Por Christian Rodiek, Ingeniero comercial de la Universidad de Mannheim y MBA de Western Illinois University
Tal como algunos anticipamos al inicio de la guerra en Medio Oriente, los efectos no tardaron en hacerse sentir. El aumento en el precio del combustible —uno que Chile no registraba desde hace más de 40 años— es solo el comienzo. La economía global, y particularmente la chilena, es altamente sensible a las disrupciones en el suministro energético.
En el Golfo Pérsico, transita cerca de un quinto del petróleo mundial, además de una proporción relevante del gas licuado. Cualquier alteración en el flujo remece las aguas y Chile, como importador neto de energía, no está ajeno al impacto.
Evidentemente, al subir el precio de los combustibles se encarece el transporte, columna vertebral de toda la cadena productiva. En consecuencia, también aumentan los precios de los alimentos, los bienes de consumo y, en definitiva, de prácticamente todo lo que llega a nuestras manos.
A este escenario se suma la presión sobre el tipo de cambio. La incertidumbre global fortalece al dólar, lo que encarece las importaciones y, sin duda, impacta en la inflación. Tras el anuncio del ministro de Hacienda, muchos corrieron a las bencineras a llenar sus estanques casi de manera instintiva, probablemente sin considerar el efecto inflacionario sobre la Unidad de Fomento (UF).
Con ello, subirán los arriendos, los créditos hipotecarios, el valor de las propiedades y otros bienes, mientras los ingresos de muchas personas permanecerán relativamente estancados.
Pero el impacto no es solo macroeconómico. Las pymes deberán enfrentar mayores costos en los insumos y una demanda más restringida, justo cuando Chile comenzaba a mostrar señales incipientes de recuperación económica. Ante este escenario, la pregunta inevitable es cómo debe reaccionar el Estado.
Más allá de la falta de caja, es razonable esperar medidas que busquen amortiguar el impacto en los hogares y en la actividad productiva. Entre las alternativas de corto plazo podrían considerarse ajustes tributarios específicos, como reducciones temporales del IVA aplicado a combustibles o productos de primera necesidad, así como incentivos que permitan sostener la actividad económica.
Y es que los efectos de las tensiones geopolíticas no desaparecerán de un día para otro. De hecho, suelen extenderse más allá del evento inicial y todo indica que conviviremos con presiones inflacionarias al menos durante los próximos meses. Los apoyos al transporte menor y el congelamiento de las tarifas del transporte público se agradecen, pero necesitamos un poco más.
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