El proyecto incorpora coordinadores exclusivos, nuevos planes y un programa de bienestar socioemocional.
La Comisión Mixta del Congreso Nacional aprobó el proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, una iniciativa que moderniza el marco normativo vigente y fortalece el rol del Estado en la promoción de ambientes seguros, inclusivos y respetuosos en los establecimientos del país. Con este respaldo, el texto quedó habilitado para su votación en Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.
La instancia estuvo integrada por parlamentarios de las comisiones de Educación de ambas cámaras, entre ellos la senadora Yasna Provoste y los senadores Gustavo Sanhueza, Jaime Quintana y Felipe Kast; además de las diputadas Emilia Schneider, Daniela Serrano y los diputados Arturo Barrios, Hugo Rey y Stephan Schubert.
En ese contexto, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, valoró la aprobación y sostuvo que se trata de una transformación de carácter estructural. “Chile necesita este proyecto. Chile necesita la ley de convivencia. Nuestro sistema educativo lo precisa con urgencia. La investigación y la evidencia nos indican que cuando los climas de los espacios educativos no son los adecuados, los aprendizajes no suceden o cuesta mucho que se puedan llevar adelante”, señaló la autoridad.
Rol del Estado y prevención en convivencia educativa
Asimismo, el ministro agregó que “este proyecto tiene un profundo sentido pedagógico. No es solamente un tema de justicia en materia de Derechos Humanos, de respeto, de dignidad. Es también, sobre todo, un proyecto que busca y apunta a la excelencia y a la mejora del sistema educativo”. La iniciativa, precisó el Ejecutivo, instala una mirada formativa de largo plazo, abordando la convivencia no solo desde la resolución de conflictos, sino también desde la prevención.
En la misma línea, Cataldo subrayó que, pese a los avances posteriores a la pandemia en asistencia y aprendizajes, persiste una brecha en bienestar socioemocional. “El indicador que tiene mayor rezago es precisamente el de la convivencia educativa y el bienestar socioemocional. Esto es una deuda que el Estado de Chile tiene con los niños y niñas de nuestro país, con nuestro futuro, que al mismo tiempo también es nuestro presente”, afirmó.
Principales medidas del proyecto aprobado
La propuesta aprobada establece un rol activo del Estado en la promoción del buen trato y la prevención del acoso, la violencia y la discriminación. Entre sus ejes centrales se encuentra la creación de la Política Nacional de Convivencia Educativa y un Plan de Acción Nacional con vigencia de ocho años, que articulará acciones con ministerios como Seguridad Pública, Salud y Mujer y Equidad de Género.
Asimismo, el proyecto considera la obligatoriedad de un Coordinador o Coordinadora de Convivencia con dedicación exclusiva en todos los establecimientos que reciben aportes del Estado, con el objetivo de fortalecer la gestión interna y el acompañamiento preventivo de las comunidades escolares.
También se contempla la actualización de los Reglamentos Internos y Planes de Gestión de Convivencia, incorporando medidas preventivas frente a riesgos como violencia y consumo de drogas, además de mecanismos de detección y derivación de casos críticos.
En tanto, se fortalece el rol de la Superintendencia de Educación, otorgándole mayores atribuciones de fiscalización y apoyo preventivo, y se crea un Sistema de Monitoreo de la Convivencia Educativa en la Agencia de Calidad de la Educación.
El texto también actualiza la Ley General de Educación y el Estatuto Docente, incorporando protocolos obligatorios contra el acoso sexual y laboral, en concordancia con la Ley N.º 21.643, y procedimientos para el reconocimiento de enfermedades profesionales asociadas a la salud mental.
Uno de los componentes centrales es el programa de bienestar socioemocional, que reorganiza la Jornada Escolar Completa para fortalecer el vínculo, la participación y el desarrollo integral, incorporando talleres deportivos, culturales y recreativos definidos por las propias comunidades educativas.
El programa ya inició un piloto en 176 establecimientos pertenecientes a los SLEP Iquique, Valparaíso, Gabriela Mistral, Punilla Cordillera y Andalién Sur, con recepción positiva por parte de las comunidades.
