Por: Claudia Hasbún F. Consejera Regional Metropolitana. Directora Nacional ANEF

El Presidente se debe a su pueblo. Es deber de todo jefe de Estado diseñar,  implementar y ejecutar políticas públicas en el corto y mediano plazo para resolver las demandas de la ciudadanía.  ¿Cómo, entonces, nos explicamos que el nuestro reporte los niveles más bajos de aprobación de la historia de Chile? Antes de responder a esta pregunta, detengámonos en los 2.900 m2 que rodean el monumento al General Baquedano.

Hasta antes de la revuelta social, el óvalo era escenario de celebración tras el triunfo de un equipo de fútbol, pero, luego del 18 de octubre de 2019, pasó a ser un símbolo de esperanza. A muchos, nos quedó grabada en la memoria la imagen de las personas que, incluso, alcanzaron la punta más alta de la estatua con banderas como la mapuche, flameando al viento en señal del cambio que esperábamos.

Para los que estuvimos ahí, luchando por un Chile más justo, la emoción permanece, pero se ha teñido de tristeza y decepción ante la irracionalidad de un gobernante que ha resignificado ese espacio, imponiendo su poder opresor sobre quienes ejercen su legítimo derecho a la manifestación. En lugar de escuchar y buscar cambios, el poder autoritario y vertical de quien nos gobierna, no solo no responde a las demandas de justicia social de la ciudadanía, sino que, por el contrario, sigue sin querer compartir los privilegios que, por tanto tiempo, ha disfrutado solo una minoría.

Mientras los ciudadanos pedimos, únicamente, justicia social, el Presidente llama a la instalación de una policía militarizada y anuncia que todos los viernes apostará, en Plaza Dignidad, un contingente de mil carabineros. Junto con ello, reprime con brutalidad a las organizaciones populares de ayuda social en poblaciones emblemáticas como la Villa Francia, donde los pobladores aúnan fuerzas para paliar la crisis sanitaria y poder vivir con dignidad.

Solo a unos cuantos metros de esta gente de esfuerzo, que solo busca un futuro mejor para sus hijos, bandas de narcotraficantes ejercen sus ilícitos con total impunidad. Asimismo, prácticamente en todas las comunas otros delincuentes hacen de las suyas: los robos con violencia están a la orden del día y la puerta giratoria que el Presidente prometió frenar, sigue girando con más fuerza que nunca.

Esta irracionalidad ególatra ha llevado al gobierno a asumir -casi como un desafío personal- la ocupación de un espacio público emblemático, que ha convertido en un trofeo de guerra al custodiarlo con un fuerte contingente de carabineros, mientras millones de mujeres caminamos inseguras por las calles donde somos víctimas de acoso y violencia callejera.

¿En qué mundo paralelo habita el Presidente? ¿Sabrá que el 82% de las personas percibe un aumento de la delincuencia en el país, tal como reveló la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad (2019)? ¿Le habrá tomado el peso al flagelo de la violencia intrafamiliar, que ha llevado a la muerte a tantas mujeres?

Si el Presidente gobierna desde y para sus intereses, poco le importará tomar el pulso ciudadano, pues, claramente, responder a las demandas sociales no es una de sus prioridades. Más importante que eso, es instalar la sensación de que vivimos bajo su yugo, amedrentados y sometidos, imponiendo la imagen dura de la policía allí donde nació la esperanza de un Chile más justo y digno.

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