La denominada “megarreforma” avanzó en general con apoyo de Chile Vamos, Republicanos y el Partido Nacional Libertario, mientras el PDG optó por abstenerse tras romper negociaciones con el Ejecutivo. La oposición cuestionó riesgos fiscales, acusó desorden político y anticipó una dura disputa legislativa en la Cámara
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en general la denominada Ley de Reconstrucción y Desarrollo impulsada por el Gobierno, iniciativa que se ha transformado en uno de los principales focos de disputa política, económica y parlamentaria del Ejecutivo. El avance legislativo se produjo en medio de advertencias fiscales, tensiones entre oficialismo y oposición y el quiebre de las negociaciones entre La Moneda y el Partido de la Gente (PDG).
La propuesta consiguió ocho votos a favor, cuatro en contra y una abstención, permitiendo al Gobierno superar el primer trámite en la Comisión de Hacienda pese al endurecimiento opositor y a las críticas por el manejo político de las conversaciones con sectores clave del Congreso Nacional.
| Parlamentario | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Agustín Romero | Partido Republicano | A favor |
| José Carlos Meza | Partido Republicano | A favor |
| Felipe Ross | Partido Republicano | A favor |
| Jaime Coloma | Unión Demócrata Independiente | A favor |
| Flor Weisse | Unión Demócrata Independiente | A favor |
| Diego Schalper | Renovación Nacional | A favor |
| Eduardo Durán | Renovación Nacional | A favor |
| Pier Karlezi | Partido Nacional Libertario | A favor |
| Boris Barrera | Partido Comunista de Chile | En contra |
| Jorge Brito | Frente Amplio | En contra |
| Carlos Bianchi | Independiente | En contra |
| Priscilla Castillo | Democracia Cristiana | En contra |
| Zandra Parisi | Partido de la Gente | Abstención |
Oficialismo logra ordenar apoyos para destrabar proyecto estratégico
La votación ocurrió días después de que el Consejo Fiscal Autónomo advirtiera al menos nueve riesgos asociados a la iniciativa, observaciones que tensionaron el debate legislativo y reabrieron cuestionamientos sobre la conducción económica del Ejecutivo y la sostenibilidad de su agenda económica.
El avance de la denominada Ley de Reconstrucción también volvió a poner presión sobre la gobernabilidad del Gobierno en el Congreso Nacional, especialmente tras el quiebre político con el PDG y las dudas sobre la capacidad del Ejecutivo para sostener acuerdos legislativos estables en materias vinculadas a crecimiento económico, gestión pública y equilibrio fiscal.
El respaldo del diputado Pier Karlezi resultó especialmente relevante para el Ejecutivo, considerando las tensiones que habían marcado las negociaciones previas con sectores opositores e independientes. El parlamentario reconoció diferencias con parte del contenido del proyecto, pero afirmó que la iniciativa “va en el sentido correcto”, aunque advirtió que existe una “letra chica con la que nos sentimos incómodos”.
También criticó el manejo político del Gobierno con el PDG. “El Gobierno negoció de forma demasiado liviana, considerando lo que está en juego”, señaló.
PDG rompe negociaciones y marca distancia del Ejecutivo
Uno de los episodios que tensionó la sesión fue la abstención de la diputada Zandra Parisi, representante del PDG en la Comisión de Hacienda. La decisión se produjo luego de que la colectividad acusara incumplimientos del Ejecutivo respecto de medidas comprometidas para aliviar el costo de vida, particularmente en materias vinculadas al reembolso del IVA en pañales y medicamentos.
Pese al distanciamiento político, horas antes de la votación el líder del PDG, Franco Parisi, sostuvo una reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, instancia que volvió a abrir la posibilidad de recomponer el entendimiento legislativo.
Tras la sesión, Quiroz interpretó la abstención como una señal de continuidad en las conversaciones con el PDG y aseguró que el conflicto correspondió “más bien a un malentendido”.
Oposición endurece presión por impacto fiscal y conducción política
Desde la oposición, las críticas apuntaron tanto al contenido económico del proyecto como al manejo político de la tramitación. Parlamentarios opositores acusaron restricciones en el uso de la palabra y cuestionaron la conducción política de la sesión en una discusión considerada clave para el futuro de las políticas públicas impulsadas por el Ejecutivo.
El diputado Jorge Brito sostuvo que el Gobierno no respondió a las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo y acusó un deterioro en la estabilidad económica y en la capacidad de negociación política del oficialismo dentro del Congreso Nacional. “Nos duele mucho lo que está pasando. El país está sufriendo un aumento del costo de la vida por el manejo económico del ministro Quiroz”, afirmó tras la votación.
Brito además elevó el tono político del debate y llamó a ordenar a la oposición para enfrentar la tramitación en la Sala. “Cuando esto pase a la Sala en dos semanas, podamos no solo sepultarlo, sino además asumir el liderazgo que el país necesita desde el Congreso Nacional”, sostuvo.
La diputada Priscilla Castillo, representante de la Democracia Cristiana en la instancia, justificó su voto en contra señalando que el proyecto no entrega certezas suficientes respecto del equilibrio fiscal. “Si bien el proyecto busca impulsar el crecimiento económico y estamos de acuerdo que es un objetivo necesario, no ofrece garantías de avanzar hacia un equilibrio fiscal”, advirtió.
Las críticas también alcanzaron la conducción de la sesión. El diputado Boris Barrera calificó el proceso como “inconsecuente e irresponsable”, mientras la diputada Gael Yeomans acusó que “se cerró el debate sin dar la palabra a la oposición”.
Proyecto entra a etapa decisiva para la gobernabilidad del Ejecutivo
Con la aprobación en general, el proyecto abrió plazo para el ingreso de indicaciones hasta el lunes 11 de mayo. La votación en particular comenzará el martes 12 y parte de la iniciativa continuará su discusión en las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente.
El avance legislativo permitió al Gobierno obtener un primer triunfo político en la Comisión de Hacienda, aunque el escenario sigue abierto. La abstención del PDG, las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo y el endurecimiento opositor anticipan una compleja disputa legislativa y política en la Sala de la Cámara durante las próximas semanas.
La tramitación de la Ley de Reconstrucción aparece así como una nueva prueba para el liderazgo político del Ejecutivo, su capacidad de negociación parlamentaria y la estabilidad de su agenda económica en el Congreso Nacional, en un escenario marcado por crecientes tensiones sobre gasto público, equilibrio fiscal y conducción gubernamental.
