La iniciativa impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast busca sancionar delitos e incivilidades con eventuales restricciones a beneficios sociales, pero expertos y parlamentarios advierten dudas sobre proporcionalidad y efectividad
El Registro Único de Vándalos e Incivilidades se convirtió en una de las propuestas más comentadas tras la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast. La iniciativa, que será ingresada al Congreso mediante un proyecto de ley, busca crear una nómina nacional de personas condenadas o sancionadas por conductas que afecten la convivencia ciudadana, los espacios públicos y la infraestructura comunitaria.
La firma del proyecto en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo fue el hecho que activó el debate, pero el fondo está en el alcance de la propuesta. El mecanismo podría derivar en restricciones para acceder a beneficios estatales, entre ellos gratuidad en educación superior, Pensión Garantizada Universal y subsidio de arriendo.
Durante su Cuenta Pública, Kast defendió la necesidad de enfrentar no solo el crimen organizado, sino también aquellas prácticas que, según dijo, “van horadando nuestros barrios, que dañan nuestro patrimonio histórico y cultural”. Con ello, el Gobierno busca instalar una señal de orden frente al deterioro urbano y a conductas que afectan la vida cotidiana de las familias.
Qué propone el registro
La propuesta considera dos grandes grupos de conductas. El primero incluye delitos o hechos de mayor gravedad, como agresiones a Carabineros, ataques a funcionarios de la salud, daños a monumentos nacionales, tráfico de drogas y acciones que afecten el funcionamiento del transporte público.
El segundo apunta a incivilidades urbanas, como rayados no autorizados, consumo de drogas en espacios públicos, venta ilegal de alcohol y daños a infraestructura comunitaria. También podrían incorporarse afectaciones a multicanchas, luminarias, bancas, juegos infantiles, plazas o parques, dependiendo de la redacción final que ingrese al Congreso.
Esa amplitud es uno de los puntos más sensibles. El Ejecutivo busca reunir bajo una misma política conductas que afectan la convivencia urbana, pero el Congreso deberá definir si todas pueden tener consecuencias similares o si se requiere una graduación según gravedad, reincidencia, daño causado y reparación efectiva.
| Eje de la propuesta | Qué contempla el registro | Debate que abre |
|---|---|---|
| Delitos de mayor gravedad | Incluiría hechos como agresiones a Carabineros, ataques a personal de salud, retención o interrupción del transporte público, tráfico de drogas, daños a monumentos nacionales y destrucción de bienes públicos. | El Congreso deberá definir si estas conductas tendrán sanciones diferenciadas según gravedad, reincidencia, daño causado y existencia de reparación. |
| Incivilidades urbanas | Considera conductas como venta ilegal de alcohol, consumo de drogas en la vía pública, rayados sin autorización y daños a multicanchas, luminarias, juegos infantiles, plazas o parques. | La principal duda es si faltas menores pueden generar consecuencias similares a delitos graves, especialmente cuando no existe violencia directa contra personas. |
| Beneficios sociales | Quienes ingresen al registro podrían quedar impedidos de acceder a gratuidad en educación superior, Pensión Garantizada Universal y subsidio de arriendo, entre otros apoyos estatales. | El punto más controvertido es si la pérdida de beneficios puede generar castigo social desigual, afectando más a personas que dependen del Estado. |
| Aplicación del registro | La propuesta deberá precisar qué autoridad determina el ingreso: tribunal penal, juzgado de policía local, autoridad administrativa u otro mecanismo según la conducta. | La discusión estará en el control judicial, el derecho a apelación y la prevención de decisiones discrecionales o sanciones mal aplicadas. |
| Duración de la sanción | Aún debe definirse cuánto tiempo permanecerá una persona inscrita y si existirá salida por cumplimiento de sanción, reparación del daño o no reincidencia. | Si no hay plazos claros, el registro podría operar como una marca indefinida, especialmente problemática para faltas menores. |
| Objetivo político | El Gobierno busca instalar una señal de orden público, recuperación de barrios y protección de espacios comunes frente al deterioro urbano. | El debate de fondo será si la medida se convierte en una política efectiva de convivencia urbana o en una herramienta de castigo desproporcionado. |
Beneficios sociales y proporcionalidad
El aspecto más controvertido es la eventual restricción de beneficios sociales. La lógica del Ejecutivo es que quienes dañen bienes comunes o afecten la convivencia no puedan recibir sin consecuencias prestaciones financiadas por el Estado. Sin embargo, esa fórmula abre una discusión compleja, porque podría impactar con mayor fuerza en personas de menores ingresos que dependen de esos apoyos.
El proyecto deberá aclarar si la pérdida de beneficios será temporal o permanente, si afectará prestaciones vigentes o solo postulaciones futuras, qué autoridad decretará la incorporación al registro y qué mecanismos de apelación existirán. Sin esas definiciones, la iniciativa puede enfrentar cuestionamientos por sanción desproporcionada frente a faltas menores.
Dudas sobre su efectividad
Desde el mundo académico, Marcelo Estrella, director del Observatorio Social de la Universidad del Alba, puso en duda que un registro sea suficiente para cambiar conductas arraigadas. A su juicio, “un registro de incivilidades es un disuasivo muy leve”, porque estos comportamientos obedecen a patrones interiorizados que cambian más por educación que por sanción.
El investigador también advirtió que la medida podría tener más impacto en la percepción ciudadana que en la reducción concreta de incivilidades. Según planteó, el anuncio puede ser “un alivio para quienes no cometen estas conductas”, pero no necesariamente detendrá a quienes ya están acostumbrados a vulnerar espacios públicos o normas de convivencia.
Estrella agregó que no existen experiencias comparables en países latinoamericanos y que el debate debería concentrarse en cómo se tipifican las conductas. Para el académico, si se busca sancionar actos antisociales que no constituyen delito, resulta fundamental que las sanciones sean claras, proporcionales y medibles en el tiempo.
Congreso dividido
La propuesta deberá ser revisada por el Congreso, donde ya existen respaldos, reparos y advertencias. El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, llamó a revisar el proyecto con cautela “para que la cura no sea peor que la enfermedad”, apuntando a la necesidad de evitar castigos excesivos.
Desde Renovación Nacional, el senador Andrés Longton valoró el enfoque preventivo y sostuvo que “las incivilidades son el primer paso para delitos más violentos” cuando no existen sanciones oportunas. En la vereda crítica, el diputado socialista Raúl Leiva advirtió que no puede tratarse igual “a una persona que hace un rayado” que a alguien que atenta contra un carabinero.
El debate de fondo no será si corresponde sancionar el vandalismo, sino qué tipo de sanción resulta legítima, proporcional y efectiva cuando se vincula con beneficios sociales de educación, pensiones o vivienda. La firma en Cerro Castillo fue el detonante político; la discusión real comenzará cuando el Congreso revise conductas, plazos, apelaciones, control judicial y efectos sociales.
