El aumento de denuncias por violencia escolar y el avance del proyecto Escuelas Protegidas reactivaron la discusión sobre protocolos, prevención y seguridad privada en establecimientos educacionales y campus universitarios del país
La creciente violencia registrada en colegios y universidades comenzó a instalar una nueva discusión sobre seguridad preventiva y capacidad de respuesta frente a situaciones de riesgo dentro de comunidades educativas.
El debate tomó fuerza tras el avance legislativo del proyecto “Escuelas Protegidas”, iniciativa impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast que busca fortalecer atribuciones de seguridad y protocolos preventivos en establecimientos educacionales, incluyendo medidas relacionadas con control de accesos y resguardo de comunidades escolares.
La iniciativa avanza actualmente en el Senado tras ser aprobada por la Cámara de Diputados, mientras aumentan las alertas por convivencia escolar y hechos de violencia dentro de recintos educacionales.
Denuncias y hechos violentos aumentan presión sobre establecimientos
Según cifras de la Superintendencia de Educación, durante 2025 se registraron 22.680 denuncias ciudadanas, un aumento de 18,7% respecto de 2024. De ese total, 17.076 casos estuvieron vinculados a convivencia escolar, equivalente a más del 75% de todas las denuncias ingresadas por el organismo.
Los datos oficiales muestran además que durante el primer trimestre de 2026 ya se habían contabilizado 2.175 denuncias ciudadanas, manteniéndose convivencia escolar como el principal foco de conflictividad dentro del sistema educacional chileno.
La presión pública también aumentó luego de conocerse que entre 2020 y octubre de 2025 se acumularon más de 35 mil denuncias por violencia escolar a nivel nacional, mientras que las agresiones de estudiantes contra docentes alcanzaron durante 2025 su nivel más alto desde 2017.
A ello se suma otro antecedente que elevó la preocupación pública: más del 50% de los colegios del país registraron incidentes policiales durante el año lectivo 2025, fenómeno que comenzó a tensionar el debate sobre convivencia escolar, prevención de riesgos y seguridad educativa.
Seguridad privada aparece como apoyo a convivencia educacional
Expertos plantearon que la seguridad privada podría transformarse en un apoyo complementario para fortalecer protocolos preventivos y mejorar la capacidad de respuesta frente a situaciones complejas dentro de establecimientos educacionales.
Javier Sotomayor, gerente general de Grupo EULEN, sostuvo que el aumento de episodios de violencia en establecimientos educacionales obliga a avanzar hacia protocolos especializados y estructuras preventivas más profesionales, señalando que “es importante reconocer la necesidad de protocolos claros y que sean ejecutados por agentes especializados, para que no interrumpan el proceso formativo de los estudiantes ni complejicen la convivencia de la comunidad”, agregando además que “no se puede sobrecargar a los encargados de educación con tareas propias de seguridad”.
El ejecutivo añadió que la discusión sobre seguridad escolar también debe considerar quiénes son responsables de ejecutar la seguridad física de los establecimientos y bajo qué estándares operacionales trabajan, afirmando que “los protocolos necesitan personal capacitado en gestión de emergencias, control de acceso con criterio profesional y una estructura de respuesta que no dependa solo del director del colegio”.
Sotomayor planteó además que sectores como minería, salud y banca avanzaron hace años hacia modelos especializados de prevención y control, experiencia que podría servir de referencia para el sistema educacional, indicando que “en muchas instituciones de educación escolar y superior hay poca conciencia sobre el desafío de seguridad y qué es lo permisible, manteniendo siempre la privacidad y cuidado de los estudiantes”.
Control preventivo y monitoreo ganan protagonismo
Entre las principales medidas planteadas por especialistas aparecen evaluación periódica de vulnerabilidades, monitoreo preventivo y sistemas de vigilancia adaptados a cada establecimiento. Las propuestas incluyen guardias de seguridad, monitoreo perimetral mediante cámaras, control de acceso, inspección electrónica de bolsos, patrullajes preventivos y sistemas de seguridad electrónica.
Finalmente, Javier Sotomayor explicó que la seguridad preventiva debe entenderse como una herramienta de gestión de riesgos y convivencia, especialmente en universidades y campus abiertos, afirmando que “la seguridad no es un problema de cierre, sino de gestión de las vulnerabilidades”.
Congreso y comunidades educativas mantienen presión por nuevas medidas
El avance del proyecto Escuelas Protegidas comenzó así a instalar un debate más amplio sobre prevención, convivencia escolar y gestión de riesgos dentro de establecimientos educacionales, especialmente ante la creciente presión de comunidades educativas por contar con mejores herramientas de seguridad y respuesta institucional.
La discusión sobre seguridad escolar comenzó a incorporar cada vez con más fuerza el rol de la seguridad privada como apoyo complementario a protocolos preventivos y convivencia educacional, mientras autoridades, establecimientos y especialistas evalúan nuevas fórmulas para enfrentar fenómenos de violencia cada vez más complejos dentro del sistema educativo chileno.
