El 17% de las comunas del país están bajo esta normativa de emergencia que desde 2022 cambió su eje priorizando el consumo humano y dando mayores atribuciones a la DGA sobre la distribución del recurso hídrico
“La realidad es absolutamente catastrófica. Si no llueve en el 2024, morirá el 95% de la agricultura en la región de Coquimbo”. Esta es la alarmante proyección de Cristian Carrión, presidente de la Asociación de Canalistas del Canal Catarico, Ovalle, región de Coquimbo.
Según el dirigente, “de no haber asignación de volúmenes (de agua) por parte de los embalses, van a quedar solo los pozos. No es una situación sustentable en el tiempo, no es que uno pueda estar eternamente con los pozos”, explica, en un contexto en el que la región lleva casi 15 años consecutivos bajo decreto de Escasez Hídrica. A nivel nacional, en este 2024, hay 58 comunas bajo esta normativa de emergencia.
Decretos de escasez hídrica
Las provincias de Huasco, San Antonio y Petorca, además de la región de Coquimbo y la comuna de Til Til en la Metropolitana, son los últimos 5 decretos que grafican en parte la crisis hídrica que se está viviendo en el país. Un listado en el que también están presentes regiones del sur como Magallanes y Ñuble.
‘Es claro que la desertificación va avanzando a pasos agigantados de norte a sur en Chile’, señala Gonzalo Peña Sandoval, Investigador Área Sustentabilidad y Recursos Naturales en la ONU y exdirector regional de la Dirección General de Aguas de Valparaíso.
El Decreto de Escasez Hídrica cambió su enfoque en 2022, gracias a la reforma del código de aguas. Por lo que estos nuevos decretos son los primeros en funcionar bajo la nueva normativa.
“La razón que provoca la existencia de un decreto de escasez es que primero corresponda a una condición entendida como anómala, extraña’, argumenta Pablo Álvarez, director del Laboratorio PROMMRA y del Consorcio Centro Tecnológico del Agua Quitai Anko.
Pablo Álvarez, quien además es académico de la Universidad de La Serena, contextualiza que esa regla no se cumple ‘en el análisis de la historia, debiera ser más bien lo menos probable. Llevamos alrededor de 14 años consecutivos en que la mayoría de las comunas de la región de Coquimbo están sometidas al decreto de escasez”, puntualizó.
El académico también destaca que el 2023 es la primera vez que los decretos contemplan la última gran reforma del Código de Aguas, siendo la Junta de Vigilancia del Río Elqui la primera en el país en realizar el Acuerdo de Redistribución.
“Después del año 2022 se incluye la reforma en la que pasan varias cosas, siendo una de ellas la inclusión dentro del artículo 314 de la ‘Prelación’, o sea, la prioridad del agua para la bebida y consumo humano, en segundo lugar, la prioridad del agua para los recursos naturales, y en tercer lugar, para los sistemas productivos”, enfatiza Álvarez.
En cuanto a los cambios, Peña de la ONU, quien también es académico de las universidades de Santiago y Aconcagua, señala que esto es prueba de que “aun en gran parte del país falta efectuar una gestión integral de los recursos hídricos y esto conlleva a que faltan obras de infraestructura hidráulica, efectuar balances hídricos de las cuencas hidrográficas y controlar las extracciones de aquellas personas que tienen derechos de agua”.
Cambio Climático y el ser humano
Gonzalo Peña destaca el cambio climático y la administración del recurso. “Hay situaciones de mayor demanda de agua y poca oferta, vale decir, donde la disponibilidad claramente es mermada no solo por el cambio climático, sino también por el llamado Antropoceno, vale decir, ¿cuál es la afectación que se produce en la gestión de los recursos hídricos por culpa de la mano del hombre?”.
Pablo Álvarez, del Laboratorio de Prospección, Monitoreo y Modelación de Recursos Agrícolas y Ambientales, PROMMRA, señala desde su perspectiva que “El cambio climático implica también pensar en una nueva manera de cómo vamos a administrar este recurso aprovechando las fortalezas que tenemos, porque las organizaciones privadas, como las juntas de vigilancia, son muy importantes, ya que abarcan en un territorio extraordinariamente grande al cual el Estado no puede llegar, no tiene los medios, no tiene los recursos para llegar”.
Peña Sandoval, por su parte, cree que estos decretos son “la falta de una política pública real y efectiva referente a una gestión integral de los recursos hídricos’, idea que ejemplifica con ‘todavía no hay un proceso de deslinde de los cauces, lo que de alguna u otra manera también implica que muchos pasivos ambientales como la extracción de los áridos afecten el ecosistema de una determinada Cuenca”.
Pablo Álvarez de la ULS hizo patente “Como ciudadanos comunes consumimos agua, también las empresas, las instituciones, la agricultura que desarrollamos, la empresa minera, todos en el fondo somos consumidores de agua. Entonces es muy difícil escapar de la doble condición de ciudadano, por un lado, que necesita beber agua y, por otro, en la condición de trabajador que requiere para que su sistema productivo se mantenga vivo y tenga los ingresos y los medios que le permitan también desarrollarse”.
Malas proyecciones
Cristian Carrión del Canal Catarico insiste en lo dramático del escenario para la agricultura en la provincia de Limarí. “Si el invierno de 2024 no es generoso, no es mucho lo que se puede hacer. No está en nuestras manos. No es que uno pueda salir a comprar algún insumo. El insumo es el agua y es obra de la naturaleza. Este año más que se perdió, hay gente que no hizo siembras anuales. No se ven hortalizas. Siempre se veía el apio, ajíes, tomate y alcachofa. Frutales se perdieron entre 10 y 15%. Este año tuvimos como un poquito de agua superficial, más o menos, el 25% de una asignación normal”.
“Los agricultores que no tenemos posibilidad de pescar nuestras plantas e irnos para otro lado. La reconversión es imposible si no hay agua. Todo cultivo está asociado al riego. Hay cultivos que demandan menos agua puede ser. Pero hoy día no tenemos ni siquiera posibilidad de reconvertir, porque eso significa invertir y la verdad que hoy ya no hay crédito de la banca privada”, finaliza Carrión.
Medidas gubernamentales
En el caso de la región de Coquimbo, el seremi de Agricultura, Christian Álvarez Alarcón, detalló cómo se está enfrentando el difícil escenario “las medidas de mitigación son profundización de pozos superficiales hasta 18 metros a través del programa de suelos degradados y el programa obras menores de riego de Indap; junto a DOH y CNR estamos levantando una iniciativa de perforación de pozos profundos para canales principales con base en estudios de determinación de agua subterránea realizados en Limarí por parte de CEAZA y PROMRA, los cuales, con el apoyo de Subdere se pretende actualizar la información buscando además una mayor precisión”.
El personero también explicó que “se levantará al Consejo de Ministros las solicitudes para que DOH pueda financiar la construcción de Tranques de Regulación (Ex Cora) en volúmenes de acumulación que vayan entre los 20 mil y 50 mil m3 de almacenamiento, así como para que la CNR pueda financiar la habilitación de pozos de uso agropecuario con derechos provisionales otorgados a las comunidades de agua con factibilidad técnico jurídica a través de ley de riego”.
Finalmente, el seremi de Agricultura explicó que, en medidas a largo plazo, “se pretende estudiar los balances hídricos por cuenca y en base a esta información, junto a CNR e INIA recomendar un modelo de intervención agrícola con una perspectiva de diseño territorial, respondiendo 3 preguntas básicas: qué plantar o sembrar, dónde hacerlo y en qué superficie la agricultura presenta un diseño sostenible en el tiempo con base en las actuales condiciones agroclimáticas”.
