Por: Francisco Covarrubias. Presidente Ejecutivo de la Fundación ProAcogida

Después de 12 largos años de discusión parlamentaria, Chile por fin ha dado un paso histórico con la aprobación de una reforma integral al sistema de adopción.

Desde Fundación ProAcogida, organización que lideró la incidencia para que esta ley fuera una realidad, celebramos con emoción y orgullo este avance. Pero también advertimos, con la misma fuerza, que aún estamos lejos de cerrar la deuda que el Estado tiene con la infancia.

Esta nueva ley no puede entenderse sin su antesala: la Ley de Garantías de Derechos de la Niñez, que cambió el eje del sistema y puso, al fin, a los niños, niñas y adolescentes en el centro. Porque cuando se prioriza su bienestar, sus tiempos y sus vínculos, el enfoque se transforma.

Lo más revolucionario de esta reforma es que establece plazos claros para que ningún niño o niña viva por años en el abandono institucional. Con esta ley, Chile se convierte en el tercer país del mundo en fijar tiempos máximos para buscar soluciones definitivas. Hasta ahora, había niños que pasaban ocho años esperando una definición sobre su futuro. Ocho años en un limbo doloroso, sin certezas ni contención afectiva estable. Esta ley reduce ese tiempo a un máximo de dos años. Eso puede significar la diferencia entre una vida truncada y una infancia reparada.

Otro cambio valioso y necesario son las familias de acogida, en ciertos casos, podrán adoptar. Porque si un niño ha construido vínculos profundos con quienes lo han cuidado y protegido, es un acto de justicia y humanidad permitir que esa relación continúe.

Los niños no son muebles que se pueden trasladar de un hogar a otro. Son personas con historia, afectos y raíces. Esta ley también permite que, si es beneficioso para el desarrollo del niño o niña, puedan mantenerse vínculos con la familia de origen o extensa. Es un reconocimiento maduro a la complejidad de las trayectorias de vida de la infancia vulnerada.

Pero no basta con celebrar. Esta ley será solo una promesa si no se acompaña de las reformas necesarias para hacerla realidad. Urge avanzar con el proyecto de ley de tribunales, la armonización normativa y la Ley de Presupuestos 2025. No podemos hablar de procesos más rápidos si los tribunales de familia siguen colapsados, si no se cuenta con personal capacitado, o si no se destinan los recursos que esta transformación exige. Sin presupuesto, esta ley será letra muerta. Sin el compromiso político real, será solo un bonito titular.

Desde Fundación ProAcogida sabemos que este momento es una oportunidad para cambiar el destino de miles de niños, niñas y adolescentes que llevan años esperando una familia. Esta ley es una victoria importante, pero incompleta. El verdadero desafío comienza ahora: hacer que lo aprobado se cumpla, que las promesas se materialicen, que las familias lleguen.

Porque los niños no pueden seguir esperando. Ya esperaron 12 años por esta ley. No pueden esperar otros 12 para que funcione.

El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor (a) y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo