Por: Paulina Mora Lara. Seremi de Gobierno de la región de Coquimbo
Este mes, el Congreso Nacional se enfrenta a dos votaciones decisivas: la reforma de pensiones y el levantamiento del secreto bancario. Ambas reformas son fundamentales para el futuro económico y social del país, y su aprobación marcaría un hito significativo en la política nacional.
Desde que asumimos como Gobierno, el Presidente Gabriel Boric ha buscado avanzar hacia un sistema más justo y solidario en materia de pensiones, proponiendo una iniciativa que permita solucionar una de las principales preocupaciones de las y los chilenos: la seguridad económica en la vejez. Este es un debate que ya lleva más de una década sin una respuesta concreta para las personas y hoy debemos resolverlo.
La reforma al sistema de pensiones ha sido objeto de intensos debates desde su presentación en noviembre de 2022. Los cambios más destacados de este proyecto, incluyen el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), la creación de un nuevo componente de seguro social financiado por los empleadores y la eliminación de las AFP, que serían reemplazadas por nuevos gestores de inversión privados y una opción pública.
Todo esto tiene como objetivo establecer un sistema de pensiones más justo y solidario, que garantice una vejez digna para todos los ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, la resistencia de algunos sectores políticos ha ralentizado su progreso y ha alimentado la desesperanza de las y los pensionados, quienes aún hoy no cuentan con la tranquilidad necesaria en esta etapa de la vida.
Un ejemplo de esto se vio en mayo de este año, cuando la mediana de las pensiones de las más de 7,000 personas que entraron al sistema fue de $58,641 para las mujeres y $164,271 para los hombres.
Esta dura realidad no nos puede dejar indiferentes: necesitamos que los montos de las jubilaciones mejoren ahora, tanto para quienes están recibiendo el fruto de sus años laborales, como para los que, en algunos años, llegarán a esa etapa.
Por esto, la “suma urgencia” aplicada por nuestro gobierno muestra una determinación inquebrantable para llevar adelante esta iniciativa. La aprobación de esta reforma no solo beneficiará a los actuales y futuros pensionados, sino que también reforzará la confianza en un sistema que ha sido criticado durante décadas por su insuficiencia y desigualdad. Es una situación que está en nuestras manos poder cambiar.
Posponer un acuerdo en la materia puede ser contraproducente para quienes defienden este sistema cuyo eje es la capitalización individual (un sistema anómalo en el mundo, huelga decir), toda vez que sólo puede minar su ya menguada credibilidad y amplificar el clamor popular por terminar con las AFP, que es lo que las encuestas indican.
Por otra parte, la reforma de la ley de lavado de activos es igualmente crucial, sabemos que una de las principales preocupaciones del país es la seguridad, por eso, resulta una buena noticia la aprobación de la indicación para levantar el secreto bancario sin autorización judicial por la Comisión de Seguridad Pública del Senado. Sin duda, avanzar en esta materia, es terminar con la impunidad, dotando al Estado de una herramienta fundamental para seguir la ruta del dinero y combatir con fuerza el crimen organizado en nuestro país.
Como Gobierno, hemos trabajado con decisión y convicción en la tarea de construir un Chile más seguro y un Estado más fuerte, que sea capaz de combatir el crimen organizado, partiendo de la premisa que no hay democracia sin seguridad, una garantía indispensable para poder satisfacer otros derechos, como las pensiones, la salud, la vivienda o la educación.
En ese sentido, debe ser una política de Estado que se construya con la colaboración de todas las instituciones y de todos los sectores, sin excepciones. La seguridad es una tarea que como país debemos enfrentar unidos, por eso sorprende que una parte de la oposición haya puesto el grito en el cielo con el fin del secreto bancario, una iniciativa que ha sido apoyada por la OCDE y la Corte Suprema, y que permite una mejor investigación penal, con las debidas garantías y resguardos, ayuda a las policías y la fiscalía y arrincona los negocios del crimen.
Son pasos vitales para cerrar las brechas que facilitan el lavado de activos. La aprobación de esta reforma enviará un mensaje claro: Chile está comprometido en la lucha contra el crimen organizado e invitamos a que todos los sectores políticos se sumen a este esfuerzo.
Ambas votaciones nos ponen en un momento crucial, porque no es solo una cuestión legislativa; estas iniciativas son un reflejo de las prioridades y principios que nuestra sociedad debe impulsar. La reforma de pensiones y el proyecto que flexibiliza el levantamiento del secreto bancario abordan problemas que han socavado la confianza pública y han impedido el progreso económico y social.
El éxito de estas reformas dependerá no solo de su aprobación, sino también de su implementación efectiva y del compromiso continuo de las autoridades y la ciudadanía para exigir y mantener la transparencia, la justicia y la equidad.
Este mes podría ser recordado como un punto de inflexión en la historia contemporánea de Chile. Las decisiones tomadas por el parlamento no solo tendrán un impacto en las generaciones presentes, sino que también definirán el legado que dejaremos para el futuro. Es un momento para que nuestros representantes en el Congreso refuercen su compromiso con un Chile más justo, equitativo y transparente para todas y todos.
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