El juez fue apartado tras dos viajes al extranjero mientras tenía licencia médica, pese a haber sido absuelto previamente en sede disciplinaria. Su defensa anuncia acciones ante instancias internacionales para impugnar esta decisión, que considera injustificada
Una absolución disciplinaria previa no bastó para evitar la salida de Daniel Urrutia del Poder Judicial. Este miércoles 28 de octubre, la Corte Suprema acordó remover al juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por viajes al extranjero durante licencias médicas. La decisión, adoptada por mayoría, abre un nuevo capítulo en su conflictiva relación con el máximo tribunal.
Los hechos se remontan a dos desplazamientos: Costa Rica, en 2020, y Ecuador, en 2022, cuando mantenía licencias médicas psiquiátricas. Urrutia sostuvo que el primero estaba vinculado a una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que el segundo tenía fines terapéuticos.
A Urrutia se suman dos remociones más, con lo que ya son 18 los jueces apartados por viajes durante períodos de reposo. La crisis también ha empujado a otras instituciones a reforzar la fiscalización de licencias médicas.
De la absolución a la remoción
En mayo, la Corte de Apelaciones de Santiago había cerrado los procedimientos disciplinarios contra Urrutia sin sancionarlo. Pero la Suprema abrió una vía diferente: un proceso de remoción basado en el artículo 80 de la Constitución, que exige buen comportamiento a los jueces.
La presidenta del tribunal, Gloria Ana Chevesich, informó que se resolvieron cinco expedientes: tres remociones, una unánime y dos divididas, y dos solicitudes rechazadas. Aunque la Corte no divulgó nombres, distintos medios confirmaron que Urrutia figura entre los afectados.
La defensa denuncia una represalia
El abogado Carlos Quezada cuestionó la decisión y aseguró que no responde únicamente a las licencias médicas. “Esta es una pasada de cuenta por otras cosas”, atribuyendo la medida a los enfrentamientos del magistrado con sus superiores. Se trata de una acusación de su defensa, no de una conclusión judicial.
El conflicto tiene historia. En 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Chile por vulnerar la libertad de expresión de Urrutia, sancionado años antes por sus críticas al papel de la judicatura durante la dictadura. Quezada anunció que volverán a acudir a instancias internacionales.
Un fallo que no cierra la controversia
La decisión debe formalizarse y notificarse. Urrutia permanece suspendido y su abogado ha solicitado anular la votación, alegando irregularidades en el procedimiento. El acuerdo de la Suprema, por tanto, no pone fin a las impugnaciones.
El episodio se suma a los cuestionamientos que enfrenta el sistema judicial. Según una encuesta Ipsos sobre la confianza en la justicia, el 57% identifica la corrupción entre sus principales problemas. Ahora falta conocer cómo fundamentará la Suprema una sanción que la defensa pretende revertir.
