Tres trabajadores fallecieron en dos días y las muertes del año llegaron a doce. Empresas, sindicatos y parlamentarios confrontan las medidas adoptadas con las condiciones reales de trabajo, mientras el Estado anuncia nuevos controles para las faenas
Tres trabajadores murieron en dos días en la minería chilena. El domingo, un alud alcanzó a dos operarios subcontratistas en El Teniente de Codelco; este martes, un trabajador de 66 años falleció tras caer a un sistema de chancado en Illapel. Accidentes distintos que volvieron a situar la efectividad de los controles preventivos, las responsabilidades empresariales y la fiscalización en el centro de las preocupaciones de la industria.
El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) contabiliza 12 fallecimientos en 2026: seis en la gran minería, cinco en la artesanal y uno en la pequeña. La cifra llega después de un retroceso: en 2025 murieron 20 trabajadores, frente a 11 en 2024. Aunque la tendencia de largo plazo muestra avances respecto de los 45 fallecidos de 2010, los totales anuales no permiten comparar por sí solos las tasas de riesgo entre períodos.
El lamentable balance coincide con el Día Nacional de la Seguridad Minera, que recuerda el rescate de los 33 mineros de San José, ocurrido el 13 de octubre de 2010.
Entre los protocolos y los controles que funcionan
Un estudio del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) identificó que el 83% de las muertes ocurridas en 2024 entre sus compañías miembro estuvo vinculado con fallas en la implementación de controles críticos. El dato no corresponde exclusivamente a Chile, pero evidencia la diferencia entre disponer de protocolos y comprobar que funcionan en terreno.
Codelco anunció el 24 de septiembre que su Gerencia Corporativa de Seguridad y Salud Ocupacional pasaría a depender directamente de la Presidencia Ejecutiva. Jorge Gómez, presidente ejecutivo de la estatal, explicó el cambio: “La seguridad debe estar presente en cada proceso y en cada nivel de la organización y, para eso, sus responsables deben estar al más alto nivel de la compañía”. Desde el 1 de octubre, Javier Cantuarias asumió la conducción corporativa de esa área.
Menos de tres semanas después, los trabajadores Guillermo Guajardo López y Diego Ponce Ponce murieron en El Teniente durante un alud, mientras desarrollaban labores de inspección, según la versión de Codelco. La empresa precisó que las operaciones productivas del sector estaban detenidas por mal tiempo y comprometió colaboración con la Fiscalía. Las causas todavía se investigan.
El diputado Cristián Tapia, presidente de la Comisión de Minería de la Cámara, cuestionó las autorizaciones de trabajo. “¿Qué pasó con las medidas de prevención? ¿Qué pasó con los protocolos? ¿Se sabía que ahí había una cantidad de nieve donde ellos transitaban? Y si la operación estaba detenida producto del mal tiempo, ¿por qué andaban haciendo las inspecciones?”, preguntó el parlamentario.
La respuesta empresarial también se observa en otras faenas. Tras la muerte de un trabajador de mantenimiento el 23 de septiembre, Escondida | BHP informó que suspendió las actividades operacionales, activó sus protocolos e inició una investigación. Alejandro Tapia, presidente de Escondida, confirmó la colaboración con las autoridades.
En Los Colorados, Compañía Minera del Pacífico (CMP) comunicó la detención de la faena y la recopilación de antecedentes después del fallecimiento de Nelson Torres Parra, operador de perforación de la contratista IMOPAC. Las causas de ambos casos continuaban bajo investigación.
Subcontratación y responsabilidades en las faenas
La presencia de trabajadores externos abrió preguntas sobre la coordinación entre empresas mandantes y contratistas. El presidente de la CUT, José Manuel Díaz, pidió revisar esas relaciones laborales. “La minería tiene que revisar sus relaciones con los mandantes, con los subcontratados y con los tercerizados”, sostuvo, y advirtió que la búsqueda de menores costos puede afectar derechos e implementos de protección.
El artículo 183-E del Código del Trabajo obliga a las empresas principales a proteger la vida y salud de quienes trabajan en sus faenas, independientemente de su empleador. En El Teniente, los fallecidos pertenecían a San Lorenzo, subcontratista de Aura. Las investigaciones deberán determinar cómo se coordinaron las instrucciones y los resguardos entre las compañías, sin anticipar responsabilidades.
Codelco también enfrentaba las consecuencias del accidente de julio de 2025, que dejó seis muertos en El Teniente. Una auditoría interna sobre el manejo de antecedentes técnicos derivó este año en la salida de tres ejecutivos. Se trata de hechos diferentes, con investigaciones independientes.
La primera Política Nacional de Seguridad y Salud en la Minería fue aprobada en julio de 2025 mediante diálogo tripartito. Sin embargo, documentos oficiales de 2026 todavía la situaban en trámite ante Contraloría.
Más fiscalización y medidas bajo investigación
La muerte en Illapel llevó al diputado Bernardo Salinas a pedir una mayor dotación fiscalizadora. “El llamado es, primero, a que la fiscalización del Estado tiene que ser rigurosa. Tenemos que aumentar la cantidad de supervisores, particularmente a Sernageomin”, afirmó, al exigir comprobaciones sobre los resguardos de cada planta y proceso productivo.
El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, respondió a las últimas fatalidades con un llamado al directorio de Codelco: “Queremos que la operación sea segura y rentable, pero primero es la seguridad”. Por su parte, Sernageomin dispuso la paralización provisional de sectores de El Teniente expuestos a riesgos similares y exigió antecedentes técnicos antes de autorizar la reanudación de trabajos.
Sernageomin anunció además la actualización de las 21 Reglas de Oro de la Minería y llamó a verificar en terreno los controles críticos antes de ejecutar tareas.
La Fiscalía y los servicios fiscalizadores investigan las circunstancias de las muertes recientes. En El Teniente deberán aclarar qué labores estaban autorizadas durante el temporal y qué controles operaban; en Illapel, las condiciones de trabajo junto a la máquina chancadora. Esos antecedentes determinarán las medidas correctivas y las eventuales responsabilidades de cada caso.
