Cuatro años después de la creación del registro de deudores, las cifras judiciales revelan una realidad persistente: miles de obligaciones alimentarias siguen impagas, mientras Valparaíso, Santiago y otras jurisdicciones concentran millonarias órdenes de pago en todo Chile
Cuando una pensión de alimentos no llega, los gastos de una familia no se detienen. La alimentación, el transporte, los útiles escolares y las necesidades de salud deben seguir cubriéndose, muchas veces por una sola persona. Es una realidad que se repite en miles de hogares chilenos y que, pese al endurecimiento de las leyes y la creación de nuevos mecanismos de cobro, continúa reflejándose en los tribunales de familia.
A cuatro años de la entrada en funcionamiento del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, 376.644 inscripciones permanecen vigentes en Chile. Durante el mismo período, los tribunales ordenaron pagar más de $3,88 billones, una suma equivalente al 1,98% del Producto Interno Bruto del país. La cifra muestra la magnitud económica de los procedimientos judiciales iniciados para exigir una obligación destinada a proteger a niños, niñas y adolescentes.
El balance fue presentado por la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, al cumplirse cuatro años de la ley que creó el registro. Desde noviembre de 2022, los tribunales dispusieron 728.700 inscripciones, de las cuales 352.056 fueron canceladas. Sin embargo, las causas que permanecen vigentes todavía acumulan $54.833 millones en pensiones impagas, según los antecedentes del Poder Judicial.
Una deuda que recorre las regiones
Los incumplimientos alimentarios no se concentran únicamente en Santiago. Las cifras muestran cómo miles de familias enfrentan esta situación desde el norte minero hasta las ciudades del sur, con diferencias importantes tanto en el número de inscripciones como en los montos que los tribunales ordenaron pagar.
Valparaíso encabeza los montos ordenados a pagar, superando incluso a la jurisdicción de Santiago. La capital, sin embargo, concentra más inscripciones vigentes, a las que se suman las correspondientes a la Corte de San Miguel. La diferencia entre ambas zonas refleja que la magnitud económica de los cobros no siempre coincide con la cantidad de registros pendientes.
Pensiones impagas: las cifras por jurisdicción judicial
| Jurisdicción | Inscripciones vigentes | Pagos ordenados |
|---|---|---|
| Valparaíso | 39.806 | $592.321 millones |
| Santiago | 81.800 | $531.801 millones |
| Concepción | 32.650 | $368.857 millones |
| Antofagasta | 12.335 | $361.884 millones |
| Puerto Montt | 15.562 | $348.499 millones |
| Temuco | 19.096 | $329.306 millones |
| San Miguel | 62.057 | $302.874 millones |
| Talca | 24.441 | $293.963 millones |
| Rancagua | 22.495 | $159.021 millones |
Fuente: Poder Judicial, balance al 17 de noviembre de 2026. Montos acumulados desde 2022. La tabla presenta nueve jurisdicciones judiciales, cuyos límites no siempre coinciden con los regionales.
En O’Higgins, los tribunales ordenaron pagar $159.020 millones durante estos cuatro años. Las 22.495 inscripciones vigentes se distribuyen principalmente entre Rancagua, con 10.321; San Fernando, con 3.858, y Rengo, con 3.008. Los registros también alcanzan a comunas como San Vicente, Santa Cruz, Peumo y Pichilemu, mostrando que la judicialización del incumplimiento alimentario se extiende por distintos territorios de la región.
Cuando la justicia debe buscar el dinero en las AFP
Durante años, una de las mayores dificultades para exigir el cumplimiento de las pensiones fue encontrar recursos disponibles para cobrar las deudas. La situación comenzó a cambiar con la creación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y, posteriormente, con la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo, que entregó a los tribunales nuevas herramientas para perseguir los montos adeudados.
El cambio más significativo está en los ahorros previsionales. De los $3,88 billones cuyo pago fue ordenado, más de $3,06 billones corresponden a recursos de las AFP, mediante el procedimiento extraordinario que permite recurrir a los fondos de capitalización individual de quienes mantienen obligaciones alimentarias incumplidas. Esta vía concentra cerca del 79% de los montos decretados por los tribunales.
El otro mecanismo permite retener dinero disponible en cuentas bancarias e instrumentos financieros. Por esta vía se ordenaron pagos por $822.205 millones, destinados a más de 404 mil representantes legales de niños, niñas y adolescentes. Ambos procedimientos ampliaron las posibilidades de cobro, aunque el dinero ordenado judicialmente no equivale necesariamente a la totalidad de los recursos efectivamente recibidos por las familias.
La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, reconoció los avances alcanzados, pero también advirtió que las herramientas legales todavía resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones.
“El pago oportuno de las pensiones de alimentos es trascendental para que las personas puedan satisfacer sus necesidades espirituales y materiales desde su infancia”, afirmó, antes de reconocer que “si bien la ley va en el camino correcto, no es suficiente, pues se deben adoptar todas las medidas necesarias para respetar los derechos fundamentales de todas las personas y en especial, de los niños, niñas y adolescentes”, resaltó Chevesich.
Cuatro años de ley y una obligación que sigue pendiente
La magnitud de los cobros también está poniendo a prueba la capacidad de respuesta del sistema judicial. Los 141 tribunales con competencia en materias de familia deben tramitar solicitudes, investigar la existencia de fondos, disponer retenciones y resolver causas que pueden prolongarse mientras se acumulan nuevas mensualidades impagas. Las mayores atribuciones legales no estuvieron acompañadas de recursos adicionales para enfrentar estas tareas.
El cuarto aniversario del registro encuentra así a Chile con instrumentos de cobro que antes no existían y miles de obligaciones que todavía requieren intervención judicial. Los montos acumulados muestran el alcance de la respuesta institucional, mientras las diferencias entre Valparaíso, Santiago, Concepción, Antofagasta y otras jurisdicciones revelan un problema que atraviesa el país y mantiene a numerosas familias vinculadas a procedimientos judiciales para obtener recursos destinados a la crianza de sus hijos.
La pregunta que permanece es cuánto más tendrán que esperar esas familias para recibir oportunamente lo que corresponde a sus hijos. Porque detrás de las órdenes de pago, las cuentas bancarias intervenidas y los fondos previsionales retenidos existe una obligación cotidiana que no desaparece mientras avanza una causa judicial.
Los niños continúan creciendo, las necesidades siguen aumentando y el derecho a recibir una pensión alimenticia no debería depender de años de gestiones ante los tribunales.
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