Por Clemente Labadía, CFO de Rindegastos
Desde el 1 de abril, la Contraloría General de la República retomó una facultad que tenía hace años pero que no ejercía: demandar directamente ante los tribunales el cobro de las sentencias condenatorias del Juzgado de Cuentas. En simple, si alguien fue declarado responsable de usar mal fondos públicos y debe devolver plata, ahora la Contraloría va a ir ella misma a buscarla. Sin intermediarios, sin esperar.
La contralora Dorothy Pérez fue directa: no lo hacían por falta de personal. Reorganizaron sus equipos y ahora van. El marco legal siempre estuvo ahí, en el artículo 128 de su ley orgánica. El problema era otro.
Esto importa, y mucho, para quienes trabajan en organizaciones que reciben o administran fondos públicos, ya sea en municipios, servicios del Estado, corporaciones o fundaciones. El mensaje es claro. La rendición de cuentas dejó de ser un trámite administrativo que se puede postergar o resolver con buena voluntad.
Hoy implica responsabilidad directa y consecuencias reales, ejecutables, con juicio y sentencia incluidos. Ignorar esto ya no es solo un descuido, es una exposición innecesaria a riesgos que pueden tener efectos concretos en la gestión y en las personas a cargo.
Y aquí viene lo que muchos contadores y administradores saben de sobra, pero que pocas veces se dice en voz alta. El problema no siempre es la intención, sino el orden. En el mundo público, y en varias organizaciones que administran estos recursos, todavía persisten prácticas poco profesionalizadas que dependen demasiado de criterios informales o de “cómo siempre se ha hecho”.
Organizaciones sin procesos claros de rendición terminan en problemas no porque hayan “robado”, sino porque no pueden demostrar que no lo hicieron. Los respaldos mal archivados, los gastos sin documentación oportuna y las aprobaciones de palabra son un riesgo concreto cuando hay un fiscal al otro lado.
La pregunta que deberían hacerse hoy en cualquier organización que maneja fondos públicos no es “¿nos van a fiscalizar?”. La pregunta es “¿si nos fiscalizan mañana, estamos en condiciones de responder?”.
Tener los procesos ordenados, con trazabilidad y documentación al día, no es burocracia. Es la única protección real frente a la nueva facultad activada por la Contraloría. La tecnología disponible hoy hace que esto sea perfectamente alcanzable, incluso para equipos pequeños.
El Estado está poniendo los dientes en la fiscalización de fondos públicos. Vale la pena no esperar a sentirlos.
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