Por: Patricio Fernández. Gerente de Transporte EIT Logística
La propuesta que la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) entregó al Gobierno recoge con claridad uno de los temas más críticos para el futuro del transporte terrestre en el país: la seguridad. No se trata solo de resguardar cargas o flotas, sino de proteger la vida de conductores, pasajeros y comunidades que dependen de una cadena logística que funciona como columna vertebral de nuestra economía.
Los datos son conocidos: el robo de camiones, las agresiones a choferes y la acción cada vez más organizada de bandas delictuales han tensionado la operación de un sector que ya enfrenta la congestión vial y el envejecimiento del parque vehicular.
Ante esto, resulta fundamental que el país avance hacia una Ley de Seguridad para el Transporte en Carretera, tal como propone ANAC, y que este marco se acompañe de políticas efectivas de fiscalización, sanción y prevención.
Desde nuestra experiencia como actores en logística, vemos día a día cómo la seguridad se transforma en un factor estratégico, pero la seguridad no se agota en la reacción y no sólo depende de las diversas empresas que trabajamos en esto.
La visión de ANAC va en la dirección correcta: la seguridad debe ser tratada como una política de Estado y no solo como responsabilidad de las empresas. El combate al crimen organizado, la implementación efectiva de la Ley CATI y el fortalecimiento de la fiscalización son piezas de un mismo engranaje que debe girar con coherencia.
Chile no puede permitirse un sistema de transporte terrestre vulnerable. Las cadenas logísticas sostienen el abastecimiento, la competitividad de las exportaciones y la movilidad diaria de millones de personas. Fortalecer su seguridad es fortalecer la confianza en nuestra economía y en la vida cotidiana de quienes dependen de ella.
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