiciales, otros pueden acceder a convenios de pago, estableciendo una segmentación en la implementación de esta política. El despliegue se inscribe en la agenda del Ejecutivo encabezado por el Presidente José Antonio Kast, quien ha reforzado la necesidad de avanzar en el cumplimiento de obligaciones.
Radiografía del CAE en Chile
| Indicador clave | Dato actualizado |
|---|---|
| Deuda total CAE | $4 billones |
| Crecimiento desde 2018 | x8 |
| Deudores en mora | Más de 550.000 |
| Personas en etapa de pago | Cerca de 900.000 |
| Nivel de morosidad | Sobre 50% |
| Rol del Estado | Aval que paga y luego cobra |
| Umbral cobro judicial | Sobre $5 millones |
| Acceso a convenios | Bajo $5 millones |
En la base de esta decisión está el funcionamiento mismo del CAE, que desde su origen combinó financiamiento privado con garantía estatal. El sistema permitió ampliar el acceso a la educación superior a miles de estudiantes, especialmente en sectores que antes no contaban con financiamiento. Sin embargo, también implicó que el Estado asumiera el riesgo en los casos de incumplimiento, generando una acumulación progresiva de deuda. Cada obligación impaga se transforma en una carga fiscal para el Estado.
Cómo el CAE terminó trasladando el riesgo al Estado
El CAE fue diseñado como un crédito otorgado por bancos con garantía estatal, lo que permitió expandir el acceso a la educación superior sin una expansión directa del gasto público inicial. El modelo trasladó el riesgo desde el sistema financiero hacia el Estado, generando una exposición creciente a medida que aumentan los niveles de morosidad.
En la práctica, cuando un beneficiario deja de pagar, el Estado cubre la deuda frente al banco y posteriormente inicia el proceso de cobranza para recuperar esos recursos. El incumplimiento individual se convierte en una obligación fiscal, consolidando una presión sostenida sobre el gasto público. Hoy, cerca de 900 mil personas han pasado por el sistema en etapa de pago y más de la mitad presenta atrasos.
Cobros judiciales: el giro en la estrategia de recuperación
La principal novedad es la activación de cobros judiciales focalizados en deudores con mayores ingresos. Los deudores con ingresos superiores a $5 millones quedan fuera de convenios, enfrentando directamente acciones judiciales para el pago de sus obligaciones.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó que la medida apunta a corregir una distorsión acumulada en el funcionamiento del CAE y señaló que “la vamos a ir a cobrar y vamos a actuar con todas las herramientas que contempla el juicio ejecutivo, incluyendo embargos cuando corresponda”. En la misma línea, agregó que “no todos los deudores del CAE están en una condición vulnerable; hay personas con ingresos altos que han dejado de pagar”.
Estas acciones consideran juicios ejecutivos y medidas como embargos o retención de bienes, incluyendo cuentas bancarias, remuneraciones y devoluciones de impuestos. De ests forma, el Estado activa mecanismos coercitivos para recuperar deuda educativa, y la TGR eleva la presión sobre deudores con mayor capacidad de pago.
Perfil de los deudores CAE en Chile
| Variable clave | Características | Impacto |
|---|---|---|
| Egresados | 769 mil | Mayor capacidad relativa |
| Desertores | 223 mil | Mayor riesgo de mora |
| Origen social | Sectores medios y vulnerables | Alta exposición |
| Tipo institución | IP y CFT predominan | Inserción variable |
| Nivel de ingresos | Disperso | Segmentación necesaria |
| Comportamiento pago | Bajo en cohortes recientes | Mora creciente |
📌 Fuente: Departamento de Presupuesto y Análisis Financiero (2025)
Convenios de pago: alternativa para regularizar la deuda
En paralelo, el plan contempla alternativas de regularización para quienes registran menores ingresos. Los convenios de pago se orientan a deudores con ingresos bajo $5 millones, incorporando condiciones más flexibles según su situación económica.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo que la política incorpora un enfoque diferenciado y planteó que “quienes han tenido dificultades económicas reales van a tener opciones de regularización”.
Impacto fiscal y debate que vuelve al centro
El avance del cobro del CAE ocurre en un momento de alta exigencia sobre las finanzas públicas. El Estado ha asumido el costo del incumplimiento como aval del sistema, acumulando una carga que hoy se refleja en el volumen de deuda vigente.
Factores territoriales que inciden en la morosidad CAE
| Factor | Regiones más afectadas | Impacto |
|---|---|---|
| Deserción | Maule, Araucanía | Aumenta mora |
| Ingresos bajos | Sur y centro sur | Menor capacidad de pago |
| Oferta TP (IP/CFT) | Norte y sur | Mayor variabilidad laboral |
| Empleo dinámico | Norte minero | Menor mora relativa |
| Centralización laboral | RM | Mayor volumen de deudores |
Esa acumulación ha llevado a que el CAE trascienda el ámbito educativo y se instale en el debate sobre sostenibilidad fiscal. El sistema se ubica en un punto de cruce entre financiamiento educativo y gestión de recursos públicos. El diputado Juan Santana advirtió que “perseguir judicialmente a los deudores no aborda el problema de fondo”.
Un sistema en revisión
El inicio de los cobros judiciales abre una nueva etapa en la gestión del CAE, donde la recuperación de recursos pasa a ser un eje operativo del sistema. La activación de medidas judiciales introduce un cambio en la forma en que el Estado enfrenta la morosidad, especialmente en segmentos con mayor capacidad de pago. El foco deja de estar solo en el acceso al financiamiento y se desplaza hacia el cumplimiento de las obligaciones, marcando un ajuste en la implementación del instrumento.
A partir de este punto, el desempeño del sistema estará determinado por la evolución de la morosidad y la capacidad de los deudores para regularizar su situación. La combinación de cobros judiciales y convenios de pago definirá el comportamiento de la cartera en los próximos meses, mientras se mantiene abierto el debate sobre su funcionamiento.
El CAE entra en una fase donde su sostenibilidad dependerá de cómo se equilibren financiamiento, recuperación y condiciones de pago, con efectos directos en la política pública en educación.
