El traspaso del alza de combustibles a los consumidores golpea a la mayoría del país que vive en regiones, donde se concentran las pymes, el transporte depende del Fondo Espejo y no existen redes equivalentes al Metro, mientras las autoridades locales carecen de herramientas para responder
Por estos días, el debate sobre el alza de los combustibles se ha concentrado en variables fiscales y factores internacionales, pero su impacto se despliega con mayor fuerza en el territorio. Cerca del 60% de los chilenos vive fuera de la Región Metropolitana, y es ahí donde cada aumento en el precio del diésel o la bencina se traduce en un encarecimiento inmediato de la vida cotidiana.
El costo se define en el nivel central, pero se paga en regiones, donde no existe Metro ni redes de transporte público robustas que permitan amortiguar el impacto.
En ese escenario, el denominado Fondo Espejo del Transantiago, establecido en la Ley 20.378, buscó equilibrar la distribución de recursos hacia regiones en relación con el sistema de transporte de Santiago. Sin embargo, su alcance ha demostrado ser limitado frente a shocks como el actual.
El Fondo Espejo no compensa la brecha estructural en infraestructura y cobertura de transporte, mientras que las regiones siguen dependiendo de sistemas fragmentados y altamente sensibles al precio de los combustibles.
En esos mismos territorios se encuentra la base productiva del país. Agricultura, pesca, comercio, servicios y gran parte de la actividad minera dependen de cadenas logísticas extensas y de un uso intensivo del transporte. La mayor parte de las pymes y negocios operan en regiones y dependen del costo del combustible, mientras que el alza reduce su margen operativo y compromete su sostenibilidad en el tiempo, en un contexto donde la movilidad cotidiana descansa en vehículos particulares o transporte público limitado.
La cadena de impacto: del surtidor a la economía local
Cuando sube el combustible, no sube solo el traslado. Se encarece toda la cadena productiva y de abastecimiento. El agricultor paga más por mover su producción, el transportista por operar, el comercio por abastecerse y el consumidor por comprar. El alza de combustibles se traduce en un aumento generalizado del costo de vida en regiones, mientras que la inflación territorial se intensifica con mayor fuerza fuera de los grandes centros urbanos.
Pero hay un elemento que agrava esta situación y que ha quedado fuera del centro del debate: la forma en que opera el sistema tributario asociado a los combustibles. Cuando el precio del litro sube, el impuesto específico sigue presente en cada litro consumido y mantiene su efecto recaudatorio, mientras que una parte relevante de ese mayor gasto termina ingresando a las arcas fiscales vía consumo.
En ese contexto, no aplicar plenamente el mecanismo de estabilización como el MEPCO no es neutro. En la práctica, implica trasladar completamente el impacto del alza al consumidor final, mientras que el Estado mantiene su recaudación y no activa una herramienta diseñada precisamente para amortiguar estos shocks. Esa decisión, más que técnica, tiene consecuencias distributivas claras.
Tributación desigual: quién paga y quién puede evitarlo
El impacto del impuesto específico no es homogéneo. Mientras una familia o una pyme absorbe completamente el incremento en el precio del combustible, existen sectores económicos que operan bajo regímenes que les permiten mitigar ese costo.
El común de los chilenos paga el impuesto completo sin posibilidad de devolución, mientras que sectores como transporte de carga, gran minería, forestales, aviación o navieras acceden a mecanismos de recuperación o tratamientos tributarios diferenciados.
Esto configura un escenario de asimetría evidente. La carga fiscal recae directamente en los consumidores y economías regionales, mientras que los sectores de mayor escala cuentan con herramientas para reducir su exposición tributaria.
En ese marco, no utilizar plenamente el MEPCO termina consolidando una forma de tributación desigual en un momento de alta presión económica.
Decisiones centralizadas, impacto sin respuesta local
El problema no es solo económico, es institucional. Las decisiones se toman en el nivel central, pero los efectos se despliegan en territorios que no tienen herramientas para reaccionar. Los gobiernos regionales y municipios cuentan con atribuciones limitadas para enfrentar crisis de precios como esta, mientras que la falta de instrumentos fiscales y regulatorios impide una respuesta efectiva a nivel local.
Chile mantiene un alto nivel de centralización fiscal: cerca del 80% del gasto público es ejecutado por el nivel central. Las autoridades locales enfrentan el impacto sin capacidad de intervenir en precios o generar subsidios relevantes, mientras que la ciudadanía percibe la ausencia de respuesta en el nivel más cercano del Estado, profundizando la distancia entre decisiones y consecuencias.
Gobernar el impacto en un país descentralizado en discurso
La política pública no solo explica el origen de las crisis, define cómo se distribuyen sus efectos. Y hoy, ese costo está siendo absorbido principalmente por quienes viven y producen en regiones, sin una red de protección equivalente a su exposición. El ajuste económico está recayendo sobre la economía real del país, mientras que las regiones enfrentan la crisis sin autonomía ni herramientas para amortiguarla.
En ese contexto, el debate fiscal no puede limitarse a la recaudación vía consumo. Si el Estado requiere mayores ingresos, la discusión debe considerar a los sectores con mayor capacidad contributiva, mientras que seguir cargando el ajuste sobre las personas profundiza la desigualdad territorial y económica.
Porque cuando el ajuste baja al territorio, no solo sube el precio del combustible: se encarece la vida, se debilitan las pymes y se tensiona la cohesión territorial, mientras que la centralización deja de ser un problema administrativo y se convierte en un problema político estructural.
Y cuando no se usan las herramientas para amortiguar el impacto y se mantiene intacta la carga sobre quienes no pueden evitarla, lo que se instala no es solo una crisis de precios: es una forma de desigualdad validada desde la política pública.
Por Richard Andrade C. Director de Poderyliderazgo.cl
