Por: Andrés Meneses. Gerente de Políticas Públicas Corma
La amenaza creciente de los incendios forestales en Chile no solo expone la vulnerabilidad de nuestro entorno natural y económico, sino también la insuficiencia de nuestro marco legal para enfrentarlos de manera efectiva. Con un 60% de incendios intencionales en algunas regiones de la macrozona forestal y más de 700 mil hectáreas de plantaciones consumidas en la última década, se hace urgente perfeccionar el Proyecto de Ley que se tramita en el Senado para fortalecer tanto la prevención como el combate de estos desastres.
El fuego no discrimina entre bosques naturales y plantaciones productivas, pues bajo condiciones climáticas extremas, se propaga con velocidad devastadora. Aunque los planes de manejo forestal y los anillos de protección son necesarios, resultan insuficientes cuando la verdadera amenaza proviene de la acción humana deliberada o negligente.
Es aquí donde una Ley robusta y completa debe proteger a nuestras comunidades y ecosistemas. Creemos que una ley de incendios forestales y rurales correctamente estructurada debe fundarse en cuatro pilares: la prevención; el combate; la persecución y la recuperación.
La prevención debe ir más allá de las medidas de gestión territorial y forestal que propone el proyecto. El mejor incendio es el que nunca se produce y por tanto, es fundamental que cuando se vean venir condiciones atmosféricas favorables para la propagación de los incendios, tanto el sector público como el privado hagan despliegues climáticos preventivos: monitorear las rutas de acceso a los puntos donde siempre comienzan los incendios.
Igualmente, es fundamental potenciar el combate nocturno tanto aéreo como terrestre, sobre todo considerando que más del 30% de los incendios forestales comienzan durante la noche.
Asimismo, se debe dotar a los tribunales, al Ministerio Público y a las policías de facultades investigativas que permitan pesquisar el origen de los incendios intencionales para así determinar responsabilidades que lleven a la condena efectiva de los responsables.
Finalmente, y no menos importante, un proyecto de ley de incendios debe considerar ayudas que permitan a los pequeños y medianos propietarios forestales recuperar los bosques quemados. La reconstrucción del bosque evita que una emergencia que comenzó con un incendio continúe siendo una emergencia ambiental. En efecto, los suelos desprovistos de cobertura vegetal quedan expuestos a la erosión y con ella, a la remoción en masa, a los aluviones que ya hemos visto durante este año y al bloqueo de cuencas que abastecen de agua incluso para el consumo humano.
El desafío que enfrentamos requiere una respuesta contundente y decidida, que no sólo apague el fuego, sino que lo prevenga y sancione con todo el rigor que la Ley permita. Perfeccionar el proyecto de Ley actualmente en trámite incorporando estos elementos es urgente y necesario si queremos proteger nuestras vidas, bienes y la naturaleza de esta amenaza persistente y devastadora.
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